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23 de marzo de 2017 | #1451

Macrismo e “integración” de barrios: entre Irsa y el derecho a la vivienda

La decisión del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de “integrar” a los barrios Rodrigo Bueno y playón de Fraga sucede a medidas similares en la Villa 20 y a la Villa 31. Después de haber soportado diversas tentativas de expulsión, incluso por parte del propio macrismo, los habitantes de estos barrios han arrancado el derecho a permanecer en ellos y al acceso a una vivienda. La conquista alcanzada, sin embargo, debe ser caracterizada en el cuadro de la orientación general de la administración macrista: los mismos que ahora reconocen derechos a los barrios precarios han privatizado, en los últimos años, más de 200 hectáreas de tierras públicas. La política de “integración” de villas no es ajena a ese remate: de un modo general, una cuestión ha estado atada a la otra -o sea: la integración de villas aparece siempre como la justificación de algún proyecto inmobiliario o de venta de tierras públicas. Así ocurrió con la Villa 31 (que se financiará con parte del remate del Tiro Federal) y la Villa 20, que exigió la venta del 40% del ex Parque de la Ciudad. Ahora, la “integración” de Rodrigo Bueno aparece asociada al megaproyecto del grupo Irsa en la Costanera Sur, que realizará un “aporte” para la urbanización de aquel barrio. En el caso del playón de Chacarita, su propósito primario es la continuación de la avenida Triunvirato, contribuyendo a la ‘puesta en valor’ del conjunto de la zona. Las limitaciones de proyectos sociales que vienen “arrastrados” detrás de los “desarrolladores” inmobiliarios están a la vista: por caso, ello se aprecia en la baja proporción de vivienda nueva en relación con el conjunto de las necesidades habitacionales. Predomina, en cambio, la refacción cosmética. En el caso del Playón de Chacarita, el proyecto original preveía destinar una parte menor del predio en cuestión a la construcción de viviendas, reservando la mayor superficie a emprendedores privados. Nuestro bloque presentó un dictamen en disidencia, recogiendo el reclamo de vecinos y delegados en favor de que el predio de mayor porte fuera destinado a las viviendas sociales. Apoyados en la lucha de estos compañeros, logramos imponer este criterio en la versión final del proyecto, junto con varios otros reclamos -por caso, los derechos para los inquilinos villeros. En Rodrigo Bueno conseguimos introducir el derecho a que los créditos para la titularización de viviendas presenten condiciones especiales (tasa cero y plazo de treinta años).
 
Nada de ello, sin embargo, puede ocultar que estamos ante las concesiones “sociales” de un régimen de desalojadores. Los proyectos de “integración” no contemplan la posibilidad de que sus habitantes accedan a tasas municipales diferenciadas, de acuerdo con la condición de vivienda social. Ni qué decir que un ABL de “mercado”, en localizaciones cercanas a Colegiales o Puerto Madero (en el caso de Rodrigo Bueno) podría tornarse intolerable para muchos vecinos. A ello, naturalmente, se unen los tarifazos en la luz, el gas y otros servicios. Si el costo de la “formalización” habitacional se vuelve prohibitivo, la expulsión de estos vecinos, que nunca pudo hacerse por medio de la fuerza, podría llegar por mecanismos ‘de mercado’: los acaparadores inmobiliarios podrían hacer una oferta por las viviendas titularizadas, enviando a sus habitantes hacia la periferia de la Ciudad. Es cierto que esta salida mercantil asociaría a los vecinos que vendan sus viviendas a los beneficios de la valorización inmobiliaria. Pero ello es sólo una ilusión, que terminarán pagándola con una expulsión de la Ciudad  lejos de sus lugares de trabajo o estudio. Los émulos de Mauricio Macri en América Latina han apelado a este recurso para el copamiento empresarial de numerosos barrios populares. Como toda conquista parcial bajo el capitalismo, la urbanización de estos barrios se enfrenta con el límite de una orientación social general, y ello debe ser debatido con sus delegados y compañeros más activos. Para ello, tenemos que dotarnos de un programa para atravesar el período que viene: en primer lugar, debemos exigir el control de todas las obras de ‘integración’ por parte de vecinos electos, para impedir el fraude constructivo y la improvisación que caracterizan a las urbanizaciones ‘sociales’. Por las mismas razones, toda titularización debe contar con la finalización de las obras a cargo del Estado. Luego, asegurar las conquistas arrancadas en la ley -derechos para los inquilinos y para todos los núcleos familiares. Es necesario batallar por impuestos y tarifas especiales, en oposición a cualquier situación confiscatoria. En la Legislatura, el Frente de Izquierda ha sido el portavoz de todos estos planteos, frente a los macristas y a la complacencia de la oposición K y “lousteaiana”, que ha acompañado dócilmente a los limitados proyectos oficiales. Debatamos estas conclusiones y preparemos la lucha que viene, reforzando la lucha por una alternativa política de los trabajadores en toda la Ciudad.

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