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1 de febrero de 2018

Villa 31: la falsa urbanización y los despidos de trabajadoras sociales

El gobierno porteño expulsó a diez empleadas de la Secretaría de Integración Social y Urbana encargadas del vínculo con los vecinos.

Cuando se cumplen ocho años de incumplimiento de la Ley N° 3343, que dispone la urbanización de las villas 31 y 31 bis, el barrio vive momentos de tensión: a los intentos de desalojos, relocalizaciones forzadas e imposición de obras por parte del gobierno se les suman el despido a mediados de enero de diez trabajadoras sociales de la Secretaría de Integración Social y Urbana, que estaban encargadas de mantener el vínculo y acompañamiento con las familias que residen en el barrio.

Los trabajadores del organismo, creado hace dos años, denuncian que los despidos “no responden a un recorte presupuestario, ya que la Secretaría tuvo un incremento del 135 por ciento” y que “se trata de un claro y feroz intento de disciplinamiento a las trabajadoras, que se organizan para defender sus derechos y los de la población del barrio”.

Que en pleno proceso de una supuesta “urbanización” despidan a las trabajadoras que llevan adelante un trabajo indispensable con las familias afectadas debe ser tomado como una nueva expresión de que los anuncios y las obras propuestas por el gobierno son un maquillaje que no viene a resolver los problemas de fondo de los vecinos.

Ninguna urbanización

Las obras que pueden verse en el barrio no suponen una verdadera urbanización, para la cual sería necesario un proyecto que tome de conjunto las problemáticas del barrio, elaborado con la participación de los vecinos y sus organizaciones, y que se oriente a garantizar el derecho de los trabajadores a vivir en la ciudad. Nada de esto viene sucediendo.

Al incumplimiento de la mencionada Ley N°3343 de urbanización, se suma que el dictamen que los vecinos presentaran en 2011 sigue sin aprobarse en la Legislatura, mientras que no se conoce un nuevo dictamen anunciado por el gobierno.

En cuanto a las viviendas nuevas, hasta el momento solo se construyeron unas pocas y, como lo han demostrado los vecinos que las ocupan, son de mala calidad –por lo que ya tienen problemas de filtraciones, faltan de terminaciones, etc. Dato fundamental: estas pocas construcciones tienen que ver con el corrimiento de la traza de la autopista Illia –una obra completamente innecesaria- y no con el supuesto proyecto de urbanización que dicen tener.

La obra de Infraestructura de las manzanas 104 y 12, la primera anunciada e inaugurada, rápidamente mostró los límites del “proyecto integral de infraestructura”: en la primera tormenta las calles se volvieron a inundar como antes. La mala calidad de las obras y las fallas técnicas habían sido denunciadas en un informe elaborado por un grupo de arquitectos e ingenieros, desoído por el gobierno.

Por último está el Programa Manos a la obra, lanzado a fines del año pasado. Con él nos enteramos que las mejoras de las viviendas quedarán en manos de los propietarios y no como un proyecto integral de urbanización. El gobierno “facilita materiales, asesora y acompaña”, pero para realizar las obras los dueños de las viviendas deben contratar a alguien o hacerlas con sus manos.

De pie

Siguiendo la larga tradición de lucha de la Villa 31, es necesario responder al proyecto oficial con un programa:

El proyecto urbanístico debe ser debatido con el conjunto de los vecinos y sus organizaciones, y contemplar todos los cambios necesarios para la transformación de la villa en barrio –entre ellos, la apertura de calles y de espacios verdes públicos.

El número de viviendas nuevas debe surgir de un relevamiento edilicio del barrio, con intervención y control de los vecinos; a partir de allí, debemos reclamar la reconstrucción o edificación de nuevas viviendas en reemplazo de todas aquellas que no reúnan las condiciones de habitabilidad.

En el valor de las casas a escriturar, debe descontarse el aporte y el desembolso realizado por cada familia para su edificación.
Se debe asegurar el acceso del inquilino a la vivienda propia.

Junto a otros puntos que seguramente saldrán de la deliberación de los vecinos, este programa debe ser la base para un organización independiente del gobierno para luchar a fondo por una urbanización real, por la reincorporación de las diez trabajadoras sociales despedidas y por el fin de la precarización en la Secretaría de Integración Social y Urbana.

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