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9 de diciembre de 2004 | #880

Fábricas ocupadas: Quién expropia a quién

La Legislatura porteña ha votado lo que ella define como la expropiación definitiva de 13 fábricas ocupadas por sus trabajadores ante las quiebras y vaciamientos patronales. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, Grissinópoli, Ghelco, Chilavert y Brukman.
 
El Gobierno de la Ciudad pagará las indemnizaciones correspondientes en los procesos de quiebra que se están tramitando y transferirá el “dominio” de dichas empresas a las cooperativas que han constituido los trabajadores, a cambio de un derecho de hipoteca sobre las mismas. Los obreros se verán obligados a devolver ese dinero al Gobierno de la Ciudad, en cuotas semestrales, durante 20 años, con una tasa de interés igual a la tasa internacional Libor, del mercado de Londres (que viene subiendo sistemáticamente).
 
La tasación del valor de las indemnizaciones de cada fábrica será realizada por el Banco Ciudad ante cada juzgado, “teniendo en cuenta el precio que podría obtenerse en el correspondiente remate judicial” (Art. 6°). Esto no implica que las fábricas se vayan a tasar a precio de remate, como pretenden los legisladores, porque ellas no van al desguace sino que son recicladas productivamente.
 
La votación implica un cierto giro en la política gubernamental, que no anula sin embargo el hecho de que los trabajadores deberán rescatar con su trabajo la empresa quebrada por sus dueños capitalistas. El gobierno pretendía prorrogar por otros dos años las leyes de ocupación temporaria vigentes desde el 2002.
 
La ley contó con el apoyo de la mayoría del bloque macrista y del sector de derecha de Mercado (Juntos por Buenos Aires). Hace unos meses, Macri había declarado que su bancada no iba a votar ningún proyecto de expropiación de empresas ocupadas.
 
Mercado explicó que “aquí hay un cambio sustancial en la interpretación de lo que es una empresa recuperada”, ya “que los trabajadores van a generar utilidades para pagar el bien de su propia empresa. No nos estamos refiriendo a la expropiación de una empresa para cederla gratuitamente a las cooperativas, sino a que, con la responsabilidad de los dirigentes de las diferentes cooperativas, ellos van a pagar su propia fábrica”.
 
Por eso, varios legisladores señalaron a Ambito Financiero (25/11) que con esta medida “salen beneficiados los acreedores de la quiebra, que conseguirán un monto mayor para cobrar sus deudas”.
 
“Consenso”
 
El “consenso” que permitió obtener los dos tercios de los votos (votaron 43 afirmativamente, sobre 60 legisladores) determinó: 1) que “la tasa de interés que devengará el capital adeudado” sería la internacional de Londres; 2) que las cooperativas no gozarán de ninguno de los beneficios impositivos que preveían algunos proyectos; 3) tampoco se estableció que las cooperativas “recuperadas” tengan un trato especial como proveedores privilegiados del Estado. La “prioridad para que las empresas sean proveedoras del Estado”, que establecía el proyecto del legislador Rebot, fue consensuadamente abandonada.
 
Desde ya que los trabajadores deben renunciar al reclamo del pago de los salarios, aguinaldos, vacaciones e indemnizaciones que las patronales quebradas les deben, porque éstos serán considerados créditos para pagar la compra de las empresas. Se trata de otra expropiación a los obreros.
 
El carácter precario de estas expropiaciones fue señalado por el derechista diputado Morando, cuando destacó que no había ninguna garantía de que se conservaría la propiedad obrera de las cooperativas, advirtiendo que eso “se burla muy fácilmente por un préstamo de capitalistas interesados a los actuales trabajadores para que cancelen el préstamo” y luego pueda ser enajenado.
 
Caro a la derecha
 
El abogado riquista Caro, del Movimiento de Fábricas Recuperadas, planteó, antes del debate de la ley, que el pasaje de las empresas a las cooperativas sería “muy gravoso para el Estado”. Propuso que se prorrogara la ley de ocupación transitoria otorgada a las cooperativas, y que los trabajadores comprarían las fábricas a las quiebras, porque “ellos pueden ahorrar lo suficiente como para comprar los bienes al valor de la tasación de la quiebra” (Noticias Urbanas, 18/11). Para Caro, este procedimiento demostraría cuáles son las “fábricas viables” (ídem). Sobre la hora, sin embargo, ante la insatisfacción de las bases de las fábricas bajo su control, apoyó el proyecto “consensuado”.
 
Programa obrero
 
Si bien este proyecto aparta momentáneamente toda posibilidad de desalojo judicial de las fábricas cooperativizadas, la situación de sus trabajadores es insegura. Hoy en día no tienen salarios garantizados, trabajan jornadas agotadoras por encima de las 8 horas, no cobran aguinaldo, ni vacaciones, ni se paga la jubilación, ni tienen obra social.
 
¿Trabajadores o autopatrones?
 
Sus planes de producción no están garantizados, ni tienen capital de trabajo, ni créditos para el desarrollo de la producción. Y en el futuro deberán cargar con la hipoteca del pago de las indemnizaciones que fije la “Justicia”.
 
Frente a ello, el PO plantea un programa obrero:
 
Salario mínimo de 1.200 pesos por 8 horas de trabajo, garantizado por el Estado.
 
Cobro de aguinaldo y vacaciones.
 
No a la jubilación autónoma, que el Estado se haga cargo de los aportes jubilatorios.
 
Obra social a cargo del Estado.
 
Que el Estado condone el pago de las indemnizaciones por los obreros. Las quiebras tienen que ser solventadas no por los trabajadores, sino por las patronales vaciadoras con sus otras empresas y bienes personales.
 
Para obtener créditos que permitan ampliar la producción y retomar a decenas de trabajadores sin trabajo: nacionalización de la banca bajo control obrero.
 
Designación de estas fábricas como proveedores privilegiados del Estado.
 
La etapa sigue abierta
 
El vencimiento de las ocupaciones temporarias amenazaba abrir una crisis con las fábricas ocupadas. El “consenso” legislativo es, fundamentalmente, un intento de cerrar el período de las ocupaciones de fábrica y los reclamos de expropiación de las mismas. Para Kravetz (diputado kirchnerista, abogado del Movimiento de Empresas Recuperadas y el impulsor inicial de este proyecto), “esta ley permite el cierre de una etapa…” (Página/12, 25/11).
 
Se trata de una ilusión, esto porque la ley aprobada representa, por sobre todo, una descomunal carga para los trabajadores, que se habrá de intensificar, incluso si prosigue la reactivación capitalista. La confiscación que esta ley representa para las cooperativas de trabajadores establece una base muy precaria para su supervivencia, no digamos para el bienestar de sus miembros.
 

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