La esencia del Pacto Fiscal que acaba de firmar la mayoría de las provincias con el gobierno nacional es sencilla: “producir un cambio en los impuestos provinciales, castigando más al consumidor y, presumiblemente, menos a los productores industriales o agropecuarios” (Clarín, 6/8/93). O sea, castigar a los trabajadores con más impuestos al consumo y beneficiar a los capitalistas con menos impuestos a las ganancias y al capital.

El Pacto es entonces un trueque. Las provincias derogan y/o reducen los impuestos inmobiliarios, a los sellos y a los ingresos brutos, y las tasas y los impuestos a los combustibles, gas y electricidad (“excepto las que gravan el consumo doméstico”); el gobierno nacional, por su lado, deroga el impuesto a los activos. A cambio de esto, las provincias aumentarán el impuesto a las ventas mayoristas y minoristas, o lo implantarán allí donde no existe; el gobierno nacional, por su lado, está facultado a aumentar el impuesto al valor agregado.

No es, claro, un trueque de impuestos neutro para los trabajadores. No tiene por objetivo reducir los precios sino aumentar los márgenes de beneficios. Como dice “Clarín”: “los industriales pueden decidir absorber el impuesto para sí, aumentando su margen. Si esto pasa, los precios no bajarán en la medida del recorte de impuestos” (ídem).

Se estima, por todo esto, que estas medidas significan una transferencia de ingresos de los trabajadores a los capitalistas de 4.000 millones de dólares por año. Solamente por esto el salario real de los trabajadores sufrirá otra poda del 8%.

Con este Pacto, la estructura impositiva del país reposa casi exclusivamente en los impuestos al consumo, sin gravamen al capital y las ganancias. El Presupuesto del Estado se basa así exclusivamente en una poda salarial mensual del 30%, ¿o no dice acaso la propaganda oficial que en el precio de compra están contenidos los impuestos…?

Los gobernadores de las provincias patagónicas no firmaron el Pacto pero no para defender el salario. Néstor Kirschner, de Santa Cruz, reclamó al gobierno nacional un fondo compensador, porque si no, “por la escasa población del sur del país tendríamos que aplicar un impuesto del 14% sobre las ventas…” (La Capital, Rosario, 18/8/93). Las palabras de Kirschner revelan las consecuencias confiscatorias adicionales que tiene este Pacto para la mitad del territorio nacional.

Las novedades impositivas no terminan aquí. En la Rural, Menem anunció un generalizado plan de exenciones impositivas a la oligarquía, del orden de los 1.000 millones de dólares por año.

La consigna del Partido Obrero y del FIT es derogación integral de los impuestos al consumo: por un impuesto a los ingresos progresivo, para que paguen más los que más tienen.