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2 de julio de 2017

A propósito de la confiscación de los jubilados

Escribe Néstor Pitrola.
El suicidio de un jubilado, Rodolfo Estivill, en la sede de un UDAI de Mar del Plata trajo una polémica nacional, una campaña política contra los trabajadores de Anses que fueron al paro, y contra quienes denunciamos la masacre social de las jubilaciones.
 
Veamos. El señor Estivill no cobraba la mínima, pero sus $18.315 de jubilación fueron resultado de una sentencia obtenida en 2006, a los 80 años, tras largo juicio. El importe estaba muy lejos de lo que se informó fue su ingreso como cirujano activo, $44.000 según distintos medios. El señor cobraba además una pensión por su mujer fallecida de $6.394, que tuvo reparación recién en octubre de 2016. Si bien Estivill no estaba en la situación de línea de indigencia de millones de jubilados que cobran la mínima de $6.394, la confiscación sufrida respecto de sus aportes y la caída en su nivel de ingresos es enorme porque su jubilación alcanzaba el 41% del salario en actividad, según la información trascendida, la mitad del viejo y reclamado 82% móvil.
 
Seguramente el hombre que se quitó la vida estaba deprimido porque nadie llega al suicidio si no es así, pero el simbolismo de haberse quitado la vida en las escaleras del Anses es objetivo, y fue motivo de la enorme repercusión del suceso, cualquiera sea la respetable opinión de sus sobrinas.
 
Como él, millones de trabajadores se han jubilado en las últimas décadas con menos del 50% del último haber, por la eliminación del 82% y por los tramposos métodos de actualización del ingreso de los últimos diez años del jubilado. A muchos se les terminó la vida haciendo juicios apelados sistemáticamente por el Anses “cristinista” y ahora por el “macrista”. No hablemos de monotributistas y autónomos, que van a parar a la mínima como por un tobogán. En el caso de colectivos de trabajadores que tenían el 82% (que han ido perdiendo con la llamada “armonización” de las provincias), como docentes y estatales provinciales, sufrieron iguales confiscaciones por las sumas “no remunerativas” que son excluidas del aporte jubilatorio y del cálculo del haber pasivo
 
La falta de actualización anterior a la ley de movilidad estampó contra el mínimo a millones de personas, por falta de actualización. Ahora también pierden a menudo frente a la inflación, como ha ocurrido en los últimos años, pero a mucho menor ritmo.
 
Esta situación forma parte de una política consciente de los distintos gobiernos capitalistas que hemos tenido. Menem y Cavallo amputaron los aportes patronales en 1993 y ni De la Rúa, ni Duhalde, ni el kirchnerismo, tampoco Macri, obvio, los han repuesto. Se trata de un debate que sólo plantea el Frente de Izquierda. El PO en particular llevó una lucha política enorme desde el momento mismo de la privatización del sistema a favor de las AFJP. La burocracia sindical fue activa entregadora puesto que trabajó a comisión afiliando a las AFJP o montó sus propios fondos de pensión, al igual que la centroizquierda, hoy kirchnerista, del banquero Carlos Heller con la AFJP del Credicoop. Nuestra consigna fue “La Bolsa o la Vida”, y fueron muchas vidas confiscadas por el ingreso de los fondos de pensión al mercado de capitales.
 
El producido del reciente e inmoral blanqueo de capitales, votado por todos los bloques del ajuste, unos $110 mil millones en impuestos por única vez, ha ido sólo en un 10% a la falsa “reparación histórica”, razón por la cual sólo el 5% de los jubilados con juicios los han depuesto. El resto del impuesto ha ido a la suscripción de bonos de la deuda pública, una continuidad de la política de Cristina, Kicillof, Massa y Bossio, entre otros.
 
He integrado tres años la Comisión Previsional de la Cámara de Diputados y he visto en vivo a toda la ´coalición del ajuste´ aniquilar o cajonear todo proyecto que favorezca a los jubilados: aumento de emergencia, rentas vitalicias para que cobren el mínimo, jubilación adelantada para desocupados de 60 años con 30 de aportes, jubilaciones adelantadas para obreros de la construcción, del hielo, del tanino y otros, entre muchos más. Incluso varios de ellos con el impulso de Mirtha Tundis, hoy presidenta de la Comisión, pero que su jefe, Sergio Massa jamás obligó a tratar siendo parte clave de los temarios de una cámara sin mayoría oficial.
 
A todo esto hay que sumar los ajustes en el PAMI contra la salud de los jubilados (con justicia se ha denunciado que el suicida no tuvo contención), y los trabajadores del Ansés denuncian un “plan de exterminio” que incluyó la caída de 70 mil pensiones por discapacidad y los trámites humillantes para demostrar que el o la viuda, son realmente tales para seguir cobrando la pensión.
 
Y no son cuentos que Balsavibasso, jefe del Anses macrista, dijo que hay que elevar la edad a 70 años “al menos en forma voluntaria al principio”, porque lo escuché con mis oídos. Tanto el Anses como el PAMI deben ser devueltos a la gestión de un directorio electo por trabajadores y jubilados.
 
Quienes deben pedir disculpas no somos quienes denunciamos esta situación, sino los dueños del poder, porque la disyuntiva sigue siendo “la bolsa o la vida”.

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