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9 de agosto de 2018

Quién hizo entrar a los senadores del aborto clandestino

Un repaso de por cuáles fuerzas políticas patronales llegaron al Congreso los 38 senadores y senadoras que votaron en contra del aborto legal es muy ilustrativo del modo que los compromisos con el clero atraviesan a todos los bloques parlamentarios.  

Por la órbita de Cambiemos ingresaron a la Cámara Alta 20 partidarios del aborto clandestino, entre varios miembros de la UCR que se autoproclama “laica”, del PRO “del siglo XXI” y socios del macrismo al momento de su asunción, como es el caso de Blanca Porcel de Riccobelli (del partido del radical Gerardo Zamora), el salteño Juan Carlos Romero (que se hizo de su banca en un frente con el PRO) y el chacarero Alfredo De Angeli (quien asumió en una alianza entre un sector del peronismo y el macrismo).

Silvina García Larraburu estuvo muy lejos de ser la única que ingresó por el kirchnerismo para terminar votando el 8A contra este derecho elemental: fueron 11 los senadores que llegaron a su banca gracias a la corriente “nacional y popular” que ahora CFK quiere barnizar de “feminista”. De ellos, nueve lo hicieron directamente por listas del Frente Para la Victoria (incluidos los salteños María Cristina Fiore, quien aseveró que la garantía de abortos seguros en la salud pública inauguraría una “sociedad del descarte”, y Rodolfo Urtubey, el de las “violaciones sin violencia”). A ellos se suman los santiagueños asumidos en 2013 Gerardo Montenegro (que entró por una lista de una burocracia sindical K) y Ada Iturrez (que asumió en la lista del radical Zamora, entonces K).

La lista la completan siete senadores que ingresaron por otros bandos del peronismo, entre ellas la sanjuanina María del Carmen Valverde –la que no leyó el proyecto–; el ex gobernador misionero Maurice Closs –el hombre que se quejó de que no habría “camas suficientes para tantos abortos”– y el puntano Adolfo Rodríguez Saa, quien admitió que votaba sobre un problema de salud pública “en base a sus convicciones de católico” –y, de paso, tergiversó el texto de la Constitución, que en ningún momento hace referencia al mentado “momento de la concepción”.

Así fue como los gobiernos nacionales y provinciales de turno, que han contado y cuentan con la Iglesia como un recurso de sujeción de las luchas populares, fueron llenando el Senado de elementos clericales. Ni lerdo ni perezoso, el Vaticano explotó tras el 13J esta vena oscurantista de los partidos de Estado, para potenciar el lobby contra la legalización del aborto, con la ayuda inestimable de sus agentes directos –desde Gabriela Michetti hasta los curas villeros y el referente de la “economía popular” Juan Grabois.

La votación del 8A remarcó con claridad la necesidad de la independencia política del movimiento de mujeres y la clase obrera para lograr sus conquistas –incluso las más elementales–, y abrir en esa lucha el camino de su emancipación.


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