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7 de septiembre de 2017 | #1473

Basta de rematar tierras públicas nacionales

Iniciativa de Marcelo Ramal y la banca del FIT en el Congreso
Las ciudades del país tienen graves problemas asociados a la pérdida de suelo: inundaciones, escasez de espacios verdes recreativos y carencia de terrenos para desarrollo de viviendas sociales. Esta situación recrudece con cada gestión gubernamental. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, durante los ocho años de administración de Macri, se privatizaron más de 174 hectáreas. Su sucesor, Horacio Rodríguez Larreta, en un sólo año privatizó 122 hectáreas más.
 
Décadas de privatización  del suelo
 
El 9 de agosto de 2012, Cristina Kirchner emitió el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 1382 por el cual creó la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), de la cual pasaron a depender todas las tierras públicas del país, con la potestad de vender o concesionar sin pasar por el Congreso Nacional. Sin embargo, la Constitución Nacional otorga facultades sólo al Congreso para “disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional” (art. 75, inc. 5 de la CN de 1994). Por lo tanto, dicho decreto es violatorio de la Constitución. Pero ésta no era la primera vez que se violaba la Constitución: en 1978, el intendente de la dictadura -Osvaldo Cacciatore- entregó tierras a los clubes deportivos afincados en el Parque 3 de Febrero (los bosques de Palermo); en 1989, con la creación por decreto de la Corporación Antiguo Puerto Madero SA, Menem le transfirió a esa sociedad anónima las tierras públicas portuarias que dieron lugar al mayor negociado inmobiliario en la ciudad hasta la fecha; en 1991, también Menen efectuó una operación de compraventa del Predio Ferial (dominio público nacional) en favor de la Sociedad Rural Argentina a precio vil. Hasta ese momento, el Congreso Nacional era quien entregaba dicho predio en concesión a la SRA.
 
Los predios públicos restantes de la Ciudad de Buenos Aires: doce playas de maniobras ferroviarias, áreas portuarias, predios militares desactivados, el Mercado de Hacienda y otros, un total de 350 hectáreas “ociosas”, fueron puestas a disposición del mercado inmobiliario especulativo por el DNU de Cristina Kirchner.
 
Isla Demarchi y playas ferroviarias
 
A fines de septiembre de 2012, otro decreto de Cristina Kirchner comunicó la creación de un Polo Audiovisual y Hotelero en 12 hectáreas de tierras públicas nacionales situadas en Isla Demarchi (Comuna 15, La Boca), lugar donde actualmente existen instalaciones de dragado y un astillero; pero afortunadamente este proyecto no se concretó aún.
 
En ese mismo año se desafectaron del uso ferroviario los predios pertenecientes a las ex playas de Palermo, Caballito y Liniers y se dispuso la utilización para el “desarrollo de proyectos integrales inmobiliarios, a cuyos fines instrúyese a la Anses” y al Ministerio de Economía “para que constituyan una Sociedad Anónima” (Decreto Nº 1723). Así, también se permitiría dedicar tierras públicas nacionales a nuevas urbanizaciones administradas por el Banco Hipotecario SA con dinero del organismo previsional. Por su parte, los proyectos de ley ingresados en la Legislatura de la Ciudad para habilitar la rezonificación son presentados por representantes del interbloque kirchnerista (Ibarra, Cerruti, Cabandié) y apoyados por el oficialismo del PRO.
 
Liquidación de inmuebles nacionales 
 
La presidencia de Macri -haciendo uso de las facultades conferidas a la AABE- por decretos PEN N° 952/2016 y1064/2016 ordenó la venta de numerosos inmuebles nacionales en todas las provincias del país y en el exterior. En particular, en la Ciudad de Buenos Aires se venden casi 10 hectáreas de valiosos terrenos ferroportuarios de la zona de Retiro (Catalinas Norte II), frente a Dársena Norte.
 
En estos momentos se están tratando en la Legislatura de la Ciudad otros proyectos de ley para liquidar dos predios: siete hectáreas de la Playa Ferroviaria de Colegiales y tres hectáreas de tierras nacionales en La Boca (Catalinas Sur II), para construir torres de hasta 90 metros de altura, en desmedro de las necesidades y expresos pedidos de los habitantes de ambos barrios que reclaman espacios verdes y mejoras en los servicios. Recientemente, Macri firmó el decreto 652/2017 que delegó en el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, la potestad de clausurar ramales ferroviarios, lo que podría habilitar la enajenación de tierras de los ferrocarriles.
 
Se impone la exigencia de modificar el Decreto PEN 1382/12 eliminando la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda enajenar tierras sin intervención del Poder Legislativo y obligando a la realización de una audiencia pública en las cercanías del predio a intervenir. Con este objetivo se realizará una audiencia pública el jueves 28 en el Congreso Nacional (17 horas, 2 Piso, sala 3 del Anexo), convocada por los diputados Pablo López y Soledad Sosa, del PO-Frente de Izquierda, junto al legislador porteño Marcelo Ramal.

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