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23 de noviembre de 2017

Río Gallegos: la privatización y los nuevos tarifazos del transporte

La empresa encargada del transporte público de la ciudad, propiedad de un ex funcionario kirchnerista, beneficiada por el intendente de Cambiemos con un nuevo aumento del boleto.
En línea con la agenda de ajuste y ofensivas contra el pueblo trabajador que lleva a cabo el gobierno de Macri, el representante local de Cambiemos e intendente de Río Gallegos, Roberto Giubetich, anunció en estos días un nuevo tarifazo en el transporte público.
 
Esto se debe, según Giubetich, a que la baja de subsidios que se implementará a partir del año que viene, impulsada por el gobierno nacional, traerá la necesidad de cubrir los gastos de la empresa de otro modo. “Debemos ver de qué manera se absorberán los costos. La absorción lo hará el Municipio, en parte, o en porcentaje al boleto, debemos buscar la forma, pero otra no hay”, dijo el intendente en el Concejo Deliberante (TiempoSur, 21/11)
 
Pero esto no es nuevo: a la empresa Montecristo, encargada del transporte público de la ciudad, ya se la ha beneficiado con la implementación de dos tarifazos sin ninguna audiencia pública, con la excusa de que la empresa estaba “en déficit” y que la Municipalidad no podía hacerse cargo de esto porque también estaba “en déficit”. Esto, claro, sin apertura de los libros de ninguna de las dos partes y sin que los nuevos ingresos derivados de los tarifazos sean destinados a inversión alguna para mejorar la calidad del servicio pésimo que tiene la ciudad –con unidades que se caen a pedazos o se paran de un momento a otro, recorridos irregulares, zonas a donde no se llega de ninguna manera y un sinfín de problemas más.
 
La unidad en el ajuste por parte del macrismo y el kirchnerismo tiene su expresión en Santa Cruz. La empresa Montecristo beneficiada a costa de los trabajadores y usuarios es parte de una megaempresa llamada “Autobuses Santa Fe”, que tiene como dueño al ex diputado nacional y funcionario del kirchnerismo Alejandro Rossi –con operadoras en gran parte del país–. Por su parte, el gobierno provincial de Alicia Kirchner cuenta con el silencio cómplice de la UCR en su negativa a reglamentar la ley de boleto estudiantil gratuito, aprobada en 2015 luego de años de lucha estudiantil.
 
Este escenario crítico en el transporte empalma con el desplome de los salarios y el acentuado vaciamiento de la salud y la educación, al borde de la privatización.
 
En defensa del transporte, la salud y la educación, desde la Unión de Juventudes por el Socialismo-Partido Obrero planteamos la implementación de un impuesto extraordinario al Casino (en manos del también kirchnerista Cristóbal López) y las grandes fortunas.
 
Levantamos también los reclamos de la apertura de los libros de la municipalidad y de la empresa; estatización del transporte público bajo control de los trabajadores y de una comisión de usuarios; y reglamentación inmediata del boleto estudiantil gratuito.

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