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17 de noviembre de 2016 | #1437

Provincia de Buenos Aires

Una rosca entre Vidal, Massa y el PJ

La discusión que vale sobre el presupuesto bonaerense corre por fuera de los carriles institucionales.
 
Los medios dieron a conocer una reunión de horas entre Sergio Massa y la gobernadora Vidal en un hotel, tras la cual anunciaron el apoyo del Frente Renovador a las leyes del Ejecutivo, y el cumplimiento de la rotación en la presidencia de la Cámara de Diputados provincial. El GEN habría asegurado sus votos favorables también, en su intento de cotizar a Stolbizer tanto con Massa como con Vidal. Así las cosas, los dos tercios necesarios en ambas Cámaras para lograr una autorización de endeudamiento sideral se definen en la negociación con los bloques del PJ.
 
A la vez, los intendentes pejotistas tuvieron sus reuniones con el gobierno provincial. Allí se discutieron nombramientos de cargos para los distintos partidos en la Legislatura, Defensoría del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Suprema Corte. El repudiado ex-intendente y responsable de la inundación de La Plata, Pablo Bruera, fue nombrado como síndico del Banco Provincia en el marco de estas negociaciones. Las versiones periodísticas aseguran que el sector más próximo a prestar sus seis votos es el bloque del Movimiento Evita, con el “Chino” Navarro a la cabeza, que luego del acuerdo entre Massa y Vidal contó en el congreso de su movimiento con la presencia de Facundo Moyando, Solá y Daer, del bloque del Frente Renovador en el Congreso Nacional.
 
El otro gran ítem en la negociación son los recursos para los intendentes. El planteo de entrada de distribución de obras y recursos es profundamente desigual y basado en los niveles de acuerdo político de los municipios con Vidal. Mar del Plata, gobernada por el PRO recibirá 663 millones de pesos, mientras La Matanza -que tiene tres veces mayor población- recibirá menos, 648 millones. 
 
El pedido de fondos para obras en los distritos promete borrar de un plumazo las críticas al excesivo endeudamiento, una vez que una parte menor del mismo se destine a un fondo de infraestructura para los municipios. En todos los casos, ya suena la versión de que el gobierno provincial busca avanzar en un Pacto de Responsabilidad Fiscal con los municipios, replicando el monitoreo del ajuste que ejercerá la Nación sobre las provincias. Todo para ellos, y nada para los trabajadores.
 
Dentro de este toma y daca para lograr la sanción del Presupuesto también deben incluirse los aprietes judiciales sobre Julio Pereyra y Mussi, y hasta la resurgida amenaza de avanzar en la división de La Matanza en cuatro jurisdicciones diferentes.
 
Lo único que está en debate, entonces, entre los bloques patronales, es este reparto de cargos y cajas preparando el despliegue electoral que cada uno pretende montar en 2017. Los “encuentros” del PJ para simular un principio de unidad solo buscan aumentar su cotización para el reparto de fondos, evitando la diáspora total y que Vidal le pague a cada cual según su conveniencia.
 
Ante este escenario de roscas de espaldas a los trabajadores para negociar el apoyo al ajuste, la burocracia de los sindicatos provinciales continúa esmerándose en impedir una confluencia de un movimiento de lucha de los distintos sectores que permita golpear sobre un Presupuesto que anticipa un tope paritario del 17%, cuando todos los cálculos inflacionarios para el año entrante superan esa cifra y luego de un pérdida del poder adquisitivo del salario que supera el 10%. Está planteada la organización de un plan de lucha unificado que concentre el grueso de demandas de los trabajadores contra la aprobación del Presupuesto 2017, que además del tope salarial no contempla ningún pase a planta permanente en un Estado con más de 17.000 precarizados; reduce la proporción destinada a educación, salud y vivienda; continúa el desfalco del IPS vía apropiación de los excedentes; y sostiene un régimen impositivo de beneficios al gran capital agrario e industrial a costa de impuestos que son trasladados a los productos que consumen los trabajadores.

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