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17 de noviembre de 2016 | #1437

“Reparación”, la estafa histórica a los jubilados

A medida que avanza el proceso de la denominada “reparación histórica” a los jubilados, los datos de las liquidaciones propuestas por la Anses para cerrar todo tipo de reclamo al Estado por los haberes mal liquidados, revelan la enorme estafa del gobierno a este segmento de la población.
 
Según datos informados esta semana por el organismo previsional, ya hay 600 mil jubilados que hasta ahora no habían realizado juicio por reajuste, que cobrarán lo que el gobierno decidió unilateralmente otorgarles. De esos beneficiarios, más de la mitad -casi 330 mil- recibirán un aumento que va de “menos de 550 a 1.050 pesos mensuales”, equivalente a aproximadamente entre un 8 y el 15% de sus haberes que, en esta franja son, en promedio, de 6.800 pesos. 
 
Pero las jubilaciones perdieron este año cerca del 15 por ciento respecto de la inflación, es decir que no hay incremento alguno ni siquiera con el porcentaje más alto de aumento. Además, para seguir cobrando ese dinero, los jubilados deben firmar ante la Justicia que ya no harán juicio alguno, es decir que el chantaje le sirve al gobierno para cerrar todo tipo de reclamo futuro y al beneficiario para quedarse sin el más mínimo derecho a pedir lo que es suyo.
Pero si el Estado reconoce ese aumento porque la jubilación estaba mal liquidada, debiera pagarle todo el retroactivo desde que el jubilado comenzó a cobrar sus haberes como tal. Así, de un plumazo, le roban del bolsillo varios años de retroactivo que legítimamente le corresponden.
 
Muchos de los que no realizaron juicios de reajuste son trabajadores de los sectores más humildes de la población y con las jubilaciones más bajas (la Anses dice que el haber promedio de ese segmento es de 6.800 pesos, es decir que un porcentaje importante cobra la mínima) y que son los que enfrentan las mayores dificultades prácticas y desconocimientos de la mecánica judicial a la hora de reclamar.
 
Hay solo un pequeño segmento de esos jubilados (13%) que ha tenido un incremento mayor (un promedio del 45 por ciento). Son los jubilados con muchos años de antigüedad y que superan los 80 años de edad, es decir que su expectativa de vida y de tiempo de cobro es menor al promedio. Claro que, en estos casos también le están robando todo el retroactivo -que les corresponde- desde el momento en que se jubilaron.
 
Otra cara brutal de la estafa es la que le hacen a los jubilados que ya tienen sentencia favorable en primera instancia. Las “ofertas” que están llegando oscilan entre el 10 y el 20 por ciento de lo que falló la Justicia. Y sólo les reconocen arbitrariamente cuatro años de retroactividad, cuando los juicios y los reclamos son de una antigüedad promedio mucho mayor.
 
Esto mismo se aplica a los casos de los jubilados que ya tienen sentencia firme y que la Anses tiene la obligación de pagar. Estos casos cuentan con fallo de la Corte Suprema incluido y tienen un promedio de litigio de entre ocho y diez años.
 
El organismo dijo que ahora está “informando a los jubilados” cuánto les ofrecen de antigüedad y cuánto de aumento, cifras ambas que son menores a lo que tienen que cobrar de acuerdo con la sentencia. El gobierno chantajea y subvierte cualquier apego a la legalidad más elemental.
 
Pero, como se trata de un chantaje, es importante que los jubilados tengan en cuenta que, más allá de las pretensiones oficiales, queda abierta la alternativa de volver a reclamar ante la Justicia, aunque se haya firmado el acuerdo. 
 
La Corte Suprema, que emitió con lentitud infinita y a cuentagotas los fallos con reclamos de los jubilados durante toda la era kirchnerista, ha favorecido esta estafa. Descartó durante años los reclamos de la Defensoría de la Tercera Edad de que aplicara a todos los jubilados litigantes los fallos favorables que aprobaba de manera individual, para que así se pudieran acelerar los procesos. 
 
Esta es la razón por la cual hay actualmente 450 mil juicios en danza y sólo 70 mil con sentencia firme.
 
Esto en consonancia con la política de los gobiernos de Cristina y Néstor Kirchner, que apuntalaron la estafa a los jubilados, postergando eternamente los juicios y colocando todo tipo de trabas para dificultar que los mismos pudieran llegar a su fin y que los jubilados disfrutaran de la jubilación que les corresponde.
 
La presión sobre los jubilados para que acepten las miserias ofrecidas va a ser muy grande. La burocracia de los sindicatos abandonó el reclamo del 82% móvil -la jubilación es salario diferido- y toda lucha por los pasivos actuales y por los futuros, hoy trabajadores en actividad.
 
Para enfrentar la estafa, los jubilados deben organizarse para la lucha por esta y por sus demás reivindicaciones. El programa es el que levanta nuestra agrupación Jubilados Clasistas: aumento de emergencia de 6.000 pesos, la restitución del 82% móvil y su financiación mediante la reposición de los aportes patronales rebajados en los ’90 y la devolución de la Anses (y el Pami) a un directorio electo por trabajadores y jubilados.

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