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16 de septiembre de 2016

Santa Fe: un convenio represivo que no pondrá fin a la inseguridad

 Este lunes 12 de septiembre, el Gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunciaron la firma de un convenio que busca “sentar las bases para revertir la crisis delictiva que amenaza a la provincia de Santa Fe” (La Capital, 13/9). El convenio en cuestión fue anunciado como respuesta a las dos masivas movilizaciones que reunieron entre 15.000 y 20.000 personas en el centro rosarino en reclamo de respuestas frente al recrudecimiento del delito y los asesinatos.

Crisis política

El acuerdo fue anunciado casi inmediatamente después de la primera movilización, el 25 de agosto, pero recién se firmó esta semana, después de varios cruces y acusaciones mutuas entre los gobiernos provincial y nacional. No hay que olvidar que se trata de un convenio firmado por fuerzas políticas que mantienen una disputa por el control de la provincia, y que, antes de dar respuesta a los reclamo de la población tienen objetivos políticos propios. El macrismo buscó en estas semanas golpear al gobierno del Frente Progresista colocando entre los puntos del convenio una auditoría sobre las fuerzas de seguridad de Santa Fe, señalando públicamente el entrelazamiento de la policía provincial con las bandas criminales. El gobernador Lifschitz, temeroso de que salten a la luz los infinitos lazos de sus fuerzas de seguridad y sus funcionarios con el delito organizado, lo rechazó.

La iniciativa del macrismo quedó expuesta como una maniobra de corto alcance, ya que finalmente fue retirada del convenio firmado. El beneficio, vale decir, es mutuo: cualquier investigación de este tipo colocaría en el banquillo de los acusados al conjunto de las fuerzas represivas y del personal político del Estado, nacional o provincial. A cambio, el gobierno nacional se llevó como trofeo la adhesión del gobierno “socialista” a la ley de blanqueo de capitales.

Pacto de impunidad

El acuerdo firmado tiene como objetivo último preservar el entramado político y empresarial que organiza el delito y se beneficia con el robo, el narcotráfico, el tráfico de personas, los asesinatos, y la degradación de la juventud. Por esto mismo, el convenio y las acciones que de él se desprenden apuntan a generar un verdadero estado de excepción en el territorio provincial.

En su primer punto, el convenio reafirma la declaración de emergencia en seguridad y crea un comité, copresidido por Lifschitz y Bullrich, con potestad para “ordenar la iniciación, aplicación y suspensión de la aplicación de la fuerzas” (La Capital, 13/9). Es una política que ya se aplica, pero no contra las bandas criminales. En Rosario, se vive un reforzamiento dramático del control y la represión, especialmente sobre la juventud. Los cacheos, las detenciones, las persecuciones son moneda corriente en todos los espacios públicos de la ciudad. Casi literalmente, hay un policía en cada esquina, pero su función es la represión y el control social, mientras las actividades delictivas se desarrollan a su amparo.

El acuerdo habla de un “plan integral” pero en verdad se reduce al arribo de gendarmes y a saturar de agentes federales los barrios obreros.

¿Por dónde empezar?

Los robos y asesinatos son el producto de la actividad de un entramado delictivo orquestado por las propias fuerzas de seguridad. Este entramado incluye a los empresarios de los puertos, los bancos y el juego. Ninguna respuesta puede venir del reforzamiento represivo.

Como primer paso, el Partido Obrero propone el desplazamiento de todas las cúpulas policiales envueltas en el delito organizado y el control popular de la actividad de las fuerzas de seguridad.

A la complicidad estatal con el delito le oponemos el planteo de reestructurar las fuerzas de seguridad bajo la fiscalización de las organizaciones populares y de derechos humanos; la elección –y revocación– de los jueces y los fiscales por mandato popular; estatización de los puertos y la banca para cortar con el gran tráfico y el lavado de dinero a gran escala.

La conquista de la seguridad para vivir una libertad plena requiere de la estructuración de la población obrera, víctima hoy de los entramados delictivos que tiene a la cabeza al Estado, como alternativa política para imponer este programa.


 

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