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7 de abril de 2017 | #1453

Santa Cruz: por un congreso de trabajadores

Para debatir (y resolver) una salida ante la crisis
A estas horas, la provincia de Santa Cruz está literalmente ocupada por sus trabajadores y casi no existe sector de la clase obrera que no se encuentre movilizado.
 
Los docentes -Adosac- ocupan el Ministerio de Economía en medio de una sucesión de huelgas semanales frente al provocador 3% que el gobierno ofrece en las paritarias, la falta de pago de los salarios de febrero y marzo, y el derrumbe de la infraestructura escolar -que ha suscitado, a la vez, la movilización de los padres.
 
Los empleados de la Justicia acampan ante el Tribunal Superior de Justicia, en una lucha que lleva más de un mes ante la falta de pago de los salarios y la anulación de la conquista del enganche con los reajustes que obtiene la Corte Suprema.
 
Los jubilados han conformado la agrupación Jubilados Unidos y ocupan la Caja de Previsión por el no pago de jubilaciones y la imposibilidad de usar la obra social (La endeudada Caja de Servicios Sociales no es aceptada en muchas clínicas y farmacias porque dejó de pagar los servicios).
 
Los trabajadores de la Uocra afectados al inicio de las represas (1.300) están inmovilizados por un fallo ambiental.
Los trabajadores de Río Turbio sufren la ofensiva de despidos y retiros voluntarios, mientras esperan la reactivación de la mina.
 
Por si esto fuera poco, una catástrofe climática se ha desencadenado en el norte de la provincia.
 
 
Un ajuste por doble vía
 
Santa Cruz es el caso extremo de lo que está viviendo el país.
 
El gobierno nacional (Cambiemos), a través de su ministro Frigerio, ha pontificado que “Santa Cruz debe hacer su ajuste, así como lo hizo Tierra del Fuego”. Ajuste significa validar el miserable 3% a los docentes, en línea con la liquidación de la paritaria nacional docente, el presentismo y el aumento a la baja que hoy el gobierno nacional le quiere imponer a los docentes -y es el que en estos momentos están aplicando los propios intendentes de Cambiemos en los municipios que dirigen.
 
Pero no es sólo ajuste, sino un plan de colonización política. El gobierno nacional habría hecho saber a la provincia que sólo habilitará el endeudamiento si la provincia cumple con cuatro condiciones: 1) traspaso de la Caja de Jubilaciones a la Nación -fruto envenenado de la Ley de Reparación Histórica a los Jubilados, lo que supone anular derechos jubilatorios en aras -dice la ley- de “colocar a todas las provincias en pie de igualdad en materia previsional”; 2) baja del gasto público, invocando el alto número de trabajadores estatales en la provincia; 3) cambio del Régimen de Coparticipación hacia los municipios, en la línea de favorecer a aquellos en manos de Cambiemos; 4) derogación de la ley de lemas -antidemocrática hasta la médula, pero que el gobierno entiende sería la llave de una eventual victoria electoral de su coalición en la provincia.
 
Es decir: el gobierno nacional está lanzado a una extorsión política sobre la provincia que significa el arrasamiento de conquistas históricas de los trabajadores. No es casual que Costa y otros dirigentes de Cambiemos (UCR, Coalición Cívica) brillen por su ausencia en la crisis desde el momento que no quieren que salga a luz su complicidad con la política de tierra arrasada del gobierno nacional.
 
El gobierno provincial tiene su propio sendero de ajuste, como lo revela su ofensiva descarnada sobre los trabajadores, expresado en el ataque a los docentes por tener el salario “más alto del país”, la denuncia a los estatales por el “exceso de plantilla” o en la decisión de cagarse en el ingreso y la obra social de un jubilado. Claro que en medio de esta crisis terminal Alicia Kirchner. se otorgó a sí misma y sus funcionarios un importante aumento de sueldos desde el 1° de enero pasado. Ahora, ha llamado a un “acuerdo social” que es una mascarada para ocultar la ofensiva contra el pueblo. El único acuerdo social que deben impulsar los trabajadores es el que se está gestando en la propia lucha con los padres, estudiantes y con la empobrecida clase media, para impedir la catástrofe actual y llevar adelante todas las medidas que permitan que la crisis la paguen quienes la provocaron.
 
 
¿Dónde están los recursos?
 
La gobernadora ha dado una conferencia de prensa (y ha quedado sitiada por los trabajadores en la Casa de Gobierno durante varias horas) planteando que la provincia está quebrada, con un déficit  de 6.713 millones de pesos para este año. Invocó la pérdida de 702 millones de regalías petroleras por la baja del crudo y de la producción, la eliminación de los reembolsos por exportaciones desde los puertos patagónicos, la caída de un 10% de los impuestos por caída de la actividad y de la coparticipación.
 
¿Se le puede creer? No. Las cuentas públicas han sido un secreto de Estado a lo largo de los 26 años en los que se han sucedido las administraciones K. ¿Acaso no han sido los que fugaron de Santa Cruz los 1.200 millones de dólares, fondos obtenidos por la complicidad en la privatización de YPF, jamás rendidos? ¿Acaso no estamos en la provincia de los Lázaro Báez y del afano inconmensurable de la obra pública?
 
Los propios medios informan de la llegada de fondos a Santa Cruz cuyo destino se ignora. Por si fuera poco, el kirchnerismo bloqueó en la Legislatura un proyecto de ley de acceso a la información pública.
 
Santa Cruz es una provincia rica -tiene minas de oro y plata que están entre las más importantes del país, además del petróleo, recursos que están siendo vaciados sin perspectiva alguna.
 
 
Los trabajadores deben hacerse cargo
 
Los trabajadores de Santa Cruz han hecho lo inimaginable en materia de lucha para acceder a lo más elemental: que les paguen los salarios adeudados.
 
Sin embargo, el colapso actual indica que están frente a un desafío mayor.
 
La bancarrota en curso reclama medidas elementales de control para garantizar lo más básico: que se paguen los sueldos, que funcione la obra social, que se garanticen los puestos de trabajo, que se indemnice a los damnificados del norte.
 
¿Cómo? No se puede perder un solo minuto sin explicar de manera clara y sencilla cómo se sale de la situación actual, qué medidas fundamentales debe adoptar el movimiento obrero en lucha para dar vuelta la situación. En términos claros, supone movilizarse para reclamar el envío urgente de fondos de coparticipación que el gobierno de Macri le retacea a la provincia y, a la vez, controlar todas las fuentes de ingreso de que dispone la provincia -que el gobierno de Alicia K maneja en absoluto secreto- para cubrir lo indispensable que es la defensa de la vida de cada compañera o compañero. Esto plantea una gigantesca operación de control de los trabajadores sobre los resortes básicos de la economía: la apertura de las cuentas públicas y el control por una comisión electa y revocable de trabajadores de todo el movimiento económico y financiero del Estado; la incautación de las regalías petroleras, con el mismo método; la incautación y control de los fondos coparticipados por el Estado nacional -sobre los montos girados hay diferencias sustanciales entre lo que plantea el gobierno nacional y el provincial; el control de las importaciones y exportaciones desde los puertos de la provincia; el control del funcionamiento del sistema impositivo, lo que hará saltar a luz el armado de la evasión desde el propio Estado; el control de los trabajadores en el mismo sentido en los municipios, en las represas y en Río Turbio; la apertura de los libros de la banca y el control de sus operaciones con el Estado.
 
Es sabido que el Estado es la gran fuente de negocios o beneficios del empresariado y es allí donde el trabajador debe meter mano, porque allí anida el corazón del vaciamiento de los recursos públicos.
 
 
Por un congreso de trabajadores
 
Planteamos la convocatoria al conjunto de organizaciones en lucha a un congreso de trabajadores para debatir y poner en marcha un plan de emergencia que ofrezca una salida propia e independiente frente a la crisis.
 
 
 
Foto: Gabi Ance

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