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8 de mayo de 2018

Gobierno y oposición buscan aprobar una ley dictada por los especuladores 

Qué es la ley de “financiamiento productivo”

Por tercera vez este año, la Cámara de Diputados intentará aprobar la llamada “Ley de Financiamiento Productivo”. Y no es que haya división en el seno de la burguesía y sus partidos al respecto. Por el contrario, las bancadas oficialistas y ‘opositoras’ burguesas han declarado su disposición a votarlo afirmativamente. 

No pudo ser tocada en sesiones anteriores por el desarrollo de la crisis política (¡tarifazo!) que alejó su tratamiento de los temarios presentados. 

En realidad esta ley ya había sido presentada en el 2016 con su verdadera identidad expuesta: Ley de mercado de capitales. Bloqueada en aquel momento, vuelve a presentarse, previamente adornada y maquillada y con una nueva cédula de identidad a nombre de “Financiamiento Productivo”. 

Se usa como excusa la pretensión de abaratar el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas (Pymes). Pero la invención de una factura electrónica que podrá ser usada para las empresas que actúan como tercerizadas o proveedoras de monopolios, como garantía para descontar préstamos, será en realidad una nueva veta de negocios para bancos y financieras. No hay crédito barato –y menos para las Pymes- con tasas de interés pasivas para las Lebac del 40%.

Derivados financieros

También se hace propaganda con el argumento de que esta ley viene a respaldar el desarrollo de un mercado hipotecario para resolver el grave problema de la vivienda existente. Pero la creación de “cedulas hipotecarias” donde los bancos podrían descontar los préstamos hipotecarios para vivienda indexados (UVA) que otorgan, se trata de nuevos derivados financieros como los que provocaron la crisis capitalista del 2007 en los EEUU y el mundo.

Esto cuando la indexación por inflación de los créditos UVA está haciendo crecer el valor de las cuotas de manera acelerada, más rápido que los ingresos de los tomadores, lo que lleva a una crisis a un plazo no lejano.   

Por otra parte, el proyecto obliga a contraer seguros a los tomadores de créditos, lo que encarecerá las cuotas a pagar, que cada día se ven más estiradas en los plazos para hacer frente a los mayores montos de los créditos producto de la inflación. 

Según La Nación (17/11/17) “apunta a profundizar el mercado de derivados”. Amplía el negocio de los llamados “fondos comunes” equiparando impositivamente (desgravaciones) a los fondos “cerrados” con los “abiertos”.

Y los habilita a administrar fondos de ahorro y retiro (una especie de fondos de pensión) para canalizar el aporte “voluntario” de quienes busquen un complemento a su jubilación estatal. Abre así las puertas a la jubilación privada, lo que implicará un empeoramiento de los reducidos haberes actuales de la estatal para “empujar” al futuro jubilado a buscar un seguro por esta vía.

El objetivo declarado para impulsar esta ley es la de contar con un “sólido mercado de capitales”. Pero ¡se aprobaría en la semana de la caída estrepitosa de la Bolsa! 

En noviembre pasado, cuando se debatió en Diputados, Eduardo Amadeo, portavoz de la bancada del PRO, declaró: “Esta reforma es revolucionaria, porque le da previsibilidad al sistema”. ¡Qué pavada! ¿no?

Continuidad

Esta reforma del mercado de capitales profundiza la sancionada en el 2012 por Cristina Kirchner con el apoyo de la bancada de la UCR. Lo que demuestra la continuidad entre esta política del macrismo y la del anterior gobierno “nacional y popular”.

La reforma actual, con la excusa de afianzar la “seguridad jurídica y la confianza” de los especuladores, coloca trabas para la fiscalización de la Comisión Nacional de Valores (CNV), liquidando la posibilidad de intervención de empresas con manifiestas irregularidades y maniobras contra accionistas minoritarios, que otorgaba el artículo 20 de la anterior ley, derogándolo (no olvidar las multas que aplicó la CNV en 1992 a Franco y Mauricio Macri por manipulación de precios en la oferta de acciones de Sevel). 

La ley ha sido denunciada por la Asociación de Consumidores Financieros, que alerta que los pequeños inversores quedan totalmente desprotegidos frente a los emisores en caso de conflicto. En la mayoría de los casos tienen que ir a litigar en juzgados extranjeros (Londres o Nueva York) “con larguísimos contratos escritos en inglés” y a miles de kilómetros de la Argentina. 

Esa Asociación presentó una larga lista de monopolios que incumplen los compromisos y manipulan en contra de los pequeños inversores: “Sideco Americana, Autopistas del Sol, Autopista del Oeste, Acindar, Multicanal, Metrogas, Clarín, Banco Hipotecario, Banco Galicia, Banco Río y muchas más”. La ley que se va a votar, dicen “es una parodia de derecho de defensa” para los inversores pequeños y beneficia las maniobras de los expertos especuladores.

La Nación, en un editorial, plantea que “urge sancionar la ley de mercado de capitales”, haciéndose eco de uno de los reclamos que venían levantando las entidades financieras imperialistas para “recalificar” a la Argentina, subiéndola de categoría de “país frontera” a “país emergente”, lo que hubiera devenido en la obtención de préstamos a una tasa un poco inferior. 

¿Una ley tardía?

Pero esta condición, “necesaria”’, ya no es suficiente. Es tardía. La Argentina está peleando para no caer más abajo en las calificaciones de deuda. No hay crédito internacional para casi nadie, y menos para la Argentina, si no es en condiciones ultra leoninas. 

La aprobación de la Ley será un tributo político a la burguesía financiera.

Cuando se debatió el año pasado en Diputados, fue nuestro diputado, el compañero Pablo López (Salta), quien presentó un dictamen de rechazo. Allí planteo que “crédito barato para las Pymes no habrá de ninguna manera. Para ello es necesario no reforzar las tendencias parasitarias del capital financiero, sino extirparlo antes que asfixie por completo la economía popular”. 

“Es necesario expropiar (sin indemnización, por supuesto) a la banca privada y constituir una solo gran Banca Estatal, que debiera estar bajo control de sus trabajadores”, destacaba el proyecto y añadía que “la apertura de los libros bancarios demostraría claramente como los banqueros se llenaron de dinero a costa del pueblo y las finanzas nacionales”. 

El proyecto de nuestra bancada concluía que “solo una gran banca estatal, bajo control de sus trabajadores, podrá orientar el crédito en favor de un plan de desarrollo nacional y de satisfacción de las necesidades obreras y populares. Esto no lo puede llevar adelante, de ninguna manera, este gobierno, agente del capital financiero: solo un gobierno de trabajadores podrá impulsar esta transición”.

Nuestra diputada Romina Del Plá, profundizará esta orientación obrera y socialista.

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