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26 de abril de 2018 | #1499

[Editorial] La lucha contra el tarifazo y sus “rescatistas”

Las iniciativas anunciadas por el gobierno para ‘reducir el impacto’ de los aumentos de tarifas tienen un denominador común: apuntan al rescate integral de esta confiscación y, al mismo tiempo, a zafar de la crisis política generada por los aumentos continuos del gas, la luz, el agua y los peajes.

La decisión de “suspender” una parte menor de los impuestos de carácter provincial que gravan los servicios públicos, sólo ha sido ‘acatada’ por los macristas Vidal, Larreta (“por un año”) y Gerardo Morales. Macri ha amagado con una ley dirigida a “limpiar” de impuestos distritales a las boletas de servicios -a sabiendas que sería inconstitucional, tanto por decreto como por ley. Pero le serviría al gobierno para “compartir el costo político de la suba de tarifas” (Clarín, 20/4); o sea, para echarle parte del fardo al pejotismo. Mientras tanto, el gobierno ha dejado inalterado el IVA, que llega -según el caso- a gravar hasta el 27% de las boletas de servicios. Es el impuesto más confiscatorio sobre el consumo popular y tiene un peso decisivo en la recaudación de un Estado que concentra el 14% de sus recursos al pago de los intereses de la deuda pública. Macri tampoco toca el impuesto a los combustibles, que los encarece en alrededor del 25 por ciento. Y tampoco Ingresos Brutos, que es el principal impuesto provincial. El financiamiento del Estado debe correr por cuenta de los grandes capitalistas, no de los trabajadores que, en un elevadísimo porcentaje, no cubren la canasta familiar.

La especie de que la eliminación de los subsidios a los servicios públicos es necesaria para poner fin al déficit fiscal y a la emisión del dinero que lo financia es una mentira monumental. Ocurre que las tarifas dispuestas para el gas y la luz son una consecuencia del plan de precios “ascendentes” para el gas en boca de pozo, que arreglaron el gobierno y la Corte en 2016. Los valores impuestos por este acuerdo triplican los precios que rigen en el mercado norteamericano, a pesar de que los costos de extracción del shale gas o petróleo en ese mercado son similares a los de la cuenca neuquina. El encarecimiento por decreto del precio del gas en boca de pozo multiplica el costo de generación de electricidad y la tarifa, a la que se añade el IVA e Ingresos Brutos. Una periodista especializada acaba de señalar que este incentivo a la producción adicional de gas “lleva implícito un subsidio de consumidores o del propio Estado a los productores, para que superen la pereza inversora” (Cronista, 24/4). El tarifazo, justificado en nombre de la eliminación de subsidios, es un gran subsidio al capital internacional, en especial al instalado en Vaca Muerta, el único yacimiento que aumentó su producción en los últimos años.

La tarifas y la deuda

Las “calificadoras de riesgo” han seguido con lupa el tira y afloje de estos días en torno del tarifazo. La razón es sencilla: las tarifas dolarizadas operan, por un lado, como garantía de las compañías de servicios que apelan al endeudamiento internacional. Es lo que ocurrirá de aquí en más con los corredores viales, que pagarán los usuarios. Según Clarín (24/4), el sistema de participación pública privada “duplicará y hasta puede triplicar el (precio) de obras realizadas en base al método tradicional”, y que serán solventadas con peajes dolarizados y con nuevos cargos en el precio de los combustibles. Por otro lado, los impuestos que encarecen la tarifa funcionan como garantía de pago del aún mayor endeudamiento público. Todo esto ya se vivió bajo las privatizaciones de Menem-Cavallo -que saltaron por el aire en 2001. La PPP afectará, asimismo, a obras de transporte energético y de infraestructura para Vaca Muerta, todo lo cual deberá contar con el respaldo de las tarifas de gas y de luz. El llamado desarrollo energético es una operación del capital financiero. A su turno, la reducción de subsidios libera fondos del presupuesto público para el pago de la deuda externa.

El tarifazo, la oposición y la clase obrera

La crisis de estos días no es sólo un accidente o un tropiezo en el proceso político macrista. El plan en curso enfrenta una verdadera tormenta. Piénsese solamente en la suba del precio internacional del petróleo, a 75 dólares el barril, que va a repercutir en las tarifas dolarizadas. El aumento es ocasionado por la devaluación internacional del dólar; ello como consecuencia del encarecimiento de la deuda pública descomunal de Estados Unidos. Asistimos a un potencial ataque aún mayor al bolsillo de los trabajadores, a una crisis de deuda externa en perspectiva y a una crisis de financiamiento en la industria tributaria de los combustibles -en primer lugar el servicio eléctrico y gasífero. La crisis de los tarifazos expresa una impasse más general de la Argentina de Macri.

Tampoco amainarán las disputas al interior de la coalición oficial, en relación con un nuevo reparto del botín energético. Carrió, una lobbista del capital internacional, además de reclamar el rápido remate de los activos petroleros de Cristóbal López, arremete también contra el grupo Mindlin, un hijo de los K convertido al macrismo, que ha distribuido dividendos fenomenales sin haber invertido un peso en energía.

La oposición ha salido a fustigar el tarifazo a la cola de Carrió, que justifica su cruzada en el objetivo de asegurar que Macri… termine su mandato. El pejota-kirchnerismo no cuestiona este sistema confiscatorio. Cristina Kirchner, que plantea retrotraer las tarifas a enero de 2017, está hablando para las tribunas, porque el “sendero de precios” del gas que el gobierno y los jueces pactaron en 2016, lo inventó antes su propio gobierno -de la mano de Kicillof y Galluccio, en el último trienio del kirchnerismo. El massismo dice que quiere un ajuste de tarifas de acuerdo con la evolución del salario -algo que nunca se le había ocurrido en ocasión de los grandes tarifazos 2016/17.
Toda esta complicidad subraya la necesidad de que los sindicatos se pongan de pie. La burocracia es la gran muda en esta crisis, cuando se hace más necesaria que nunca la lucha por paritarias sin techo, con piso en la inflación real, y un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar -que debe computar ahora la suba de tarifas.

Es necesario un Congreso de delegados mandatados por asambleas, de todos los sindicatos, sean de la CGT o la CTA, para plantear un pliego de reivindicaciones y abrir el debate en función de una reorganización social de conjunto. En primer lugar, la anulación de los tarifazos, la apertura de los libros y costos de las empresas de servicios; poniendo fin a las privatizaciones y al endeudamiento usurario; el control obrero y una contabilidad única sobre el conjunto de la economía nacional, la cual comienza por el cómputo de los propios medios de vida de los trabajadores.

Frente a las reducciones provisorias de impuestos distritales dispuestas para rescatar al tarifazo, planteamos la eliminación de todos los impuestos al consumo y el establecimiento de impuestos al gran capital. Al régimen de entrega de los recursos energéticos al capital internacional, le oponemos la nacionalización sin pago de las empresas de combustibles y energía, bajo control obrero.
Con esta línea intervenimos en el Parlamento y en las organizaciones obreras, y hacemos un llamado a las nuevas direcciones obreras, al clasismo y a la izquierda a luchar en común en esta dirección.

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