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4 de septiembre de 2018

El tarifazo sin fin

Tras la estampida del dólar, entre el lunes 3 y martes 4 de septiembre tuvieron lugar las audiencias públicas que trataron el precio del gas. En ellas, las distribuidoras y transportistas plantearon que el aumento del gas que le venden las productoras por la devaluación del 100% del peso de los últimos seis meses debe ser trasladado directamente a la tarifa final. Sucede que en 2016, cuando el gobierno lanzó el extinto ´sendero de precios´,  reconoció a las empresas llamadas “productoras” –las petroleras YPF, Total Austral y PAE– un precio internacional y en dólares, a pesar de que sus costos se cuentan en moneda nacional.

En concreto, las empresas gasíferas solicitan un aumento más la compensación por las “diferencias diarias acumuladas” por los precios –que ya pagamos–, calculados con un dólar más bajo que el que efectivamente hubo. Ante un dólar que no prevé estabilizarse, los pulpos gasíferos pretenden hacer valer un régimen “pass through” (“pase directo”): a cada centavo de devaluación del peso, un incremento proporcional del costo de la factura final por el consumo residencial, sin intermediaciones. Con esa consideración, reclaman que para el período octubre 2018-marzo 2019, el aumento sea entre el 80 y el 200%, considerando el ´sendero de aumentos´ ya trazado y la devaluación de abril a septiembre.

La crisis del ´plan económico oficial´ se pretende descargar sobre los ingresos de los trabajadores. En ningún caso es más claro como cuando se discuten los nuevos tarifazos. No es un esfuerzo “de todos”. A las empresas energéticas que cobran a valor dólar los beneficios extraordinarios que hacen con la devaluación se los pagamos los trabajadores.

Pero esto no termina acá. El aumento que piden las gasíferas se trasladará también a las facturas eléctricas, ya que el gas es la principal fuente de generación eléctrica del país. El impacto sobre la población más empobrecida será particularmente duro, ya que, según anunció Dujovne, el gobierno prevé eliminar la tarifa eléctrica social que presentaron en 2016 como la “cara progresista” del tarifazo.

El del transporte y el del gas son solamente dos de las tarifas para las que se acercan nuevos aumentazos. El gobierno anunció también el retiro completo de los subsidios al transporte, lo cual replicará directamente en el precio del pasaje. De hecho, así lo anunciaron los gobernadores provinciales, que dicen carecer ellos de recursos para sostenerlos. El boleto podría aumentar hasta un 90%. A ellos se debe incorporar el aumento de las naftas del 12% del fin de semana pasado, un incremento que repercute directamente en toda la economía.

Todos estos aumentos generarán otro aumento –el de la carestía. Los trabajadores han tenido topes salariales en las paritarias del orden del 15%, aun cuando las metas inflacionarias ya habían volado por los aires. Ahora, el 42% de inflación delineado por el gobierno en un paper “clasificado” que trascendió a los medios quedará chico con los tarifazos que se vienen.

En este punto, el gobierno enfrenta un problema político mayúsculo, porque no cuenta con demasiado margen para tolerar el repudio popular que generarán estos aumentos. Podría echar mano de subsidios, pero chocaría de frente con la necesidad de reducir el déficit fiscal y, sin recursos, no haría más que fomentar una mayor devaluación, que generará a la postre mayores aumentos.

El ´sendero de aumentos´ que empezó con Aranguren ha terminado de fracasar, como todo el ´plan´ del gobierno y se ha terminado de develar su inviabilidad. Los trabajadores no tenemos por qué tolerar esto sobre nuestras espaldas. Es necesario reorganizar toda la economía y debatir una salida a la crisis en favor de los intereses nacionales y de las mayorías.

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