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22 de diciembre de 2016

Odebrecht: gobiernos y empresas, unidos en el latrocinio

La confesión del empresario preso en Brasil revela la trama que incluye al gobierno de Cristina Fernández. Los Calcaterra, primos de Macri, son socios de Odebrecht en sus negocios argentinos.
El reconocimiento del pago de coimas en diversos países para acceder a contratos de la obra pública por parte de la empresa constructora Odebrecht amenaza con desatar un tembladeral político que incluye a nuestro país.
 
En efecto, la constructora –que realizó la admisión en el marco de un acuerdo con la justicia de Brasil, Estados Unidos y Suiza que la obliga a pagar 3500 millones de dólares como pena por sus delitos– señaló entre otros a la Argentina como el escenario del pago de coimas por 35 millones de dólares entre 2007 y 2014 que le valieron contratos por 278 millones de dólares en un periodo incluido dentro de la “década ganada” kirchnerista. En ese período, la empresa brasileña obtuvo licitaciones en el país por  ampliación de gasoductos, la construcción de una planta de agua y de una refinería para YPF, además del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. También se filtró que existe documentación que prueba el giro de 80 mil pesos destinados a Negocios Inmobiliarios, la firma de la familia Kirchner, según indica Infobae. No es un dato menor que el soterramiento del Sarmiento fue un contrato conseguido por Odebrecht en conjunto con la empresa constructora de los Calcaterra, primos del presidente Mauricio Macri. Evidentemente, no se trata tan sólo del problema de una administración, sino de una clase social y los gobiernos que actúan para sostener sus intereses.
 
El sismo político de las revelaciones de corrupción por parte de una de las partes –la empresa corruptora– excede a la Argentina, ya que las coimas se repartían por una amplia gama de países. Los Estados y gobiernos que negociaron las coimas con Odebrecht son Angola, Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela y por esos negociados la empresa fue adjudicataria de contratos por 12000 millones de dólares entre 2001 y 2016. Marcelo Odebrecht, presidente de la empresa, está preso desde hace un año –tiene una condena a 19 años de prisión– por la investigación conocida como Lava Jato.
 
En la Venezuela del “socialismo del siglo XXI”, Odebrecht coimeó a funcionarios por 98 millones de dólares. En la República Dominicana, pagaron 92 millones de dólares a los gobernantes. En Ecuador, 33 millones. En Guatemala, 18 millones. En México, 10.5 millones.
 
En Mozambique, 900 mil dólares. En Panamá, 59 millones. En Perú, 29 millones. En Colombia, 11 millones. En Angola, 50 millones. Toda una danza de la fortuna a cambio de la obra pública que pasa de manos de empresarios al personal político de su clase.
 
La justicia argentina investiga a cien empresas argentinas implicadas en las operatorias que Odebrecht manejó en la Argentina y que, por eso, podrían haber contribuido al esquema de corrupción.
 
El caso Odebrecht es pedagógico acerca de los alcances de la corrupción, que no reposa sobre personas o partidos ni es episódica: se trata de un fenómeno intrínseco al funcionamiento de la burguesía, sus fracciones y los gobiernos que les responden al mejor postor.

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