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22 de septiembre de 2016

Un entramado de censura y corrupción en “el canal de los tucumanos”

Ha salido a la luz un gran escándalo en Tucumán, al conocerse que en el lapso del 1 al 20 de agosto del año pasado el Canal 10 (integrado por representantes de la Universidad y del Estado) emitió 71.656 segundos de publicidad del Partido Justicialista (cuya titular es la esposa de Alperovich) sin ser facturados ni cobrados de ninguna manera. Se calcula un monto total de 3,6 millones de pesos más intereses. Este escándalo  trajo aparejado la renuncia de los dos directores que la Universidad (UNT) tiene en un directorio de tres miembros. La rectora Bardón solo atinó a decir “hoy, cobrar es lo más importante” (La Gaceta, 10/9), tratando de sacarse de encima su complicidad en esta operación, una más de todo el engranaje que apuntaló el fraude que terminó consagrando a Manzur como gobernador.
 
Pero lo más grave del asunto es que el principal responsable de este desfalco es el representante del gobierno en el canal, Alejandro Laurnagaray, hombre de Alperovich y ex asesor de prensa de su esposa Beatriz Rojkés en el Senado. El sumario administrativo da cuenta de que fue el propio Laurnagaray personalmente quien cargó la publicidad del PJ que nunca fue cobrada. Los representantes de la UNT han renunciado. El representante del gobierno, a pesar de las evidencias se niega a hacerlo. 
 
El Canal 10, creado en 1966 como un canal educativo e  íntegramente universitario, fue transformado durante la dictadura -en 1978- en una sociedad accionaria entre la universidad (70%) y el gobierno provincial (30%). Con el retorno de la “democracia”, esta forma societaria se mantuvo  hasta que entró en vigencia la ley de Educación Superior. En 1998 se decidió la privatización del canal. En el año 2005 a causa de una pelea entre Alperovich (en ese momento gobernador de la provincia) y la empresa que lo gerenciaba, el canal fue reestatizado y si bien en su directorio se designaban representantes de la Universidad (UNT), el canal se transformó en una suerte de TV Pública al servicio de la propaganda oficial, donde no se permitía la entrada de opositores y donde las protestas contra el gobierno eran diariamente ninguneadas. 
 
La histórica huelga de la salud del año 2009, por ejemplo, fue tapada por el canal. Los saqueos del 2013 (mientras la presidenta bailaba en televisión) fueron tergiversados, lo que le valió al canal un repudio generalizado. De la misma manera procedieron al ocultar la represión ocurrida el 24 de agosto del 2015 a los manifestantes contra el fraude de Manzur –Alperovich.
   
Está planteado exigir la inmediata renuncia de Launargaray, y reclamar la recuperación y el pleno dominio del canal por la UNT, que debe pasar a ser dirigido por representantes electos de la comunicad universitaria y de los propios trabajadores del canal.
 

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