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15 de octubre de 2016

Santa Fe se suma al “blanqueo” y recompensa a los fugadores

El Senado de la provincia de Santa Fe dio media sanción al proyecto del PJ de adherir a la Ley de blanqueo nacional (27.260). La iniciativa pasó ahora a la Cámara baja, donde ya hay varios proyectos presentados en este sentido.
 

La adhesión cuenta con la anuencia de los senadores y diputados de todos los partidos y del propio Gonzalo Saglione, ministro de Economía de la provincia, que se ha manifestado por la urgencia de su aprobación.
 

En palabras de uno de los autores del proyecto, el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, “esto trata de poner en sintonía a la Provincia de Santa Fe con el Gobierno nacional”.
Calvo completa: “Fue un pedido formal que nos hizo el gobernador. Se ha transformado en una herramienta necesaria y un pedido formal que le había hecho la Nación para poder acceder al futuro endeudamiento”. A cambio de esta suscripción, Macri habilita al gobernador Miguel Lifschitz a contraer u$s 500 millones de deuda, el préstamo más grande en la historia de la provincia. Se trata de un negocio con el que se quedarán el Citibank, HSBC y JP Morgan.
 

Trato diferencial
 

Los evasores y "offshore", que han fugado capitales del país (incluyendo los del narcotráfico, el juego y las redes de trata), podrán ahora “blanquear” quedando eximidos de toda acción civil o penal prevista por la ley.
 

Para esos fines, contarán con un procedimiento reservado, ya que se incorpora un artículo que garantiza el secreto fiscal no solo para la operación de blanqueo sino también para los trámites y consultas previas.
 

Aquellos que accedan al "sinceramiento" van a tener un tratamiento fiscal y una contemplación diferente a la de los contribuyentes comunes.
 

Crisis fiscal y productiva
 

El beneficio de eximición tributaria y otros privilegios reflejan el anhelo de que estos capitales especulativos se transformen en inversiones, en un cuadro de descalabro económico de la provincia: recesión, crisis productiva, cierre de empresas (500 tambos han cerrado en tres meses) y el apremiante ahogo financiero de los municipios (el proyecto prevé la coparticipación a municipios y comunas del 13% de lo recaudado).
 

Antes que la perspectiva de un desarrollo provincial, la adhesión al blanqueo pone de manifiesto el conchabe del Estado con el crimen organizado, con la condonación económica y penal de sus delitos –algo que ha denunciado sistemáticamente el Partido Obrero.
Mientras el Estado provincial promueve el blanqueo, mantiene en pie el andamiaje que favorece al lavado, como los negociados con la patria contratista, los casinos y puertos privados.

 

El hecho de que el proyecto en el Senado sea del PJ, la iniciativa del ministro de economía socialista, y en diputados se encuentren también proyectos del PRO y los radicales, revela que el conjunto de los partidos de Estado defienden esta orientación.
 

En una Santa Fe sacudida por la miseria social, los crímenes del narcotráfico y el crecimiento de la desocupación, los partidos del régimen se atolondran por amnistiar a los evasores.

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