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28 de junio de 2018 | #1508

[Editorial] La situación política después del paro

El masivo paro general ha sido un principio de intervención colectiva de los trabajadores en la crisis política nacional. Después de la corrida cambiaria, del rodrigazo oficial y de la crisis de gabinete, la clase obrera apareció como un factor propio en el escenario político, aún con los límites brutales que le impuso al paro una burocracia sindical que colabora con el gobierno antiobrero desde su misma asunción. Estas mismas razones explican la militancia activa de la gran patronal contra el paro. La burguesía acumula distintos agravios contra el gobierno, pero le teme como a la peste a una irrupción de la clase obrera en medio del desbarranque oficial.

El paro y el pejota

Los diarios destacaron el “significativo silencio” (El Cronista, 26/6) frente al paro de la oposición pejotista, desde Insfrán a Urtubey pasando por Massa y Cristina. Este “bajo perfil” tuvo su expresión en las diferentes expresiones sindicales del peronismo. El triunvirato cegetista se limitó a informar del “cumplimiento de la medida”, sin anunciar continuidad alguna. Los dirigentes sindicales kirchneristas, a su turno, actuaron a la rastra de la CGT. Mientras ello ocurría, el pejotismo parlamentario anunciaba el inicio de negociaciones con el gobierno respecto del presupuesto 2019, a sabiendas de que se trata –ni más ni menos- que del puño y la letra del Fondo Monetario Internacional. A cambio de la preservación de algunas obras públicas, el pejotismo provincial y parlamentario está dispuesto a un consenso presupuestario que implicará, entre otras agresiones, llevar hasta el final la política de tarifazos, despidos masivos de empleados públicos precarizados, la licuación del salario de docentes y estatales y el remate del Fondo de garantía del Anses.

Pero en torno de esta negociación, se teje una trama que excede al propio presupuesto: la gran burguesía sabe que el plan fondomonetarista puede terminar con las pretensiones reeleccionistas de Macri, y comienza a debatir una “transición ordenada” a manos de quienes aseguraron su gobernabilidad en estos dos años y medio. El kirchnerismo, por su parte, aspira a una gran interna con estos gestores del ajuste, del cual es partícipe su propio gobierno en Santa Cruz.

“Emergente” sumergido

La pretendida “transición”, sin embargo, tendrá que atravesar primero por las contradicciones que deja el derrumbe económico de la gestión macrista, de un lado, y la aceleración de la crisis mundial, del otro. El gobierno celebró la declaración de Argentina como “mercado emergente”, un ‘diploma’ que sólo comenzará a regir en un año y cuya vigencia depende de que el ingreso y salida de capitales del país continúe sin traba alguna. Sólo bajo esa condición –la de fugar capitales “libremente”- los fondos especulativos podrían seguir lucrando con la bancarrota argentina. Pero esa euforia “emergente” se evaporó rápido: las acciones de las empresas locales volvieron a caer en la plaza local y en Wall Street. Por una parte, bajo el agravamiento de la guerra comercial internacional, y sus consecuencias sobre las exportaciones y las monedas de los supuestos “emergentes”. Por la otra, es significativo que la caída bursátil se encuentre encabezada por las empresas energéticas, o sea, las beneficiarias de los tarifazos que el gobierno, después de la megadevaluación, negocia postergar en el tiempo, temeroso de sus consecuencias sociales explosivas. En este cuadro, se ha desatado una guerra sorda entre productoras y distribuidoras de energía, de un lado, y de todas ellas con el gobierno, del otro, respecto de quién paga los platos rotos del plan oficial de tarifas dolarizadas. En otro plano, la desorganización económica generada por la megadevaluación ha agravado la recesión industrial. El gobierno busca defender el apoyo de la gran burguesía prometiendo sostener el peso devaluado y, principalmente, reforzando una línea de agresión contra la clase obrera. Pero el peso de la crisis capitalista –en el plano local y mundial- se despliega con toda su fuerza.

Perspectivas

A la hora de trazar un rumbo contra el plan de guerra oficial, es necesario que partamos de esta caracterización de conjunto. Enfrentamos a un gobierno fracasado, cuya política de rescate del Estado y de la gran burguesía ha acentuado la bancarrota nacional. Lejos de aportar a una estabilización, el acuerdo con el FMI es un factor de choques con su propia base social empresarial y, desde luego, de acentuación de todos los antagonismos con las masas. El paro general de este lunes expresa el progreso de esta crisis política.

A pesar del férreo trabajo de contención de la burocracia sindical, que saludó al paro del lunes como un “desahogo”, para los millones que pararon la jornada del lunes dejó planteada la cuestión de su continuidad.

En el escenario del paro se desplegaron más de 50 piquetes en todo el país, organizados por el sindicalismo clasista y la izquierda. En los piquetes del clasismo, flameó también la bandera de lucha por el aborto legal, que protagonizó un nuevo pañuelazo, ahora, contra las maniobras dilatorias que encabeza la clerical Michetti en el Senado.

Hay que llevar ahora las conclusiones del plenario del 23 y del gran paro del 25 a las grandes organizaciones obreras, para ponerlas de pie frente a la ofensiva capitalista y, en esa lucha, recuperarlas para una nueva dirección fundada en la independencia política del Estado y los partidos patronales. La batalla por un paro activo nacional de 36 horas, por un plan de lucha y la preparación de la huelga general para derrotar al plan de Macri y el FMI está completamente enlazada a la tarea de colocar a la clase obrera como protagonista de la crisis nacional, y para que pueda imprimirle a esa crisis su propia salida.

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