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15 de septiembre de 2017

Córdoba: la reforma jubilatoria de Schiaretti y Macri

Por Franco Bockwoski
Delegado Departamental Lista Fucsia UEPC
El ataque a las jubilaciones es uno de los ejes de la política del gobierno nacional. La reforma previsional que promete para después de octubre entraña no solamente el aumento “optativo” de la edad, que resulta una extorsión considerando lo reducido del haber jubilatorio respecto del salario en actividad, sino que además busca separar definitivamente a la jubilación del salario y  transformarla en una asignación básica al trabajador pasivo, cuando no de la mínima, siempre tendiendo hacia ella. Para ello también apunta a transferir las cajas y los regímenes jubilatorios provinciales que aún persisten a la órbita nacional. En materia previsional, el gobierno de Macri se plantea completar los pasos que ya diera a grandes zancadas el kirchnerismo.
 
En Córdoba, la gestión anterior (2007/2011) del actual gobernador Juan Schiaretti avanzó en la armonización previsional que le exigía en ese momento el gobierno de Cristina Kirchner, con la ley 9504 sancionada en 2008 que redujo considerablemente el haber jubilatorio, calculándolo a partir de un promedio de los últimos 4 años. Schiaretti inauguró su actual gestión con la sanción de la ley 10333, que planteó en reemplazo de la nefasta y repudiada 10078 de De la Sota que postergaba en seis meses el cobro de los aumentos a los jubilados. Mediante la 10333, el gobierno ha eliminado de forma definitiva el 82% móvil para la jubilación provincial y la ha llevado a un 73%, sobre la base de recortar de los salarios un 11% previo al cálculo del haber jubilatorio para conformar un fondo llamado de armonización. En Córdoba está en proceso la armonización completa del sistema previsional con el régimen nacional. Schiaretti acordó con Macri por el déficit de la Caja provincial, labró estos acuerdos en la ley provincial 10395/16 y estableció como plazo último el año 2020 para completar la “adecuación”. En el camino, redujo por decreto las contribuciones patronales y recortó los aportes de los empleados públicos, promoviendo abiertamente el déficit de la Caja.
 
A esto hay que agregar que la Caja de jubilaciones de Córdoba se encuentra intervenida desde hace años, sin participación de los trabajadores, violando el propio estatuto de la Caja. Es más, sus cuentas forman parte del Ministerio de Finanzas, es decir que el gobierno toma los aportes jubilatorios de los trabajadores como parte de las finanzas provinciales.
 
En los planes del gobierno, desaparecen y debemos olvidar los aportes extraordinarios de 7% que realizamos los estatales cordobeses al fondo complementario para sostener el 82% móvil establecido por la ley jubilatoria provincial 8024. Por eso recortó los aportes para equipararlos a lo establecido en el régimen nacional, lo que llamó “armonización contable”. Como se ve, el plan de ajuste jubilatorio es completo y entraña una destrucción integral de los derechos previsionales, incluyendo un latrocinio a gran escala.
 
 
 
¿Cómo enfrentamos este ajuste jubilatorio?
 
Las responsabilidades sindicales en el avance de esta política son mayúsculas. El Sindicato de Empleados Públicos (SEP), cuyo secretario general José Pihén es a la vez legislador oficialista, aceptó sin chistar el recorte de 2% de sus aportes previsionales. Más grave aún, el sindicato docente (UEPC) elaboró con el gobierno una propuesta salarial que incluía la reducción de los aportes para disfrazar el techo del 19,5% en cuotas que impuso Schiaretti. Este punto del acuerdo es el que mayor rechazo ha encontrado entre los docentes. El gobierno ha sumado a los sindicatos a su política de ajuste jubilatorio y su promoción del déficit de la Caja. Los sindicatos no solamente han abandonado la lucha contra la armonización, sino que, al contrario, la promueven abiertamente. Luego del acuerdo salarial, la conducción de la UEPC conformó una mesa con el gobierno para negociar los términos de la armonización. Su planteo es que los docentes sean incluidos en el régimen especial de la 24016, separando a los docentes del resto de los estatales y avalando el robo de los aportes por parte del Ejecutivo.
 
Las directivas sindicales, además, se han preocupado por neutralizar cualquier iniciativa de lucha e intervención independiente que pueda surgir para defender la Caja y las jubilaciones. Conformaron desde el año pasado una Coordinadora de gremios estatales, que no ha servido para impulsar la lucha sino para frenarla, sino que sólo coordina su dilación y su colaboración con el gobierno.
 
Desde la Coordinadora Sindical Clasista, las agrupaciones estatales y Tribuna Docente hemos impulsado desde el principio un programa y un método para defender la jubilación, el 82% móvil y enfrentar el ajuste previsional. Convocamos a un plenario junto con organizaciones de jubilados, donde se votó un manifiesto programático y un plan de acción y movilización. Propusimos además, con el legislador Eduardo Salas del Frente de Izquierda, un proyecto de ley integral planteando la derogación de todas las leyes y decretos armonizadores, la vigencia plena de la ley 8024 que establece el 82% móvil, y un plazo de 60 días para terminar con la intervención de la Caja y elegir un directorio integrado por los trabajadores. El proyecto tiene la virtud de establecer un programa integral que es un camino a seguir para defender las jubilaciones y recuperar el 82% móvil. Fue presentado el día de la movilización votada en el plenario, lo que reivindica el método de lucha para enfrentar el ajuste.
 
La burocracia sindical interviene contra este método y este programa. Ya olvidó el reclamo por la derogación de la 10333, abandonó la 8024 y promueve la división para sacar a los trabajadores de la calle. Un sector de las organizaciones de jubilados ha impulsado la formación de lo que llaman Foro Córdoba Solidario por la Seguridad Social y el Trabajo, que integran desde radicales a kirchneristas y que votó en su última reunión en la sede del sindicato Luz y Fuerza, un programa que no coloca en primer término el 82% móvil ni el reclamo por el fin de la intervención a la Caja, banderas que sostienen varias de las organizaciones independientes de los jubilados, sino que pone en primer lugar  una “jubilación básica universal” de 15 mil pesos en base a una canasta de necesidades del jubilado. El planteo de una jubilación mínima equivalente a la canasta de la tercera edad resulta progresivo frente a los haberes mínimos de miseria que perciben casi la mitad de los pasivos a nivel nacional, pero no frente a una situación concreta donde la tarea central consiste en derrotar el plan de liquidación del sistema jubilatorio provincial.
 
Es imperiosamente necesario separar a los trabajadores del programa del gobierno que les impone la burocracia sindical, impulsar la asamblea general de estatales, el plan de lucha y el paro provincial para frenar la armonización y recuperar el 82% móvil birlado a los trabajadores cordobeses.

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