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19 de abril de 2018 | #1498

Abajo el tarifazo

El aumento del gas del 40% en abril se suma a la seguidilla de tarifazos aplicados desde comienzos de año. La luz aumentó un 28% en enero. El transporte va a acumular una suba del 70% hasta agosto.

Este golpe al bolsillo se suma a la carestía general, encabezada por los alimentos. El costo de vida ha subido un 7% en el primer trimestre, la mitad de la mentirosa “meta de inflación” del 15% para todo el año 2018, anunciada a comienzos de año.

El gobierno, que se declara “preocupado” por la inflación, es el responsable directo de esta escalada.

Ha asegurado que se le pague a los monopolios petroleros un precio del gas que triplica el valor internacional. También resolvió que los combustibles se coticen a valor dólar, y que el valor de las naftas siga al precio internacional del petróleo. Ello, a pesar que el trabajo de extraer y producir combustibles se paga en pesos.

Hoy, los trabajadores argentinos están destinando uno de cada cinco pesos de sus ingresos al pago de servicios públicos.

A pesar de esa enorme transferencia de riqueza social, la producción petrolera ha caído, y la de gas, en la mayoría de sus cuencas, también. Lo mismo puede decirse de las distribuidoras de energía, que siguen asolando a la población con cortes de luz.
Los gobernadores de todos los signos han seguido esta línea de tarifazos, a la que se asocian con los impuestos provinciales confiscatorios que le imponen a las boletas de servicios públicos.

El repudio al tarifazo ha “despertado” a algunos aliados del gobierno, que quieren despegarse de este mazazo. Piden que se revisen las boletas “mal calculadas”. Pero no cuestionan el corazón de este régimen expoliador, que debutó con aumentos del 400 y 500% en 2016 y luego dolarizó las tarifas. Lo mismo puede decirse del kirchnerismo, que plantea retrotraer los tarifazos “a 2017” -o sea, dejando pasar los grandes aumentos anteriores.

El Partido Obrero plantea: los tarifazos deben retrotraerse integralmente. Hay que abrir los costos y libros de las privatizadas y contratistas a la consideración popular, para que se conozcan sus verdaderos números y el gran desfalco contra el pueblo. El reconocimiento de ese saqueo debe dar lugar a la nacionalización integral de estos servicios, bajo control de sus trabajadores.

Las centrales obreras, al igual que lo hacen con el salario o los despidos, miran para otro lado. Es necesario integrar este reclamo al de toda la agenda de la clase trabajadora, en la lucha por un Congreso de bases de todos los sindicatos, para resolver un plan de lucha hasta derrotar la escalada oficial contra el salario y por el derecho al trabajo.

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