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14 de septiembre de 2017 | #1474

Fuera el impuesto al salario

Las propuestas de ellos y la nuestra
Los compañeros del Neumático (Sutna) acaban de obtener un aumento del 27% en las negociaciones paritarias. Se trata de uno de los gremios que lograron, como resultado de la movilización, quebrar los topes salariales que pretendió imponer el gobierno. Esto ha puesto al rojo vivo la cuestión del impuesto al salario: como consecuencia de los aumentos obtenidos, nuevos trabajadores que no pagaban pasarán a hacerlo. Además, aumentará el impacto del impuesto en quienes ya lo pagaban. A partir de esta realidad, los compañeros del Sutna, en asamblea, han incorporando entre sus reclamos fundamentales para la próxima etapa la abolición del impuesto al salario.
 
La experiencia del Neumático es un botón de muestra de la actualidad que tiene el tema. Antes de los aumentos paritarios ya estaban abonando ganancias 1.400.000 trabajadores. Partiendo de aumentos promedio del orden del 20 por ciento, que es el techo que pretende hacer pasar el gobierno, se estima que pasarán a pagarlo 400.000 asalariados más. Ni qué hablar si se supera esa pauta, como el caso del Sutna.
 
Tengamos en cuenta que con un salario de bolsillo de 21.500 pesos para un soltero y 26.000 para un casado se supera el mínimo no imponible y se empieza a abonar el impuesto. Hay que tener presente que el aguinaldo, que a través de sucesivos decretos venía siendo excluido del impuesto, con la nueva ley pasa a entrar en el cálculo.
 
Por otro lado, los aumentos y la incorporación del aguinaldo incrementan el impuesto de los que ya están abonando.
 
Aquí es oportuno recordar que las escalas del impuesto, que venían congeladas desde 2001, se ajustaron en forma irrisoria: sus valores fueron multiplicados por dos cuando hubiera correspondido hacerlo por 6 ó 7. De manera que cada 1.700 pesos que aumente el salario mensual de bolsillo se salta a una alícuota superior.
 
Importa señalar que los mínimos no imponibles se ajustan una vez por año. La ley ni siquiera contempla una actualización semestral, como la que rige, por ejemplo, para los haberes jubilatorios. Este criterio, fogoneado por algunos gremios, fue expresamente rechazado al momento de tratarse la nueva normativa. Pero, además, ni siquiera asegura una corrección por inflación, pues la actualización se guía por variación del salario promedio de la economía que publica el Ministerio de Trabajo (Ripte), pero condicionada a los niveles de recaudación.
 
Quién es quién
 
La cuestión del impuesto al salario constituye una divisoria de aguas entre el Frente de Izquierda y el resto de los bloques políticos que se presentan a las elecciones.
 
Cambiemos y el massismo son partidarios de la perpetuación del impuesto al salario. Ambos son los artífices de la actual ley, que está en vigencia. La hipocresía y el cinismo están a la vista de todos: Macri hizo la promesa de erradicar el impuesto al salario, en caso de que triunfara en las elecciones. Massa no se cansa de hablar de la necesidad de mejorar el poder adquisitivo de los salarios, pero no tiene el menor reparo para pactar con el macrismo la continuidad de este impuesto confiscatorio. Randazzo no le va a la zaga porque el aparato del PJ que lo sigue, respaldó con su voto la ley actual.
 
¿Y Cristina? Entre los 15 puntos de la plataforma de Unidad Ciudadana no hay ninguna referencia al tema. Lo cual no debe sorprender pues el kirchnerismo es el padre de la criatura desde el momento que la confiscación al salario por este concepto comenzó bajo su gobierno. Los K defendieron a capa y espada la pertinencia y legitimidad de esta exacción. La plataforma de Unión Ciudadana no promueve ningún cambio en el actual sistema regresivo de impuestos. Ni siquiera plantea restablecer las retenciones a las cerealeras y mineras que fueron suprimidas o recortadas por el macrismo.
 
Por último, hay una cuestión que no puede soslayar. La burocracia sindical que reparte sus favores y preferencias entre el oficialismo y la oposición patronal ha jugado un papel clave para dejar pasar este atropello.
 
El argumento utilizado para mantener el impuesto a los asalariados, compartidos por todos los bloques políticos patronales, es que su supresión compromete el financiamiento del Estado y agrava el déficit fiscal. El impuesto al salario representa un ingreso a las arcas del Estado de 110.000 millones de pesos, en tanto que un cálculo conservador indica que las exenciones por Ganancias, empezando por las rentas financieras ascienden, a 300.000 millones. Dos varas muy distintas, según los intereses de clase a los que se haga referencia.
 
Sólo el Frente de Izquierda plantea la abolición del impuesto al salario. En contraste con los otros bloques y bancadas del Congreso, el proyecto de ley presentado por el PO en el Frente de Izquierda excluye definitivamente del impuesto a los convencionados y plantea un mínimo no imponible de tres canastas familiares, incluso para los monotributistas y jubilados.
 
La abolición del impuesto al salario sólo puede venir de la mano de una acción colectiva vigorosa de los trabajadores, superando el bloqueo que representa la burocracia sindical, sometida e integrada al Estado capitalista y sus partidos. Un voto y un pronunciamiento a favor del Frente Izquierda contribuirá a fortalecer esta perspectiva.

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