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19 de marzo de 2018

Jujuy: el gobierno de Morales busca avanzar en la privatización de la salud

Por Iñaki Aldasoro Diputado Provincial

Luego del anuncio que sacudió al país, sobre la pretensión del gobierno de Jujuy de cobrarle por la asistencia sanitaria a extranjeros, el gobierno provincial ha desenvuelto una serie de medidas que empiezan a demostrar su verdadero contenido: la privatización de la atención sanitaria.

La intención de cobrarle por la atención médica a extranjeros, inclusive también por la educación, ha tenido repercusión nacional pero ha chocado rápidamente con sus propios límites. En la provincia, el gobernador Gerardo Morales (UCR-Cambiemos) ha tenido que recular en distintas instancias: pasó del planteo de cobrarle a los extranjeros que se atiendan un bono de U$S30 dólares, a exigir que tenía que ser el estado boliviano el que respondiera por la atención de sus ciudadanos. Ahora plantea un acuerdo de “reciprocidad” entre las naciones.

El gobierno azuzó a la población con un “tour sanitario” que realizarían ciudadanos bolivianos a Jujuy para realizarse estudios y tratamientos extendidos en el tiempo que no pudo demostrar en ninguna estadística. Los registros de los hospitales demuestran que menos del 0,5% de la gente que se atendió el año pasado en Jujuy no es residente en Argentina.

Hacia la privatización del servicio de salud

EL ministro de salud, Gustavo Bouhid, declaró en la prensa (El Tribuno, 5/3) que para que los profesionales de la salud puedan llegar a tener un salario acorde a la función que realizan debían avanzar en el recupero de prestaciones con las obras sociales. Ya se está elaborando un proyecto de ley para incorporar un nomenclador provincial para facturar a obras sociales, prepagas, seguros y ART (Jujuy al día, 19/3). Aquí se abre un cuadro de diferenciación en la atención, porque si el sueldo de los médicos depende de atender a pacientes con obra social, se crea un estado privilegiado en el propio servicio de salud pública. Se genera un principio de quiebre de la atención pública, poniendo fin a la incondicionalidad o universalidad de la salud pública. En Jujuy hay un altísimo porcentaje de trabajo informal, que creció en el último período (Jujuyalmomento, 18/1), trabajadores que al no estar registrados, carecen de cobertura médica y con estas medidas tendrían que pagar para ser atendidos en un hospital. Se calcula que el 65% de los jujeños se atiende en el hospital.

Plan Estratégico de Salud”

El gobierno ha anunciado la implementación de este Plan pero ni siquiera ha podido brindar un informe sobre en qué consiste. Este “plan” sigue la receta del Banco Mundial: descentralización de atenciones primarias, para concentrar los estudios complejos y habilitar el cobro por los mismos. Es la punta de lanza para aplicar la Cobertura Universal de Salud.

Se ha establecido la descentralización de profesionales y trabajadores de la salud por diferentes centros de atención para “desconcentrar” los ya saturados hospitales, especialmente los de la capital jujeña. Esto ha generado grandes crisis en el interior, ya que esta suerte de “itinerancia” de los profesionales está eliminando prestaciones de los hospitales. Por ejemplo, se produjo una pueblada en Maimará por la defensa de los servicios que allí se prestan y que con este nuevo esquema se pierde la atención de guardia las 24hs, el servicio de maternidad y el servicio de ambulancias para urgencias ya que se retiraron 4 de las 5 ambulancias que posee el hospital para una redistribución con otros centros de la Puna y Quebrada.

Vaciamiento

Queda claro que la rotación de profesionales y la descentralización de atenciones no puede contener el cuadro de vaciamiento en materia de salud que sufren los jujeños. Los centros de atención trabajan al límite de sus posibilidades. El año pasado hubo paro de profesionales en los hospitales, acampes de vecinos y un cuadro de movilización que culminó con la renuncia del ministro de Salud, el actual Senador Mario Fiad (UCR-Cambiemos).

Los recortes en Salud y Educación que está produciendo el gobierno tienen la función de reducir el déficit fiscal y cumplir con la metas impuestas por el Pacto Fiscal que suscribió la provincia con el gobierno nacional.

Hay que defender el carácter público, gratuito y universal de la atención sanitaria y exigimos al gobierno provincial que se abran los libros para saber en qué se gastan los recursos, y se informen todos los convenios que hay con clínicas privadas e institutos para la atención de ciertos padecimientos.

Desde el Partido Obrero creemos que la salud y el sistema sanitario deben ser reorganizados a partir de un sistema único de acceso universal y gratuito, pleno de presupuesto, tecnología y capacidad de resolución de todas las necesidades de los trabajadores.

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