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13 de junio de 2018

Emergencia en Educación, Salud y Seguridad: un proyecto de ley para desviar la lucha en Chubut

Por Corresponsal
Comité Provincial PO Chubut

La Mesa de Unidad Sindical (MUS) y el FPV- PJ presentaron en la Legislatura de Chubut un proyecto de “Ley de Emergencia en Educación, Salud y Seguridad”, que pese a su tramposo nombre tiene poco y nada de progresivo y puede costarle caro a los trabajadores. 

La finalidad política del proyecto es clara: para la MUS es “de vida o muerte” tomar una iniciativa que canalice a un movimiento de lucha que no encuentra respuestas y amenaza con desbordar todo control; para el FPV-PJ, llevar el conflicto al terreno legislativo (manejable) y reposicionarse como alternativa de cara a las elecciones del 2019.
Por otro lado, la declaración de la emergencia “de los sistemas de Educación, Salud y Seguridad en Chubut por el término de un año” puede redundar en un agravamiento de la situación crítica que atraviesa la provincia. Las declaraciones de emergencia nunca han sido buenas noticias para los trabajadores: basta recordar la emergencia económica chubutense de los años ‘90 que congeló salarios por 10 años o la de meses pasados, que dio lugar a los decretos de ajuste del gobernador Mariano Arcioni. En nombre de la emergencia y la crisis siempre se justifica el ajuste, en materia salarial y condiciones laborales de los sectores populares y obreros.

El proyecto

Al inicio de los considerandos del proyecto se dice que el mismo “pretende la creación de un fondo especial denominado ‘Fondo de Emergencia de la Educación, la Salud y la Seguridad”, con el único señalamiento de que “el Estado tiene el deber de destinar a las necesidades de los derechos sociales, los recursos suficientes dentro del gasto público” –una generalidad que deja al antojo del gobierno el uso de esos recursos. 

A su vez, la extensión de la emergencia a “Seguridad” supone que, de aprobarse la ley, parte del fondo será destinado la policía chubutense. En una provincia fuertemente militarizada y con grandes convulsiones sociales, otorgar mayores recursos económicos a los encargados de reprimir las protestas sociales es una insensatez.
Con estos fines se establece un adelanto extraordinario de regalías de las petroleras, hidroeléctricas y gasíferas; y medidas relativas al impuesto inmobiliario rural y a los ingresos brutos. En cuanto a las regalías, su carácter de adelanto muestra que se trata de un paliativo que agrandará el agujero en el futuro. El texto aclara que se busca “aumentar los ingresos del Estado (…) sin afectar los derechos económicos de los sectores que deben contribuir (…) en el marco de la responsabilidad social empresaria”, pero son las grandes empresas, a las que explícitamente no se afectará en “sus derechos de propiedad y económicos”, las responsables de la crisis actual, ya que el desangre económico de la provincia es producto, fundamentalmente, de las subvenciones, protecciones, garantías y salvatajes financieros que todos los gobiernos han brindado a los pulpos mineros, petroleros o pesqueros. Cuando habla de la utilización del fondo para atender el “bienestar general”, puntualizando los “bienes de consumo, servicios, bienes de capital y subsidios”  el proyecto insiste en la misma línea de saqueo al servicio de los capitalistas.

En relación con los impuestos inmobiliarios rurales a las grandes superficies de campo, su formulación tan enrevesada y tiene tantas exenciones que lo más probable es que su aplicación no alcance a los grandes terratenientes como Benetton -especialistas en esquivar obligaciones legales. Por su parte, el ítem “ingresos brutos”, sin los controles adecuados, será trasladado a los precios, es decir que lo pagarán los usuarios o consumidores finales, y de paso empeorará la situación laboral y salarial de los trabajadores de los sectores afectados -del mismo modo que el proyecto de ley de beneficios a las Pymes, impulsado por la Federación Empresaria del Chubut, termina favoreciendo a los grandes empresarios, para los cuales trabajan las empresas pequeñas, como satélites, y de ese modo evaden cargas y utilizan modalidades de contratación fraudulentas.

Por último, el “control de los fondos” que el proyecto destaca a fin de “garantizar la transparencia en el gasto, incorporando formas de control ciudadano” es otro engañapichanga, ya que el ciudadano solo podrá hacer un seguimiento por internet de las cantidades que entran y salen, sin intervenir en lo más mínimo para direccionar los recursos de acuerdo al interés de la mayorías y sus prioridades. Esa tarea se deja en manos de representantes del Poder Ejecutivo, del Legislativo, de la CGT, de la CTA y la FECh (Federación Empresaria): prácticamente todos los involucrados en los chanchullos que causaron la ruina de Chubut.

Propuesta

El contenido del proyecto no tiene nada de progresivo – en realidad, lo contrario- y, por su función política, es directamente reaccionario; desvía la lucha y conduce al movimiento al callejón sin salida del parlamentarismo estéril.
En lugar de una “dádiva” lo que corresponde es, primero, investigar exhaustivamente el origen de las deudas provinciales, establecer su posible carácter fraudulento y recuperar el dinero ejecutando los patrimonios personales de los ejecutivos y funcionarios comprometidos y expropiando aquellos bienes que corresponda. Y segundo, diseñar una completa reestructuración de la responsabilidad fiscal y tributaria de los sectores que cuenten con los mayores ingresos.

En oposición a esta orientación, promovida por la MUS, el FpV-PJ y otras fuerzas sindicales, el Partido Obrero propone tres medidas urgentes y sencillas:

1- Que los gremios que integran la MUS realicen un gran plenario, con delegados electos por sus bases y con mandato de asambleas, que resuelva una lucha común para arrancar lo adeudado y un programa de salvataje de la provincia. Que se reorganice el sistema de impuestos gravando de manera progresiva a las grandes empresas y fortunas personales de la provincia.

2- Que se suspenda de manera inmediata el pago de la deuda provincial usuraria, se investigue su origen y se juzgue a todos los responsables del desastre actual.

3- Los fondos siempre están, o pueden estar, si el Estado provincial ¡y el nacional! son emplazados con una lucha a fondo. Que se exija al Gobierno nacional una transferencia directa para el pago de salarios adeudados, que sea controlada por los sindicatos.
 

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