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1 de agosto de 2017

El fallo del Ciadi contra Argentina por Aerolíneas: otra vez los buitres

El Ciadi, el tribunal del Banco Mundial que arbitra entre Estados y empresas, condenó días atrás a la Argentina a pagar U$S 326 millones al grupo Marsans por la ´estatización´ de Aerolíneas y Austral, realizada por Cristina Kirchner en 2008.
 
El asunto cobra ribetes de escándalo por doble vía. Por un lado, por la naturaleza fraudulenta del reclamo. En oportunidad de la estatización, el kirchnerismo, lejos de afectar el patrimonio de los vaciadores Marsans, los premió con un contrato de compra con precio a definir. Mediante este recurso los españoles conservaron las acciones y el derecho a litigar, mientras el Estado se hizo cargo de sus deudas –superiores a los U$S 1000 millones. Un rescate en toda la línea de un grupo cuyo presidente, Díaz Ferrán, está preso en España por defraudación.
 
Algunos funcionarios macristas dejaron trascender su satisfacción, dado que representa sólo el 20% de lo reclamado por el fondo buitre Burford Capital Limited, que había adquirido a Marsans los derechos del juicio. Hete aquí el otro aspecto del escándalo: el actual vicepresidente de Aerolíneas, Siro Astolfi, fue a su vez uno de los abogados patrocinantes de Marsans en el comienzo de su litigio contra el Estado argentino.
 
El fondo Burford festeja el hecho de que cobrará cerca de 140 millones de dólares, luego de "invertir" solo 13 en este juicio.
 
Buitres
 
El fondo Burford es el mismo que compró a la familia Eskenazi los derechos del juicio al Estado por la (pseudo)nacionalización de YPF. Los Eskenazi tomaron parte del paquete accionario de YPF a cambio de nada, en una maniobra urdida por el ex presidente Kirchner con Repsol, que terminaría desbaratada por el vaciamiento de los recursos petroleros y el cambio de frente hacia la alianza con Chevron.
 
Cristinistas y macristas han compartido una orientación común en defensa de los vaciadores, así como la tarea de someter al pueblo argentino al CIADI y a los tribunales de Nueva York.
 
Nacionalización sin pago bajo control obrero. Que se abran los libros de la empresa a una comisión electa por los trabajadores.

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