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5 de julio de 2018

Salta: Urtubey refina sus métodos para hacer pasar los desmontes

Por Arturo Borelli
Diputado provincial

A principios de junio el gobernador Juan Manuel Urtubey anunció la creación de la Agencia para la Protección Ambiental de Salta (APAS), un organismo que se encargará “del control medioambiental y de bosques nativos en la provincia”. En tal sentido, se presentó el decreto 616/18, que supuestamente duplicará la superficie de áreas protegidas por la provincia, incorporando poco más de 1,5 millones de hectáreas adicionales, distribuidas en más de 250 matrículas individuales. Estamos frente a iniciativas engañosas y superficiales que buscan disimular la permanencia y profundización de las políticas agresivas contra el medio ambiente, las que han convertido al gobierno de Urtubey en noticia internacional por el nivel record de desmontes autorizados. 

Recordemos que en enero, a través de una resolución del Ministerio de Ambiente nacional, se declararon ilegales los permisos de desmonte dados por Urtubey en 32 fincas salteñas ubicadas en áreas protegidas. La escandalosa y pública destrucción del Chaco llevó al gobierno salteño a acatar la medida, pero, como sostuvimos desde Prensa Obrera, entre el Ministerio de Ambiente y Urtubey no había divergencias de principios sino coyunturales y se iba a trabajar en un acuerdo para continuar con la depredación. De hecho, días después, Greenpeace comprobó que las prácticas ilegales seguían adelante en tres de las treinta y dos fincas, una de ellas, “Chuchuy”, propiedad de Alejandro Braun Peña, primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri. 

Finalmente, Urtubey y el ministro de ambiente Sergio Bergman se reunieron y acordaron una revisión de los desmontes suspendidos, “caso por caso”, buscando “no perjudicar las decisiones de la provincia”. Ese método es claramente la negación de la ley bosques y echa por tierra también cualquier criterio medioambiental, en tanto la provincia se compromete a compensar los desmontes autorizados con reforestaciones que pueden producirse en cualquier otro sitio.

¿Urtubey ecologista?

Maniobras como las descriptas anteriormente son el espíritu de los recientes decretos de Urtubey, que al tiempo que intentan flexibilizar los desmontes, “duplican” la superficie protegida por la provincia. En realidad, por ahora agregaron pocos lotes, entre ellos los extensísimos 51 y 14, territorios habitados por comunidades wichis y criollos. Dado que el accionar del gobernador no contempló estudios ni consultas populares previas en la zona, la inclusión como área protegida posiblemente aumente la incertidumbre y la conflictividad entre sus pobladores y el Estado. 

Es claro que estamos ante una iniciativa netamente política sin ningún reparo ambiental. Un informe indica que “la distribución de las áreas decretadas está altamente fragmentada. Más del 70% tienen superficies menores a mil hectáreas, y un tercio es menor a 300 hectáreas”. Y luego concluye: “muchas de estas áreas pequeñas y aisladas serán más bien plazas, que áreas de conservación de biodiversidad y recursos naturales” (Fundación Refugio, 3/7). 

Pero además, el trabajo de protección se hace con fondos nacionales de la Ley de Bosques, que nunca fueron aportados más allá de un 13% anual de lo verdaderamente estipulado y hoy sólo llegan al 4%. Así, en 2015 la Secretaría de Ambiente de Salta informó que de las 19 áreas protegidas, solo 2 contaban con guardaparques permanentes: Acambuco y Costas. La Reserva “Los Andes”, por ejemplo, es la más grande –la puna salteña- pero no cuenta con ningún sistema protector, a pesar de que allí se desarrolla la minería del litio, cobre, oro, etc. 

Peor aún, las sanciones administrativas a quienes violen las reglamentaciones se miden en litros de nafta, y en general la cantidad de litros es tan insignificante que hasta la propia auditoría de la provincia sostuvo que se transforma casi en un costo de los productores, las pocas veces que se aplican.

Desde el gobierno nacional y Greenpeace se ha propuesto sancionar como delitos penales a los desmontes ilegales. Pero eso no explica por qué se los ha permitido hasta ahora sin siquiera fijar multas: se ha creado un Registro Nacional de Infractores, y los registrados son muy pocos y lo recaudado insignificante. En realidad hay una política de Estado para vulnerar el ambiente, sea a través de prácticas ilegales o con decretos contrarios a la ley, como se le viene permitiendo a Urtubey. 

Las zonas amarillas en peligro

La Sociedad Rural ha presionado durante años por lo que considera un manejo “restrictivo” de las zonas amarillas del mapa [zonas designadas para uso sostenible del bosque]. Ignacio Lupion (vice de la Rural salteña), remarcó en varias oportunidades que el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada que “imponía” la ley nacional no generaba expectativas para el desarrollo (El Tribuno, 29/3/17). Por ello, en 2017 Salta presentó un nuevo MBGI, diferente al original desarrollado por el INTA Santiago del Estero, y ahora se pone en vigencia a través del nuevo decreto. El llamado “modelo Adamoli” supone un desmonte encubierto; plantea un 10% de cambio de uso del suelo (desmonte), 40% de ganadería silvo-pastoril, 10% de área de reserva total o clausura y 40% de uso sustentable del bosque. Además, se propone que el manejo ganadero no se realice en el mismo espacio que el manejo del bosque (ver “Ordenamiento y Manejo con Ganadería Integrada”, en el sitio Antanoticias). 

La burguesía ganadera está ejerciendo una enorme presión en Salta: desplazada de los centros productivos del país por la soja, han ido poblando diversas zonas. Un informe  observa que en el periodo 2004-2015, el 80% de la superficie afectada para proyectos de cambios de uso de suelo (PCUS) se ha concentrado en los departamentos de Rivadavia (20%), Anta (36%) y San Martin (24%). Destacándose que en los dos últimos se destinaron el 72%y el 96% a ganadería, respectivamente. 

Por un reagrupamiento independiente para defender el medio ambiente

El balance de los 11 años de Urtubey en el poder son 500.000 nuevas hectáreas desmontadas. Aproximadamente 250000 de ellas fueron directamente desmontes ilegales, 125.000 desmontadas con procedimientos de la ley y otros 125.000 bajo el procedimiento de las re-categorizaciones prediales. Es decir 3 de cada 4 Has desmontadas fueron en áreas en donde no estaba permitido hacerlo.

Para avanzar en su política, Urtubey siempre se dotó de maniobras que incluyen los mismos ingredientes presentes en sus últimos anuncios: Mesas de “consenso” entre las ONG, científicos, patronales y gobierno. Se busca el compromiso de los ambientalistas,  su adaptación o lisa y llanamente la cooptación para hacer avanzar el interés del capital. 

De aquí que es esencial para el desarrollo de un verdadero movimiento ambientalista que enfrente al capital depredador y al estado que lo sostiene, denunciar todas las maniobras de cooptación. Luchamos por un ambientalismo que tienda a converger con la clase obrera en su lucha contra el capital. 

Impulsamos nuestro proyecto de ley de moratoria de desmontes en esa perspectiva. Y proponemos la rediscusión de un mapa del uso del suelo que responda a una reorganización social de conjunto en función de los intereses de los trabajadores de la ciudad y del campo y de la defensa de los recursos y el ambiente para las próximas generaciones. 

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