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2 de agosto de 2018

Mendoza: rechazamos la ley “Uber”

Hecha a medida de los empresarios

El gobierno de Alfredo Cornejo impulsó la llamada “Ley de Movilidad” o “Ley Uber” –como fue popularizada- que no es otra cosa que la profundización del negocio capitalista en los servicios de transporte, contra los usuarios y a la medida de los patrones. Al mismo tiempo, consagra la flexibilización y la precarización laboral con la excusa de las nuevas tecnologías y los soportes digitales.

El nuevo marco jurídico consagra como objetivo central del sistema la “rentabilidad razonable”, lo que significa que el Estado debe garantizar una rentabilidad promedio a las empresas de colectivos y la individual de las mismas. 

Para garantizar este esquema se crea el "Fondo Compensador del Transporte" que, en definitiva, significa que los vecinos pagaremos por partida doble el servicio de transporte público: al comprar el pasaje y con los impuestos que financiarán este fondo. Así, el riesgo empresarial es igual a cero y las “ganancias” son aseguradas con fondos públicos.

Ganancia privada versus movilidad

El articulado introduce el reemplazo del término “usuarios” por el de “mercado”, que es el equivalente a decir que el transporte va a estar regulado por la “oferta y demanda” y por la rentabilidad empresaria y no por la necesidad de movilidad de los vecinos. 

La organización de un sistema de transporte bajo la premisa de garantizarle la rentabilidad a las empresas es contradictoria con garantizar la movilidad, frecuencia y comodidad de los usuarios. Esto por la sencilla razón de que, considerado como negocio y dejando de lado el carácter de servicio, una frecuencia cada 10 minutos, solo con el pasaje sentado, tenderá a ser reemplazada por una cada 30 minutos, con el pasaje hacinado, para reducir los costos operativos de tres micros a uno.

Otro tanto ocurre con los sectores de la provincia más despoblado o más pobres, donde las empresas no están obligadas a prestar servicio.

La ley no garantiza ninguna movilidad, ni siquiera se acerca a establecer políticas urbanísticas que desalienten el uso de vehículos particulares para reducir la circulación del parque automotor.

Tecnología sí,  precariedad laboral no

Con el pretexto de una modernización del sistema mediante la incorporación de tecnología y plataformas digitales, el gobierno de Cambiemos ha sentado las bases legales para poner fin a la estabilidad y para avanzar con la flexibilización y la precariedad laboral.

La ley, al habilitar las plataformas digitales, santifica el trabajo tercerizado, pues legaliza el desconocimiento, en empresas como Uber, de la relación de dependencia de sus trabajadores. 

También establece que los seguros de riesgo de trabajo, el seguro a terceros, los aportes jubilatorios y demás cargas sociales corren por cuenta del trabajador. A las empresas digitales les reclama que controlen que los trabajadores cumplan con estos requisitos.

En este cuadro, la tecnología no alivia la intensidad o la duración de la jornada ni mejora las condiciones de trabajo. Por el contrario, acentúa el grado de explotación del trabajador.

Defendemos la incorporación de tecnología y soportes digitales, pero esta nunca puede ser la punta de lanza de la flexibilización y precarización laboral como lo plantea esta Ley.

El rechazo a este aspecto de la ley no debe confundirse con la solidaridad con el reclamo de los permisionarios dueños de taxis, quienes vienen implementando su propio régimen de flexibilidad y tercerización laboral: los taxistas en relación de dependencia son una rareza y, en su lugar, proliferan los “monotributistas” que “alquilan” los taxis que, por turno, cuestan alrededor de los $1500 diarios.

El transporte al servicio de los usuarios

Rechazamos de plano esta ley, elaborada a la medida de las empresas de micros y capitalistas del transporte, nativo y multinacional.

Planteamos el reordenamiento del sistema sobre la base de garantizar la movilidad de la población de forma segura, ágil, limpia y cómoda. Es decir, en función de las necesidades de la población y no de la rentabilidad capitalista. 

Para esto es necesaria una jornada laboral de seis horas para los trabajadores, el respeto a los convenios de trabajo, el blanqueo de todos los choferes, la eliminación de las formas de trabajo en negro (monotributistas) y salarios que cubran el costo de la canasta familiar.
 

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