fbnoscript
26 de agosto de 2018

¿A qué ‘renuncian’ los obispos?

El financiamiento de la Iglesia Católica y el rol del Estado 
Por Beita

La Conferencia Episcopal Argentina anunció que renunciará “de manera gradual” a los aportes del Estado y que está analizando otros medios de financiamiento. 

Este rimbombante mensaje parece dirigido a aplacar el creciente reclamo de separación de la Iglesia y el Estado, surgido al calor de la lucha por el aborto legal, luego que se diera a conocer el presupuesto millonario que el Estado destina al sostenimiento del clero. 

Este anuncio samaritano intenta ser un gesto de “transparencia”, obviando, claro, que representa apenas el 6 o 7% del presupuesto de la Iglesia, que cuenta con múltiples propiedades y empresas  bajo su órbita y que por tratarse de “entidades religiosas” gozan de exenciones impositivas como el IVA, Ingresos Brutos, ABL, Patentes e impuesto a las ganancias. Esto gracias a que en el inciso 3 del artículo 43 del Código Fiscal, “las entidades religiosas debidamente registradas en el organismo competente” quedan exentas de exenciones impositivas y que ese listado es elaborado, por la Secretaría de Culto, de la cual son miembros. 

La Iglesia y el mercado

Los negocios de la Iglesia incluyen escuelas privadas y semiprivadas, universidades, fundaciones, clínicas, estaciones de servicio, estacionamientos y hasta la explotación del Estadio Luna Park. Gracias a las exenciones, todo lo que recaudan son ganancias millonarias y en muchos casos gracias a concesiones territoriales realizadas por el Estado.Tan sólo en la ciudad de Buenos Aires, la Universidad Católica se ahorra 8 millones de pesos anuales en ABL. Esto no es nuevo, como denuncia el proyecto de ley por la Separación de la Iglesia y el Estado presentado en la Legislatura porteña por el Legislador del Frente de Izquierda, Gabriel Solano. En 2015 los bloques patronales que dominan la legislatura aprobaron ceder 17 predios de terrenos fiscales a perpetuidad al Arzobispado de Buenos Aires, valuados en 5,2 millones de dólares. 

En Salta, el bloque de legisladores del Partido Obrero, presentó un proyecto que apunta en la misma dirección. Resulta que en esa provincia, empobrecida y azotada por la desnutrición infantil, la Iglesia Católica tiene 212 propiedades valuadas en 14 mil millones de pesos y que se encuentran exentos, claro, de impuestos inmobiliarios y sellos. En la legislatura cordobesa también los diputados del Frente de Izquierda han presentado un proyecto donde se pide un informe a rentas y al registro de la propiedad para que se clarifique cuáles son los automotores e inmuebles que se han cedido a dicha entidad desde el Estado. 

Otro cuestionamiento recae sobre los millones que se invierten en el subsidio a la educación religiosa.  Según datos oficiales del Ministerio de Educación porteño, sólo en la Ciudad de Buenos Aires se destinan 1.200 millones para el funcionamiento de 64 colegios que dependen del Arzobispado y los 240 que pertenecen a diferentes congregaciones. Las escuelas de culto son financiadas a través de aportes al FONID (Fondo de Incentivo Docente). 

¿A qué aportes renunciaría?

En marzo ante una consulta en diputados, el aquel entonces Jefe de Gabinete, Marcos Peña hizo público el presupuesto que el Estado destina a la Iglesia católica. Esas cifras de decenas de miles en los salarios de los eclesiásticos contrasta con un país cuyos índices de pobreza rondan alrededor del 33%, según información de la propia UCA (Universidad Católica Argentina). En números concretos, el informe de Peña indicaba que el presupuesto destinado a la Iglesia Católica para 2018 era de $130.421.300 y que el salario mensual de un obispo y de un administrador diocesano es de $46.800, cifra ampliamente alejada del salario básico vital y móvil impuesto en las paritarias a los trabajadores. El informe también explicaba que se brindarán partidas para programas de instituciones católicas a través del área de Fortalecimiento Institucional perteneciente a la Secretaría de Acompañamiento y Protección Social.

Esto es posible, porque el artículo 2 de la Constitución Nacional establece que “el gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico, romano” y por la vigencia de una serie de leyes sancionadas bajo la última dictadura militar como la 21.950 de 1979 (el Estado debe hacerse cargo del salario de arzobispos y obispos, que corresponden al 80% del salario de un juez nacional de primera instancia), 22.162 de 1980 (dispone la obligación de subsidiar a los sacerdotes que se encuentren en zonas de frontera o muy desfavorecidas) y la 22.430 
(asignación mensual vitalicia para sacerdotes seculaes del culto católico apostólico romano no amparados por un regimen oficial de previsión). Otras decisiones estatales que suman beneficios a las arcas de la Iglesia tienen que ver con restauraciones de los edificios, como sucedió entre 2003-2005 cuando Néstor Kirchner ordenó refaccionar la basílica de Luján.

Pañuelos verdes y naranjas

Al calor de la lucha del enorme movimiento que se desarrolla en torno a la conquista del derecho al aborto, ha ido calando la necesidad de separar a la Iglesia y el Estado, no sólo en lo económico, sino en comenzar a quebrantar ese enorme poder de contención que ha significado la Iglesia sobre la sociedad. Los beneficios que el Estado otorga a la Iglesia no son gratuitos, sino en función de que opere conteniendo a la clase trabajadora frente a los ajustes y las medidas antiobreras de los gobiernos. La iglesia domina hace siglos, como garante del orden social existente en nombre de “la espiritualidad”. Desde los sermones hasta la educación clerical, todo es una barrera contener la lucha de los oprimidos. A lo largo de la historia, la Iglesia se ha opuesto y operado con sus patotas clericales contra la abolición de la esclavitud (1853),  la educación común obligatoria y gratuita (1884), el matrimonio civil (1888), el voto femenino (1947), el divorcio (1987), la educación sexual integral (2006), el matrimonio igualitario (2010) y actualmente ha librado batalla contra el derecho de los cuerpos gestantes a la interrupción voluntaria del embarazo. 

En vías de hacer públicas estas denuncias, el lunes 27a las 12hs, el Partido Obrero convoca a un acto frente a la Catedral de Buenos Aires. 

 

LEER MÁS: Un estacionamiento de tres pisos en el centro porteño y otros negocios de la Iglesia que banca el Estado

En esta nota:

Compartir

Comentarios