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4 de diciembre de 2017

Tucumán: el asesinato de Fernando Medina y el poder mafioso en las cárceles

Red narco encabezada por los agentes penitenciarios

El preso Fernando Medina fue asesinado por otro presidiario el  22 de noviembre pasado dentro de la cárcel de Villa Urquiza, en Tucumán. El hecho no hubiera trascendido si no fuera por el hecho de que Medina era un testigo protegido desde el mes de agosto pasado cuando, junto a otro preso, denunciara a varios guardias como los responsables de la venta de drogas en el penal y que los estaban extorsionando para que vendan drogas a otros presos, caso contrario les iban a dar vuelta los legajos y a prohibirles las salidas transitorias.

Medina cumplía una condena de 5 años y medio por robo agravado y ya llevaba 4 años detenido. En ese tiempo, según señaló su esposa, Medina había sido cooptado como soldado del servicio penitenciario.

Como resultado de sus denuncias cuatro guardias fueron detenidos y, en prevención por eventuales represalias, en septiembre fueron transferidos y alojados junto a otros presos en la Comisaría 7º.

El 19 de noviembre, con el pretexto de que se habían producido incidentes, un grupo de agentes penitenciarios irrumpió en la comisaría y, de hecho, porque no había ninguna orden judicial, secuestraron a Medina y al otro preso y los llevaron al penal.

En el trayecto, como quedó demostrado en la autopsia de Medina, fueron molidos a golpes. Ese mismo día, Medina avisó que lo iban a matar, a partir de lo cual, su esposa y su abogada intentaron durante dos días ser atendidas por el Juez de Ejecución de Penas, pero no lo lograron.

El 22, Medina fue asesinado y, como señaló su esposa, de esa manera han enviado una señal a todos los presos, para que nadie se anime a abandonar las normas que fijan los narcos penitenciarios.

El caso se ha transformado en un escándalo que ha puesto al descubierto una verdadera olla podrida y una organización mafiosa que compromete al Servicio Penitenciario, al Ministerio de Seguridad y al gobierno provincial.

Ahora se está investigando quién ordenó el traslado de Medina y el otro preso nuevamente al Penal y quiénes fueron los guardias que participaron del traslado y la golpiza. Por lo pronto hay 14 guardias que fueron pasados en disponibilidad.

El propio director del Penal y otros funcionarios penitenciarios han sido citados judicialmente.

Esta es solo la punta del ovillo. En la lupa de la investigación está el propio Juez de Ejecución de Penas quien, durante 48 horas, que resultaron vitales, no atendió los reclamos de la esposa y la abogada de Medina.

El cuadro es muy grave por la enorme organización narco que funciona en la cárcel. Según denuncian los familiares de presos, son los propios guardias los que llevan la droga (marihuana, cocaína, psicofármacos) al Penal y allí, por medio de presos reclutados, se organiza la venta.

Los días de visita, los familiares tienen que pagar lo adeudado. El no pago termina con feroces represalias que llegan a la muerte del propio preso deudor bajo la forma de peleas entre presos, tal como pretenden presentar el asesinato de Medina.

Se calcula que cada preso-tranza carcelario recauda entre 15 y 18 mil pesos por día de venta, de los cuales mil quedan para el preso sumado a algún tipo de protección y el resto lo transfiere a los penitenciarios. Los especialistas estiman que el 70% de los presos son adictos y que consumen dentro del penal.

La misma organización mafiosa se encarga de resguardar el monopolio frente a otras vías de ingreso de la droga. El que no compra la droga de los penitenciario va a sufrir una requisa donde le van a plantar droga y, con ello, distintas formas de castigos.

En los últimos dos años se ha producido una seguidilla de hechos criminales dentro del Penal que quedaron completamente impunes.

El caso Medina y la organización narco del servicio penitenciario no es un fenómeno aislado, sino que retrata de manera aguda la descomposición más general de todo el régimen político provincial. La lucha democrática en la provincia debe incorporar el reclamo del juicio y castigo por Medina, el desmantelamiento de toda la organización narco, y una política sobre nuevas bases que apunte a la recuperación social de los presos.

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