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31 de agosto de 2017 | #1472

Crisis habitacional en la ciudad

Nuestro voto crítico a la ley de alquileres

En la sesión del jueves 24, la Legislatura porteña votó una “ley de alquileres” presentada por el oficialismo. La ley establece que el pago de la comisión que cobra la inmobiliaria debe ser cargado al propietario, eximiendo al inquilino, como ocurría hasta el momento. Es un histórico reclamo de las organizaciones de inquilinos en su búsqueda de limitar las penurias y los términos abusivos que se plasman en los contratos de alquiler. Esta cuestión desató una polémica por la férrea oposición a la ley por parte de las cámaras de inmobiliarias que temen un retiro de la oferta y la merma del negocio.
 
Por otra parte, la iniciativa es un reconocimiento de una crisis habitacional explosiva, que tiene dos componentes principales. Por un lado, el mismo gobierno que exime del pago de la comisión al inquilino, encarece el costo de vivir en la Ciudad. A través de la venta de tierras públicas para megaproyectos inmobiliarios especulativos, que son en buena parte financiados por el blanqueo de capitales, el gobierno ha impulsado el valor de la vivienda y los alquileres. En el último año, los alquileres en la Ciudad aumentaron un 46,7%, según la estimación de la Dirección de Estadística porteña, superando incluso el índice de inflación. 
 
Por otro lado, el salario y las jubilaciones de los trabajadores no acompañan esta evolución, lo que ha llevado la relación salario-vivienda a la más desfavorable de la historia. Si tenemos en cuenta que el salario promedio en la Ciudad es de 17.000 pesos y el alquiler de una vivienda familiar alcanza los 9.000, sin contar expensas, tenemos que en el caso de familias con un solo ingreso o en los sectores con trabajos en negro o precarios el alquiler puede representar más de la mitad del salario. A esto hay que sumar el aumento de las expensas y los tarifazos en la luz, el gas, el agua y ABL.
 
Teniendo en cuenta el conjunto de la situación, se ve con claridad que la “ley de Alquileres” es apenas un paliativo, un pequeño alivio frente a una grave situación generada por la política del gobierno. Incluso no se nos escapa que del otro lado del mostrador muchas veces se encuentran trabajadores o jubilados que con el alquiler de una pequeña propiedad completan penosamente un ingreso que les permita llegar a fin de mes, los que ahora deben cargar con la comisión. El avance de la venta de tierras con fines especulativos coloca a unos y otros frente a una tendencia expulsiva de la población trabajadora de la Ciudad. Sólo en 2016 se vendieron o concesionaron más de 200 hectáreas de tierras públicas para esos fines. Este cuadro complejo exigía de parte de una bancada socialista no perder de vista de que finalmente la ley es una reivindicación para el eslabón más débil de esta cadena, el inquilino.
 
Por lo tanto, desde la banca de Marcelo Ramal dimos un voto crítico a la ley, lo cual abrió un debate dentro del Frente de Izquierda con Laura Marrone y el legislador de Zamora, quienes se abstuvieron. Para el PO, se trata de un peldaño que expone una crisis habitacional de conjunto y que no tiene salida en el marco del dominio del capital financiero-inmobiliario. A partir de allí planteamos la unidad de inquilinos y trabajadores pequeño-propietarios con una política opuesta: la reserva de la tierra pública para la construcción de viviendas populares, parques verdes públicos, escuelas y hospitales; el control vecinal del desarrollo urbano para terminar con la especulación inmobiliaria; los créditos a tasa cero e impuestos al capital inmobiliario especulativo y, finalmente pero no menos importante, la lucha por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar (incluyendo la vivienda) y el 82% móvil para los jubilados.
 

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