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18 de septiembre de 2017

“Los grandes empresarios tienen en la mira a la Patagonia"

Reportaje a Felisa Curamil y Juan Lincan, miembros del Parlamento mapuche en Río Negro
El ataque contra la comunidad mapuche de Lof Cushamen y la desaparición de Santiago Maldonado han replanteado a nivel nacional el debate sobre la represión estatal y el vasto proceso de apropiación capitalista de tierras y desarrollo de negociados mineros y petroleros en la Patagonia. En el presente reportaje, Felisa Curamil y Juan Lincan (miembros del Parlamento mapuche en Río Negro) se refieren a este proceso y realizan una mirada histórica de la opresión contra los pueblos originarios, concentrándose en lo sucedido durante los gobiernos de Kirchner y Macri.
 
Reclaman, también, la prórroga de la Ley de Tierras (26.160) que impide los desalojos y convocan, en tal sentido, a una marcha para el 27 de septiembre en Buenos Aires.
 
-¿Qué consecuencias tendría para la provincia el nuevo código de tierras?
 
-FC: Cuando asume Macri recorre muchos países para hacer acuerdo con los empresarios que quieren venir a explotar nuestras tierras, y hoy la problemática que hay acá es justamente que el objetivo de ellos son los territorios, y los territorios son los indígenas.
 
Luego del recorrido que hizo el gobierno y haber firmado acuerdos, en la provincia de Río Negro [el gobernador Alberto] Weretilneck saca el proyecto del Código de tierras. Este le permitirá a las empresas, al municipio y la gobernación la entrega de lo que ellos llaman “tierras fiscales”, nosotros decimos que es el territorio donde están asentadas las comunidades mapuche, donde ya han entrado camionetas y están haciendo cateos. Acá existe una organización, que es el Parlamento mapuche con el cual el gobierno nunca ha dialogado.  Nosotros venimos reuniéndonos con las comunidades de toda la zona y realizamos una gran marcha, que culminó en Viedma y nunca nos recibieron, ni siquiera recibieron el documento donde rechazamos el código de tierras, y se negaron a la  mesa de diálogo, violando el derecho de las comunidades indígenas a ser partícipes y  generar una consulta previa.  Están en juego nuestro territorio y nuestra cultura. No hay ni en Río Negro ni en todo el país una voluntad política de diálogo. El proyecto del código de tierra también contempla el cierre de escuelas. El no tener escuela en el espacio donde vivís te obliga a un desarraigo de tu zona. Hay un proyecto minero de carbón (Pico quemado, en Rio Chico Abajo en el departamento de Ñorquinco), donde quieren cerrar una escuela, con la excusa que no hay alumnos, para cederle las tierras a las mineras.
 
-¿Cómo ha sido el recorrido de su lucha en las últimas décadas?
 
-FC: Luego de la reforma de la Constitución de 1994, después de un gran movimiento de las diferentes comunidades, presionamos para que se nos reconozca como pueblos preexistentes, porque todas las leyes que habían eran de la dictadura, y no nos reconocían absolutamente nada, hablaban de indios domesticables que debían ser evangelizados. Luego seguimos trabajando a nivel internacional, a través del convenio 169 (antes era el convenio 107). Estos convenios están basados en la OIT (Organización Internacional del Trabajadores) y allí hay varios artículos que reconocen (14, 16 y 21) los territorios indígenas, y dicen que el Estado debe garantizar la participación, la consulta previa y libre e informada de los pueblos indígenas cuando se traten cuestiones de intereses relacionados a los territorios. Desde que el Estado  firma la ratificación de este convenio, tiene que dar garantías de participación. Si hay algo que no han hecho los gobiernos es avanzar sobre  esto.
 
Somos conscientes que dentro de lo que es el Estado argentino nos toca convivir con una sociedad donde hay diversidades, donde estamos nosotros como pueblo preexistente. Es absurdo pensar que nosotros queremos crear un estado paralelo. Esa idea que quiere hacer creer el gobierno es de quienes responden a los intereses de los terratenientes y empresarios. Su fin es enfrentarnos con el resto de la sociedad y no cumplir con los derechos que se han consagrado en la misma Constitución que ellos dicen defender.
 
En esta región muchos trabajadores somos mapuche, las empleadas domésticas, los gastronómicos, empleados municipales, somos mapuche, somos trabajadores también. Desde Roca y Sarmiento nos decían que éramos los vagos, los indios, las lacras y ahora en pleno siglo XXI nos encontramos con el mismo discurso. Ellos generan la violencia y ese enfrentamiento. Lo peor que nos puede pasar es enfrentar a los pueblos indígenas con los trabajadores, y en realidad acá tiene que haber una lucha común de los pueblos originarios con el movimiento obrero contra el Estado y los capitalistas. Lo que se está viendo hoy es una lucha de clase, entre los que manejan el poder y los trabajadores.
 
-JL: los peñi [compañeros] en la asamblea del parlamento plantearon que el pueblo originario quiere la tierra para el sustento de vivir, y no para hacer negociados como quieren los capitalistas. Eso es necesario que lo sepa toda la sociedad, no queremos la tierra con la ambición que tienen los capitalistas de explotar nuestros recursos, con la excusa de generar trabajo que es precario y es temporal… después todo es un desastre, queda contaminada la tierra, escasea el agua, hay enfermedades en las personas y en los animales. Por eso no debemos dejar pasar esos planes y el pueblo en su conjunto debe luchar.
 
-FC: Yo vengo con la historia de nuestros antepasados y tenemos la memoria viva de ellos de todo el genocidio, la humillación, la quita del idioma, de nuestra cultura y de nuestro territorio que aún continúa en este siglo XXI. El mensaje que quiere dar el gobierno a la sociedad, con la represión que sufrió la comunidad en Cushamen y la desaparición forzada de Maldonado, es que aquél que apoye esta lucha terminará como Santiago. Frente a esto tenemos  la obligación de luchar en conjunto. Lo que tienen los grandes empresarios, nacionales y extranjeros, es la mira en la Patagonia, de intereses de explotación de los recursos naturales, mineros, petroleros y del agua. Históricamente, ningún gobierno ha tenido la voluntad política ni hemos sido parte de la agenda pública los pueblos originarios. Mi abuela falleció en el 2001, tenía 113 años. Vivió la campaña del desierto, la fronteriza, todo el genocidio de todos los gobiernos, de dictadura y de democracia. Ellos vivían acá con los propios recursos que nos daban la naturaleza, donde todos estos territorios  eran nuestros. Nos vinieron corriendo y nos dejaron las peores tierras, asesinando a nuestros antepasados. Un genocidio, un etnocidio. Nos han asesinado y nos han despojado de nuestras tierras, en beneficio de grandes intereses económicos. Hoy el kirchnerismo podrá decir que apoya nuestra lucha, pero ellos reprimieron al pueblo qom, nosotros como parte de pueblos originarios no podemos hacer la vista gorda sobre eso. Nunca Cristina Kirchner recibió a Félix Díaz, que sí fue recibido por el zángano de Macri para sacarse la foto mientras continuaban reprimiéndolos. Los Bullrich o los Marcos Peña con sus familias han sido los que han quitado las mejores tierras de los pueblos indígenas, sus familias han matado miles de indígenas y nunca van hacerse cargo. Es gravísimo que esta misma gente sea la que hoy está gobernando.
 
-JL: está bueno darle una lectura política al resto de la sociedad, que se está involucrando a partir de lo de Maldonado y que entienden lo que son los derechos de nuestras comunidades. El gobierno a partir de que no se sienta con los pueblos indígenas a una mesa de diálogo ya está planteando la violencia, con sus medios de comunicación y sus aparatos para defenestrar nuestra lucha. Hay muchos ancianos que se han muerto reclamando sus tierras y a través de los años los gobiernos no les dieron atención.
 
-FC: el Estado, de forma inteligente, y para no hacerse cargo, quiere enfrentar al pueblo con los mapuche y el resto de la sociedad. El enemigo nuestro y de toda  la sociedad es el gobierno y el Estado, un estado opresor, que viene a oprimirnos, a mapuche, al movimiento obrero o al campesinado. Así como Maldonado, hay miles de personas que nos han acompañado en nuestros reclamos, porque se comprometen en la defensa de nuestros derechos, en la defensa de nuestros recursos como la tierra y el agua.
 
-¿Cómo ha sido la situación desde la aplicación de la ley 26.160?
 
-MC: Con nuestra lucha en 2006 logramos que cada provincia comience a hablar del tema con la participación de todos los pueblos originarios del país. Con la ley 26.160 se debió haber avanzado en la regularización de los territorios de los pueblos originarios, pero aquí en Rio Negro solo se reconoció el 50% a las comunidades. Por más que la ley planteaba frenar los desalojos sabemos que en otros lugares del país continuaron.
 
Con la ley 26.160 lo que “omitió” el kirchnerismo fue no agregar un artículo para entregar los títulos de los territorios demarcados, que eso es lo que nos garantiza el resguardo de nuestro territorio. Tanto el gobierno K como el gobierno actual  quieren evitarlo, para explotar toda la riqueza. Yo me he venido a Bariloche por una cuestión forzada, en toda la Patagonia fuimos sometidos a esa migración interna, nos han desterrado de nuestros propios lugares y luego nos toca integrarnos en las ciudades, sufrimos un doble desarraigo. Estamos llamando a una marcha a todos los pueblos para el 27 de septiembre en Buenos Aires para exigir una prórroga de la ley 26.160 e impedir un desalojo y se haga efectiva la entrega de nuestras tierras.
 
 
 
Entrevista realizada por Facundo Britos, Marcos Novara y Rafael Maigua

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