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22 de marzo de 2018 | #1495

[Editorial] El regreso de la reforma laboral

Según algunos medios, la celebrada reducción de un 0,4% en la tasa de desocupación le ha dado fuerza al gobierno para volver a la carga con la reforma laboral. Si esto es así, el macrismo se da manija con un fraude: es que el ‘empleo’ que ha crecido es el de los cuentapropistas y ‘no registrados’. El gobierno festeja, en definitiva, a los desocupados que engrosan la lista de planes sociales (y que cobran como monotributistas) o a aquellos que, por haber sido despedidos, viven de changas y también deben facturar como ‘autónomos’.

Pero las razones reales del gobierno para retomar el plan flexibilizador son otras. En primer lugar, es una promesa a los popes de la Unión Industrial, después de la reunión con Macri. En medio de una impasse económica manifiesta, de la irrupción de importaciones y de la quiebra del financiamiento internacional barato, el gobierno sólo puede ofrecerle a las patronales industriales la promesa de un ataque frontal a las conquistas históricas de la clase obrera. En una semana signada por la visita de los emisarios de las potencias imperialistas, el representante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) abrió las jornadas del G20 con el mismo reclamo, a saber, que se aceleren las reformas antiobreras y privatizadoras como condición para considerar el ingreso de Argentina a esta organización.

Pero la razón más importante para el retorno de la reforma laboral viene del otro lado -o sea, de la situación de la clase obrera y sus organizaciones. Las enormes movilizaciones de diciembre habían obligado al gobierno a cajonear provisoriamente el plan flexibilizador, por temor a una reacción obrera aún superior a la despertada por el saqueo jubilatorio. Pero por esas mismas razones -la hostilidad visceral a la acción de los trabajadores-, la burocracia sindical reforzó todavía más su colaboración con el gobierno. Después de la implosión del ‘triunvirato cegetista’ -como consecuencia de las jornadas de diciembre-, la CGT comenzó una reunificación que reposa sobre dos pilares: de un lado, el ninguneo a las luchas contra los despidos que han sacudido a los trabajadores desde comienzos de año. Del otro, la firma acelerada de paritarias a la baja -Comercio, municipales porteños, Aguas- admitiendo aumentos del 12 al 15% cuando, al compás de los tarifazos y de la devaluación, la inflación de 2018 promete volver a acercarse al 25%. En esta lista de acuerdos ruinosos figuran notorios sindicatos pejotakirchneristas, como el de los encargados porteños (Santa María) y el de los aceiteros de San Lorenzo.
A esta CGT ‘reunificada’ están confluyendo Caló, el “Barba” Gutiérrez y el bancario Palazzo, después de haber coqueteado con Moyano.
El camionero, por su parte, dilapidó la movilización del 21F invocando la principal excusa en boga para no luchar contra el plan de guerra oficial: “votar bien en 2019”. Pero el supuesto beneficiario de este mensaje, el pejotismo, es el que lleva esa misma escalada antiobrera en numerosas provincias del interior. La burocracia sindical, empeñada en cerrar la ‘herida’ de diciembre, es la que le ha dado al gobierno el aliento necesario para volver a la carga con la reforma laboral.

La fiesta de todos

Haciendo uso de un recurso remanido (y que debutó con la dictadura de Videla), el gobierno piensa darle tratamiento parlamentario al paquete de leyes antilaborales en el curso del Mundial. En la fila de las reformas, se anotan el blanqueo laboral -un verdadero indulto a los capitalistas evasores-; el plan de capacitaciones -que permitirá el empleo de jóvenes en condiciones laborales y salariales inferiores- y la llamada “Agencia de Evaluación de Tecnologías Médicas”. El diario La Nación recabó la opinión del burócrata de un importante gremio industrial y no dejó lugar a dudas: “Estamos tan de acuerdo con el blanqueo, las capacitaciones y la agencia médica que si es necesario levantamos las dos manos en el Congreso” (20/3). La “agencia médica” es un sistema de recorte de las prestaciones de mayor costo o complejidad y le ha sido reclamada por los burócratas al gobierno. Quieren encubrir el vaciamiento que perpetraron sobre las obras sociales que dirigen a costa de los afiliados y de sus necesidades de salud. Pero esto sólo sería el comienzo: si esa primera tanda de reformas prospera, el gobierno irá por el abaratamiento de las indemnizaciones, otra de las exigencias estratégicas de la patronal. En definitiva, el mayor objetivo de los supuestos “creadores de empleo” no es otro que el de abaratar el costo del despido.

Unos y otros

La decisión oficial de volver a la carga con la reforma antilaboral no ha merecido un minuto de preocupación por parte de aquellos que baten el parche de la “gran unidad opositora” con vistas a las elecciones de 2019. La ‘megaunidad’ no ha tenido otro resultado que el de juntar a un conjunto de dirigentes desahuciados en la provincia de otro desahuciado -el clan Rodríguez Saá. Pero, mientras tanto, la consigna de “hay 2019” sirve de excusa para dejar pasar el “ajuste 2018”. Los diputados y senadores pejotistas, todos ellos cortejados por esta ‘gran unidad’, negocian en estas horas cómo hacer pasar el paquete de leyes reaccionarias que el gobierno presentó primero bajo la forma de un mega-DNU.

Mal que le pese al gobierno y a sus socios políticos y sindicales, hará falta mucho más que un Mundial para allanar la ruta hacia 2019. Por un lado, el fantástico quebranto con el exterior y las dificultades crecientes para financiarlo, está alentando una fuga de capitales (compra de dólares), que el gobierno financia con el remate de las reservas internacionales. Pero esa sangría de divisas es insostenible en el tiempo: una nueva devaluación agravaría todavía más el peso de los tarifazos, asociados a combustibles que el gobierno ha dolarizado. En previsión de esos futuros sacudones, el gobierno ha reemplazado a las cláusulas gatillo de los acuerdos salariales por difusas “cláusulas de revisión”, que podrían terminar en la nada. Incluso este cheque en blanco, extendido generosamente por las burocracias sindicales, puede terminar siendo un factor de crisis, y alimentar el reclamo de reapertura de las paritarias. Luchas encarnizadas, como la de los despidos en el Inti y en Río Turbio, continúan en pie, mientras la crisis industrial y fiscal hace su trabajo. El cordón industrial de San Lorenzo, por caso, está sacudido por los despidos en Cargill y la incierta situación de la refinería. Pero la demostración más clara de los tiempos en curso es la huelga que paralizó este martes a la provincia de Chubut.
Miles de estatales, docentes y trabajadores privados ganaron las calles contra un gobierno que, para continuar pagando su deuda externa, está poniendo en marcha un ajuste feroz. A pocos meses de firmado, el pacto fiscal entre Macri y los gobernadores muestra su verdadera cara, y anticipa un escenario convulsivo para el conjunto del interior. Mientras tanto, el Congreso nacional es el centro de una enorme batalla que, aunque tiene en su primera fila al movimiento de la mujer, involucra a todos los trabajadores: es la pulseada por la victoria del aborto legal, que se bate contra un frente clerical “transversal”, con oficialistas y seudo-opositores.

El sindicalismo clasista y la izquierda tienen la tarea de apoyarse en estas tendencias de lucha para pelear por una acción de conjunto de las grandes organizaciones obreras contra la reforma antilaboral. El puñado de burócratas que se unifica para dejar pasar este engendro antiobrero no tiene autoridad ni mandato para decidir por toda la clase obrera. Por un Congreso de bases de la CGT, las CTAs y todos los sindicatos, por asambleas y plenarios de delegados en todos los gremios, para preparar y resolver una lucha a fondo contra la reforma antiobrera, por paritarias libres y para que no pasen los despidos.

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