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5 de julio de 2018 | #1509

[Editorial] La ofensiva de un gobierno en crisis

[Editorial] La ofensiva de un gobierno en crisis

Foto: Fede Imas

La suba del dólar, el nuevo salto del riesgo país y la caída generalizada de las acciones en la Bolsa sepultaron la ilusión de que el acuerdo con el FMI y la calificación de Argentina como “mercado emergente” alcanzaban para superar la crisis. Incluso las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Nueva York y que serían las primeras beneficiadas por la nueva calificación tuvieron pérdidas enormes. En relación con el riesgo país, su nuevo salto implica que el crédito está virtualmente cerrado, a no ser que se paguen tasas cercanas al 10% anual en dólares. De este modo, vuelve a plantearse una crisis de financiamiento, dado que el préstamo con el FMI está muy lejos de hacer frente a la necesidad de divisas. Los vencimientos de capitales e intereses de deuda, más el déficit de la balanza de pagos, la nueva deuda del Tesoro creciente por canjes de Lebacs del Banco Central y el agujero fiscal, superan con creces los 30.000 millones de dólares que Macri recibiría del FMI hasta el final de su mandato, siempre y cuando se cumpla el cronograma de desembolsos condicionado al cumplimiento de metas. En este cuadro, la nueva devaluación del peso puso de manifiesto “una estampida contra los activos del país” -como lo expresó un editorialista económico durante el fin de semana.

Ajuste y choques

El pánico en el que entró el gobierno fue reconocido por el propio Macri, cuando afirmó que “los mercados no nos creen”. Para superar esta ‘desconfianza’ se tomó la decisión de avanzar de manera directa con el ajuste. La primera manifestación de ello fue el naftazo de un 8% encabezado por la semiestatal YPF. Debe tenerse en cuenta que el despedido Aranguren había pactado un incremento del 3% mensual hasta diciembre y perdió su cargo justamente por no querer postergar el aumento. Lo ocurrido con las naftas se trasladó también a las tarifas de los servicios públicos. La caída de las acciones de las empresas energéticas fue una corrida ejecutada por el gran capital ante las versiones de que el gobierno postergaría los aumentos previstos. Ahora, anunció que mantendrá los precios dolarizados para el gas, en beneficio de los monopolios que acaparan los recursos naturales de Vaca Muerta. Sin embargo, esta confirmación conlleva un choque con las empresas que transportan y distribuyen el gas y la electricidad, y que tendrán ‘sólo’ un incremento por inflación, mientras deben pagarle precios dolarizados a los productores. Esta diferencia, que se mide en millones de dólares, planteará nuevos choques en el próximo período.

La crisis ha alcanzado un nivel en el cual la salida no puede alcanzarse sólo haciéndosela pagar a los trabajadores. Dicho de otro modo: la crisis también afectará a sectores capitalistas. La cuestión es quién la paga y a qué precio. El gobierno también decidió continuar con la rebaja de retenciones, a pesar del enorme beneficio que implica para el capital agrario una devaluación que en el año ya alcanza el 60%, y en los dos años y medio de Macri más de un 200%. Esta disminución choca con el compromiso de reducción del déficit pactado con el FMI y empujará, para compensarla, a una parálisis de la obra pública. Ante esto, la Cámara de la Construcción y las camarillas de gobernadores ligadas a ella han salido a amenazar con decenas de miles de despidos.

Los choques que plantea la crisis se dan al interior de la coalición oficial. El gobierno nacional quiere avanzar en el traspaso de los servicios de gas, electricidad y agua a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, sin los recursos correspondientes. Esto significa, ni más ni menos, que el tarifazo lo apliquen Larreta y Vidal o que en su defecto se hagan cargo de los subsidios. Sin embargo, a fines del año pasado, el gobierno nacional le impuso a todas las provincias una reducción de impuestos, en el marco del pacto fiscal. Ahora, los gobernadores piden que se suspenda el pacto, pero los empresarios beneficiados impositivamente se niegan. Los choques, como se ve, son en todas las direcciones.

Dolarización

Como este ajuste es insuficiente para superar la corrida, el gobierno ha resuelto seguir el consejo de Cavallo y avanzar en una dolarización generalizada. Es que, para los especuladores, no hay tasa de interés que contenga la corrida contra el peso y los activos en moneda nacional. Al momento de escribir este editorial, la tasa de interés de las Lebacs roza el 70% anual, lo que inmoviliza el circuito económico y rompe la cadena de pagos. La salida, por lo tanto, es lograr que quienes abandonan las Lebac (en pesos) compren los nuevos títulos de deuda del Tesoro nominados en dólares.

Esta redolarización de la deuda plantea a corto plazo una crisis, porque su repago requiere contar con divisas que el país no genera ni por vía comercial ni por inversiones directas. Se trata, por lo tanto, de una medida desesperada para zafar de una corrida que no pueden dominar. Debido al retroceso en dólares del PBI por la devaluación y la nueva deuda emitida, la relación entre deuda y PBI llegará al 80% a fin de año. Así, la bandera del defol vuelve a flamear sobre Argentina.

Pacto de San Isidro

La aceleración de la crisis ha mostrado la incapacidad de enfrentarla con medidas económicas. La presión impuesta por el FMI llevó a que la mayoría del pejotismo dé su visto bueno al acuerdo. Los gobernadores, por lo pronto, salieron a declarar que trabajarán para la reducción del déficit fiscal tal como lo establece el pacto con el FMI. Junto con ello se abrió una negociación para la aprobación del Presupuesto 2019, que incluye también al Frente Renovador de Massa y a los bloques del Justicialismo en Diputados y Senadores. El intento de avanzar en ese acuerdo había tenido su bautismo de fuego en un restaurant de San Isidro, donde se avanzó también en materia electoral. Según los trascendidos, este sector del PJ y Massa armarían una coalición sin el kirchnerismo. De este modo, le darían tranquilidad a los inversores que si pierde Macri no habría modificaciones en el rumbo general. Para no perder el tiempo, Massa viajó rápido a los Estados Unidos a una academia que lo coucheará como candidato.

Los límites de este acuerdo, sin embargo, están dictados por los propios choques que se sustancian al interior de la clase capitalista por ver quién paga la factura de la crisis. Y, más en general, por la capacidad del gobierno de controlar la situación y evitar una aceleración de la crisis que ponga en juego su propia continuidad. Pero más allá de la sustentabilidad de estos pactos políticos escritos sobre arena, lo que importa denunciar es que en la actual situación política juegan un papel central en hacer pasar el ajuste pactado con el FMI sobre los trabajadores.

En este punto, el kirchnerismo no se distingue en lo sustancial, ya que su estrategia se reduce a reclamar la unidad con los Pichetto, Massa y Urtubey. E incluso donde gobiernan de manera directa, como es el caso de Santa Cruz, son ellos mismos los ejecutores del ajuste. El silencio “táctico” de Cristina expresa, en realidad, la carencia de un programa para enfrentar el pacto con el FMI. El kirchnerismo formula sólo un programa mínimo para contener las consecuencias sociales del ajuste, encubierto con distintos tipos de emergencias (alimentaria, habitacional, etc.). Están fuera de su radar los planteos de repudio al pago de la deuda, la nacionalización de los recursos naturales y de las empresas de energía, de la banca y del comercio exterior.

La lucha del movimiento obrero

El acatamiento masivo al paro nacional mostró la bronca contra el ajuste en marcha. También dejó en evidencia que la clase obrera es la única clase social interesada realmente en la derrota de la ofensiva capitalista pactada por el gobierno, los gobernadores y el FMI. Mientras los capitalistas negocian en las mesas del poder sus propias reivindicaciones, los trabajadores tienen que irrumpir en la escena nacional para imponer la reapertura general de las paritarias, el aumento de emergencia para los jubilados y la defensa de los puestos de trabajo ante una recesión que con seguridad conllevará una catarata de nuevos despidos.

Lejos de toda continuidad, el triunvirato cegetista decidió entrevistarse con los funcionarios del FMI para negociar una mesa de concertación. El pacto con el Fondo ha parido una ‘CGT Lagarde’. La base de este pacto es admitir un reajuste salarial de entre el 20 y el 25%, cuando la inflación estará por encima del 30%. El moyanismo, que posa de ala combativa del movimiento obrero, y la Corriente Federal kirchnerista, han contribuido a este acuerdo presentando sus respectivas paritarias como victorias resonantes.

En oposición a estos pactos, llamamos a darle continuidad al paro nacional del 25 de junio, mediante una gran campaña por un paro activo de 36 horas con movilización a Plaza de Mayo. El Plenario Nacional de Trabajadores, realizado en Lanús, se movilizará el próximo 12 de julio con el reclamo del paro activo de 36 horas y por un programa de salida a la crisis en función de los intereses de los trabajadores.

El Partido Obrero, integrante del Frente de Izquierda, apoya y contribuye con esta campaña destacando la consigna “por la derrota del plan de ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI”. Desde esa perspectiva, hemos planteado al FIT una decidida campaña de intervención política para acompañar con una salida de los trabajadores, las luchas obreras y la acción del clasismo.

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