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17 de enero de 2018 | #1489

Decretazo

Decretazo: un ataque estratégico contra los trabajadores

Apenas pocos días después de haber derogado la emergencia económica, el gobierno ha lanzado un decretazo que introduce cambios enormes de la legislación vigente, eludiendo una deliberación previa del Congreso. Importa señalar que estas modificaciones entrañan un gran ataque a los trabajadores. Estamos ante un paquete que avanza en la reforma jubilatoria, en el ajuste que ya está en curso anticipa la reforma laboral que el macrismo tienen en carpeta. El decretazo incluye otras medidas en el llamado “Plan de desburocratización y reforma del Estado”.

El paquetazo le otorga al Poder Ejecutivo facultades muy amplias y márgenes discrecionales de acción, para operar en áreas sensibles de la vida económica y social del país. Aunque haya dejado de regir la emergencia económica, el Poder Ejecutivo queda investido de superpoderes -o sea, una emergencia sin emergencia. El macrismo ha apelado para ello a un mega-DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia). Esto pone en evidencia, por un lado, la tendencia a crear estados de excepción en el marco del régimen social vigente y, por el otro, que ese estado se encuentra inscripto en la Constitución en términos potenciales y efectivos.

La Constitución provee a la democracia argentina de instrumentos legales para enfrentar una crisis de dominación a partir de la lucha de los trabajadores. La legalidad no consiste en otra cosa que en el perfeccionamiento de la extorsión, la coacción y la represión contra las clases explotadas. La concentración de poder en manos del Ejecutivo y la sujeción de los otros poderes (Judicial y Legislativo) al primero, están contemplados en la Constitución, empezando por el estado de sitio, o sea la suspensión de derechos y garantías ciudadanas, y las intervenciones federales. Por supuesto, cuando esto no es suficiente, la burguesía no vacila en violar la Constitución o algunas de sus normas, para someter a los trabajadores.

Importa señalar que este nuevo decretazo no podría haber prosperado sin el concurso de la oposición. Todo indica que “el gobierno se quedaría con el control total de la comisión que avala o rechaza los decretos”  (Télam, 10/11).

Cambiemos busca asegurarse el control total de los DNU, dominando la comisión bicameral de trámite legislativo encargada de avalar o rechazar los decretos del Poder Ejecutivo. “La presidencia de la comisión y al menos la mitad de los integrantes quedarían en manos del oficialismo en los próximos días” (ídem). La oposición, de acuerdo a los trascendidos, le habría concedido la estratégica presidencia durante el primer año, con lo cual el macrismo se aseguraría la mayoría. De todas maneras, en el oficialismo del Senado confían también en que “el integrante del interbloque Parlamentario Federal sea un legislador de perfil dialoguista, para tenerlo como eventual aliado” (ídem). Mientras se pone el grito en el cielo contra la tentativa del gobierno de esquivar al Parlamento, se le despeja el terreno para que el decretazo pueda pasar. Es cierto que el paquetazo deberá pasar tarde o temprano por el Parlamento, pero no es indiferente que sea más tarde que temprano pues, en muchos puntos, la puesta en práctica de los cambios que contiene el DNU serían irreversibles, sin posibilidades de vuelta atrás.

Anticipo de la reforma laboral

El decretazo reduce las sanciones a las empresas por infracciones cometidas en el ámbito laboral. Las multas establecidas en la actualidad disminuyen y lo mismo ocurre con el tiempo en que las empresas figuran en el registro de infractores que se circunscribirá a un máximo de 30 días. La figuración en el registro representaba un impedimento para poder acceder a contratos del Estado, subsidios y ventajas impositivas.

Esto significa piedra libre para los capitalistas, ya que con sanciones irrisorias tienen un incentivo para seguir practicando los abusos laborales como viene ocurriendo hasta el momento.

Esta medida empalma con la del “blanqueo” planteado por el gobierno para las empresas que tienen personal en negro. Si alguna de ellas decide blanquear a los trabajadores que estén contratados de manera irregular, no deberán afrontar ninguna sanción por la falta cometida y se extinguirán los juicios que pudiera haber en marcha.

Además, el DNU facilita la posibilidad de embargar las cuentas sueldo. Es una disposición a medida de los bancos y acreedores. El Banco Central planteó que esta iniciativa ayuda a mejorar la calidad crediticia de los individuos, al poder dejar sus depósitos en garantía. Esto es simplemente la excusa; la realidad es que le facilita las cosas a las entidades financieras para cobrarse sus deudas. Ahora que se viene extendiendo la entrega de créditos hipotecarios, los bancos y operadores que entren en esa operatoria buscan curarse en salud por adelantado y tener un blindaje adicional en caso de que el sistema se desmadre y haya dificultades para cobrar las cuotas.

Ajuste y despido

Una de las cuestiones que ha quedada relegada a un segundo plano, quizá porque viene en un cuerpo separado del decretazo principal, es el llamado “Plan de desburocratización y reforma del Estado”.

La administración nacional dispuso congelar la contratación de personal en las dependencias del Poder Ejecutivo. El recorte de cargos jerárquicos es utilizado como pantalla de humo para proceder a una amplia racionalización del personal, empezando por los contratados.
Se contempla la instrumentación de un plan de mejoras salariales que estarán atadas a la productividad. Para la evaluación, en primer lugar, se tomará en consideración el presentismo de los empleados públicos. El objetivo es instalar una especie de lo que en el gobierno definen como “meritocracia”, con premios y castigos para los trabajadores estatales.

Obviamente, en este punto, la nueva disposición empalma con la reforma laboral que está en marcha. El salario podría determinarse a fin de cada mes en función del cumplimiento de metas. “Esto será un pago adicional y si se cumplen los objetivos, el plus salarial podrá alcanzar, a fin de año, entre uno y dos salarios más”.

Extensión de la reforma jubilatoria

Uno de los puntos centrales -sino el central- del decretazo es que echa mano de los fondos de la Anses. El Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) pasa ser un botín de los bancos y de la especulación. La normativa habilita al FGS a crear fideicomisos y “a realizar toda otra operación propia de los mercados financieros y bursátiles permitidas por las autoridades regulatorias” (ídem). Las nuevas atribuciones potencian la capacidad del Fondo para ofrecer parte de su cartera para garantizar deuda. Eso implica, por ejemplo, que el organismo podrá ofrecer títulos o acciones como garantía de los proyectos de inversión realizados bajo el esquema de Participación Público Privada o, más preocupante aún, para otro tipo de ingeniería financiera de carácter especulativo. La decisión, en definitiva, incrementará los riesgos que puede asumir el fondo y, por lo tanto, el peligro de un vaciamiento. Estamos en presencia de una desnaturalización total de los fondos de la Anses, cuya función es garantizar los haberes de los jubilados y como tal, deberían invertirse en colocaciones seguras. Si algo faltaba para convertir a la Anses en una gran AFJP, el decretazo avanza en la tarea de completar la obra. Bajo la nueva normativa, hay que olvidarse de que los fondos del organismo previsional sean aplicados a una mejora y recomposición de los haberes. Esto empalma con la tentativa de restablecer la jubilación privada que va de la mano con el desfinanciamiento del organismo. Si se pretende acceder a una jubilación superior a la mínima habría que aportar -de acuerdo a los proyectos oficiales en preparación- una suma adicional, administrada por una entidad privada.

Abajo el decretazo y el paquetazo antiobrero. No a esta reforma laboral y reforma jubilatoria encubierta. Ningún despido. Estamos en presencia de un ataque estratégico, lo que pone al rojo vivo la necesidad de una repuesta colectiva de la clase obrera a la altura de la situación que enfrentamos.
 

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