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12 de junio de 2018

Río Gallegos: una ordenanza que no resuelve la problemática animal

Por Corresponsal

El pasado jueves, en la última sesión del Concejo Deliberante, se aprobó –con los votos del Frente para la Victoria y el radicalismo- un proyecto de control de sobrepoblación de animales que habilita indirectamente la matanza de animales y, por el otro, desliga al Estado de su responsabilidad en este problema de salud pública.


En el caso de un perro que haya mordido más de una vez, la nueva ordenanza establece que será el Colegio Veterinario quien decida por la vida del can. La experiencia indica que el Colegio Veterinario no está dispuesto a rehabilitar al animal con el método del adiestramiento ni tampoco proceder a la limadura de colmillos. Por su parte, la Municipalidad se desentiende del problema transfiriendo su función a dicha entidad que, en los hechos, queda habilitada a aplicar la “muerte digna”.

Esta nueva reglamentación viene a reforzar una fracasada ordenanza de 2014 que solo ha servido para empeorar la problemática animal (cada día tenemos más perros) y a crear un ambiente de convivencia animal-humano cada vez más insalubre. Esto se debe a la incapacidad de las distintas gestiones para definir una política pública que aborde el problema, a pesar de las permanentes iniciativas y propuestas de los proteccionistas, incluido un proyecto de ordenanza de equilibrio poblacional de la fauna urbana que se viene aplicando en otros puntos del país con resultados exitosos. 
Otra cuestión importante del proyecto es la aplicación de multas para los vecinos, estableciendo, de esta forma, un castigo para quienes los concejales consideran “irresponsables”. Esta no es una política a favor del vecino sino que se busca sancionar a quienes no han recibido educación sobre la vida animal y que tampoco cuentan –en muchos casos- con un salario que les permita atender integralmente a su mascota, es más, muchos trabajadores viven con un salario por debajo de la línea de pobreza. Pero esta política tampoco favorece a los animales, ya que si el municipio aplica multas muchos de esos vecinos no podrán siquiera pagarlas generando más abandono, o sea, perros sin dueño y en la calle y un mayor riesgo de que se produzcan accidentes (mordeduras, peleas entre canes por alimento, más roturas de basura, problemas de tránsito, etc.). La contracara de esta política de sancionar al vecino es la falta de punibilidad para con las empresas que contaminan sistemáticamente la ciudad, por ejemplo, los frigoríficos.

Desde el Partido Obrero exigimos la derogación de esta nueva ordenanza y de la 8426 y que se apruebe la ordenanza de equilibrio poblacional de la fauna urbana defendida por los activistas, la cual ha demostrado en los hechos que es el camino para reducir la cantidad de animales. Reclamamos también un programa de 50 castraciones diarias, gratuitas e ininterrumpidas financiadas con un impuesto al Casino y a las grandes empresas que operan en nuestra ciudad, así como también, acciones educativas de manera urgente para toda la población.

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