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2 de agosto de 2018 | #1513

Un gobierno empantanado acelera el ajustazo

Panorama económico
Un gobierno empantanado  acelera el ajustazo

El gobierno coloca todas sus fichas en hacer pasar el plan de ajuste pactado con el FMI

Hasta fines de diciembre, el gobierno debe hacer frente a unos 10.000 millones de dólares de Letras de Tesorería (Letes), que puso en circulación para ir sustituyendo los bonos que venía emitiendo el Banco Central (Lebacs). El stock total de Letes se acerca a unos 20.000 millones de dólares, de modo tal que hay analistas que, fundadamente, hablan de una situación explosiva. La bomba de las Lebacs ha sido reemplazada por una bomba de las Letes. Es cierto que las tasas de interés de estas últimas son del 4 ó 5%, en lugar de las siderales tasas que el Estado viene pagando en pesos, pero el agravante es que el país debe desembolsar dólares que no dispone. A diferencia de los pesos, no puede apelar a la maquinita para emitirlos. Importa señalar que mediante la creación de nueva deuda en dólares ha podido desarmar 200.000 millones de pesos de Lebac, apenas un 17% de la existencia total. Es decir que todavía sigue quedando en pie una suma cercana a 1 billón de pesos, que representan un monto equivalente a toda la circulación monetaria. Este hecho obliga al Banco Central a seguir manteniendo tasas usurarias del orden del 45 % anual.

Pero el panorama tiende a agravarse. Es sencillo hacer las cuentas: siguiendo el sendero del acuerdo con el Fondo, luego del desembolso inicial de 15.000 millones de dólares de junio, vendrán desembolsos trimestrales de 3.000 millones de dólares. O sea, ingresarán sumas del FMI por valor de 1.000 millones dólares al mes hasta el final del préstamo. Una suma similar se espera de otros organismos internacionales de crédito. Ahora bien: los vencimientos e intereses de la deuda externa, exceptuando Letes, llegan en 2019 a 26.000 millones de dólares. Es decir, esos 2.000 mensuales están enteramente afectados para cumplir con esas obligaciones del Estado nacional. Esto no incluye ni provincias ni sector privado.

Al gobierno no le queda resto y no podrá recurrir, por consiguiente, como lo hace ahora, a la venta de 100 millones de dólares diarios parar financiar el déficit fiscal o la reducción del stock en Lebacs con dólares. Recordemos que los acuerdos con el Fondo le imponen serias restricciones para el uso de las reservas. No habrá margen tampoco para financiar las importaciones (aún con la recesión en desarrollo, la balanza comercial sigue en rojo). Y ni hablar de la fuga de capitales hacia el exterior que no se ha detenido. De modo, que la perspectiva que se avecina es una nueva corrida cambiaria y, por lo tanto, un horizonte de nueva devaluaciones.

Los dólares del Fondo no alcanzan para hacer frente a la deuda, el comercio exterior, las remesas de dólares al exterior o para atesoramiento y el déficit fiscal al mismo tiempo. El macrismo necesita otras fuentes de financiamiento. La perspectiva de un mayor endeudamiento externo (el denominado mercado voluntario de crédito) se torna cada vez más sombría en momentos en que se acentúa la huida de capitales de los países emergentes, más aún cuando ya están programadas nuevas subas de la tasa de interés de la Reserva Federal norteamericana.

El cristinismo de regreso

En este contexto, el macrismo está apelando a los mismos métodos que echó mano en su momento el kirchnerismo: a la deuda interna con los organismos públicos. Esta semana el gobierno ha vuelto a tomar 16.000 millones de pesos de la Anses para financiarse -ya en el curso de este año había tomado un préstamo similar. A cambio, la Anses recibirá Letes y, por lo que ha trascendido, serían en pesos y de carácter intransferible. En otras palabras, las Letes en dólares y transferibles están reservadas para los bancos y bonistas, mientras a la Anses se le enchufan títulos en moneda local. Si tenemos en cuenta la perspectiva devaluatoria en ciernes, asistimos a una nueva y brutal confiscación de la Anses. Ya en los planes oficiales, acordados con el FMI, está prevista la venta de las acciones de empresas privadas en poder del organismo estatal, que integran el Fondo de Garantía Sustentabilidad, para atender el déficit fiscal. Estamos ante un vaciamiento de la caja de los jubilados.

La gran pulseada

De cara a este escenario, el gobierno, con más razón, coloca todas sus fichas y se juega en hacer pasar el plan de austeridad pactado con el FMI. Tiene apuro por dar señales de que se cumplirá el acuerdo con el Fondo y, en esa medida, remontar la pérdida de su capital político que viene cayendo en picada. Del desenlace de esta ofensiva dependen sus chances de una reelección y, más todavía, su sobrevivencia política, en la medida que un agravamiento de la crisis actual compromete la finalización de su mandato.

Por lo pronto, el plan de la Casa Rosada consiste en apretar el acelerador y mostrar, avances en la negociación para implementar el ajustazo programado. Las tratativas abarcan a los gobernadores, tanto oficialistas como opositores, pertenecientes al PJ. El ajuste para el año que viene, que debería quedar plasmado en el Presupuesto 2019 es de 300.000 millones de pesos, que es el equivalente a los intereses que hay que pagar sólo del Estado nacional. La intención del gobierno es que un tercio de esa suma sea bancada por las provincias. Pero ya estas últimas cargan con sus propias deudas, la mayoría de las cuales están dolarizadas, en una proporción que ha ido en aumento en los años de gestión macrista. Las recientes devaluaciones han colocado en terapia intensiva a gran parte de ellas, de modo tal que enfrentan una situación explosiva.

No hubo que esperar la sanción del Presupuesto, para que el ajuste se pusiera en marcha. Una prueba es la poda que acaba de anunciarse en las asignaciones familiares, por un monto de 5 mil millones de pesos y, por supuesto, el techo al salario en las paritarias de estatales y docentes. La lucha que viene librando el magisterio, en primer lugar en Capital y provincia de Buenos Aires, se ha convertido en una pulseada estratégica para el conjunto del movimiento obrero.

Derrotar la ofensiva

Un adelanto también de lo que se viene es la caída que se registra en la inversión pública. Datos oficiales del primer semestre revelan que la cuenta total, incluidos los fondos destinados a las provincias, anota una caída nominal promedio del 28% contra el mismo período del año pasado. Computada la inflación anual, el bajón representa 58 puntos porcentuales equivalente a 38.000 millones de pesos menos en doce meses. Previsible, esto viene echando leña al fuego a la recesión, a la cual el gobierno y sus socios en las provincias y las patronales no se privan de explotar como mecanismo de presión y amedrentamiento para hacer pasar esta ofensiva.

En este marco, ya se está hablando de una revisión del pacto fiscal del año pasado, en virtud del cual se establecieron rebajas de impuestos. Los gobernadores plantean rever esta poda de modo de compensar los recortes de sus ingresos como consecuencia de los acuerdos establecidos con el FMI.

Las rebajas impositivas que Buenos Aires aceptó a partir del último pacto fiscal están comiéndole, unos 20.000 millones de pesos. En la Carta de Intención con el FMI, el macrismo dejó abierta la puerta a “algunas modificaciones si fueran necesarias para alcanzar nuestras metas fiscales”. Está en puerta un impuestazo que iría de la mano del aumento ya en curso de las tarifas y, en general, con la escalada inflacionaria que ha pegado un nuevo salto.

Las enormes privaciones y sacrificios que se le exigen al pueblo no aseguran, sin embargo, salir del atolladero, no eximen al país de caer en una nueva bancarrota. El fantasma de una cesación de pagos asoma nuevamente su cabeza en la economía nacional. Estamos frente a un gobierno empantanado, que al acelerar el ajuste, puede enterrar más sus ruedas. La oportunidad de desarrollar la lucha por derrotar esta ofensiva está dada justamente por la debilidad del gobierno y del régimen político en su conjunto.
 

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