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13 de junio de 2017

Córdoba: gobierno y empresas desconocen acuerdo con los choferes

Las conducciones gremiales deben declarar el paro provincial.
En las últimas horas, el Ministerio de Trabajo desbarató el acuerdo que los trabajadores de UTA habían aceptado, que implicaba la reincorporación de los despedidos, el pago de los días de huelga, un adelanto de $6.000 y la apertura de las negociaciones salariales. Tras esta maniobra, Mestre y las empresas salieron a declarar que los despidos están firmes. No sólo pretenden desconocer el reclamo salarial, sino además aleccionar a los luchadores de la UTA, que enfrentan al gobierno, a las patronales y a la burocracia de Roberto Fernández. Mientras tanto, el paro sigue.
 
En el acto multitudinario de ayer, Erica Oliva, del cuerpo de delegados de trolebuses, volvió a pedir un paro provincial para llevar esta lucha de todo el movimiento obrero a la victoria, pero la conducción gremial de la CGT Rodríguez Peña (kirchnerista) eludió declarar la huelga. En su lugar, llamaron a una “mesa de enlace” para tratar las acciones a seguir. Sin embargo, la conducción de la otra CGT faltó a la cita. En las puertas de la sede de la UTA cordobesa los trabajadores vuelven a convocarse para relanzar el plan de lucha.
 
En el octavo día de huelga, Mestre montó un operativo con el que militarizó la circulación de colectivos. Montó un servicio precario, manejado por algunos carneros y personas sin el carnet correspondiente. Esto fue denunciado por el legislador del Frente de Izquierda-PO, Eduardo Salas, lo que le valió el ataque de Mestre y todo el aparato mediático con el que cuenta a su favor. Sin embargo, el choque contra un automóvil particular de una unidad de la línea Ersa, conducida por una persona que nunca antes había manejado un colectivo ni contaba con preparación previa, ratificó la denuncia de Salas acerca de que Mestre estaba poniendo en riesgo la vida de los usuarios.
 
Desde las primeras horas de la jornada de ayer, más de 1000 choferes se reunieron para marchar por las calles céntricas de Córdoba. El operativo oficial fue desautorizado por la multitud que se congregó en las calles céntricas de Córdoba en apoyo a la huelga.
 
La situación requiere del paro provincial y terminar con las declaraciones “de ocasión” y las dilaciones. Está en juego si se abre paso una perspectiva de conjunto para derrotar el ajuste y en defensa del salario. Por eso, el gobierno provincial anunció por todos los medios a su alcance su propósito de declarar al trasporte público ´servicio esencial´, con el apoyo de Mestre y toda la plana de las formaciones políticas patronales, entidades empresariales y eclesiásticas. En el Congreso Nacional, el jefe del bloque de diputados de Cambiemos, el radical Mario Negri, promueve una sesión especial con el objetivo de extender a nivel nacional este ataque a los trabajadores del transporte. El bloque del Frente de Izquierda, por supuesto, anunció su boicot a la iniciativa. Con esto, Mestre, Schiaretti y Macri buscan prohibir el derecho a luchar, resguardarse de futuras rebeliones de trabajadores y sentar la base jurídica para reprimir nuevos levantamientos obreros.
 
La tenaz lucha por romper el techo salarial y una nueva dirección gremial de la base obrera bajo la orientación del cuerpo de delegados opuesto a la UTA nacional enfrenta desde hace más de una semana a la triple alianza integrada por Mestre, Schiaretti y la burocracia de UTA nacional.
 
Tenemos una gran lucha política por delante. La Coordinadora Sindical Clasista y el Partido Obrero se juegan todo por la victoria de la huelga de los choferes cordobeses.
 
 

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