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[Editorial] La postal del macrismo-pejotismo para el FMI

[Editorial] La postal del macrismopejotismo para el FMI

La aprobación del Presupuesto implica convalidar una política de empobrecimiento de los trabajadores y los jubilados

El pacto alcanzado entre el gobierno nacional y los gobernadores del Partido Justicialista ha sido dictado por el FMI. Fue el directorio del Fondo quien reclamó el compromiso de la oposición peronista con el ajuste fiscal para alcanzar el llamado ‘déficit cero’ en 2019. La participación de 19 de los 24 gobernadores en la foto con Macri fue la postal que el peronismo le regaló al capital financiero internacional. Los pocos ausentes también arrimaron su ‘gesto’ político. Alicia Kirchner y Rodríguez Saá, por lo pronto, participaron de la reunión con los gobernadores donde se acordó la propuesta que se llevaría al gobierno nacional. La cuñada de Cristina Kirchner ya firmó en diciembre pasado el pacto fiscal que implicó el robo a los jubilados de 100.000 millones de pesos para el año en curso. El puntano, por su parte, despotricó contra el FMI, pero dijo que es responsabilidad de los gobernadores un presupuesto “de equilibrio”, el santo y seña del FMI. Por el lado de Massa, éste ya hizo saber su disposición a ‘colaborar’. Quien tiene en su haber la gira con Macri por Davos está dispuesto a fracturar a su bloque de diputados con tal de concretar su gesto de colaboración con el FMI.

Presupuesto de guerra

En la reunión, los gobernadores dieron su consentimiento al presupuesto ajustador pactado con el FMI. En total, el recorte de partidas alcanzará a unos 400.000 millones de pesos, de los cuales al menos una cuarta parte saldrá de las provincias. Como parte del acuerdo, los gobernadores aceptaron la eliminación del fondo sojero que iba a las provincias, algo especialmente grave, sobre todo luego de que el gobierno nacional reinstalara retenciones a las exportaciones. Esto significará que lo recaudado por esa vía se lo quedará integralmente el Estado nacional para pagar la deuda. Además, y como parte del paquete ajustador, las provincias deberán hacerse cargo de los subsidios al transporte y de la eliminación de las tarifas sociales. En un cuadro de suba permanente de los combustibles, las provincias descargarán esta medida sobre los consumidores con nuevos aumentos del boleto, que en algunos casos podría superar los 30 pesos. El ajuste sobre las provincias tendrá un capítulo especial en la parálisis de la obra pública que el Estado nacional realiza en el interior del país, lo que llevará a un crecimiento de la desocupación y la pobreza.

Los gobernadores ya han empezado a descargar el peso del ajuste sobre los trabajadores. La vía principal para ello son las paritarias a la baja, que afectan a estatales y docentes. La pérdida salarial promedio supera los 10 puntos, algo que opera sobre salarios ya de por sí muy bajos. Hasta en la Ciudad de Buenos Aires el salario inicial docente ha quedado por debajo de la línea de pobreza. Los presupuestos de salud y educación, todos a cargo de las provincias, también están sufriendo la licuación impuesta por la fuerte devaluación. Sucesos como el de Moreno, donde fallecieron dos trabajadores como resultado del derrumbe edilicio, se van transformando en la norma de todo el país.

La colaboración del peronismo con el gobierno va mucho más allá de una negociación por los fondos provinciales. La aprobación del Presupuesto implica convalidar una política de empobrecimiento de los trabajadores y jubilados, de proporciones históricas. Y esto mismo a futuro, puesto que es indisociable del compromiso de repago de la deuda. Gracias a la devaluación, Argentina ha pasado a tener uno de los salarios mínimos más bajos de América Latina, y otro tanto sucede con las jubilaciones que han sido reducidas a 220 dólares. Los gobernadores actúan como representante de las oligarquías capitalistas locales, entrelazadas con el gran capital internacional, para quienes la devaluación implica un aumento directo de su tasa de beneficio.

Dibujo y crisis

La postal peronista-macrista, sin embargo, está muy lejos de superar la crisis. Es que el ajuste fiscal del gasto no hace al meollo de la crisis argentina, que no es otra que la incapacidad para asegurar el pago de la deuda pública. El llamado déficit primario equivale en lo que va del año sólo a un 20% de los fondos utilizados para hacer frente a la deuda. La devaluación agravó la situación, pues al estar mayormente nominada en dólares u otras divisas requiere más pesos para su cancelación. Por otro lado, la devaluación ha agravado la relación entre esa deuda dolarizada y el PBI, llevándola a cerca del 90%. Es esto lo que explica el salto operado en el riesgo país, dificultando en extremo la renovación de los vencimientos de deuda que se acumulan muy fuertemente en el corto plazo.

Este cuadro explosivo explica por qué la colaboración peronista-macrista no logró frenar la fuga de capitales ni las tendencias devaluatorias. Ambito Financiero se pregunta si no estamos entrando “en una nueva fase de la crisis” (13/9), que incluya el pasaje de una corrida cambiaria a una bancaria. La preocupación se asienta en la salida de depósitos en dólares de los últimos días. De darse en este escenario, Marcos Peña deberá hacer las valijas y dejar lugar a un precario gobierno de “unidad nacional” con el Pejota. Mientras tanto, las nuevas devaluaciones van repercutiendo de manera directa en la inflación. En agosto se estima que el índice sería cercano al 5% y en setiembre superior al 6%.

La precariedad del acuerdo alcanzado se revela también en que el Presupuesto no deja de ser un dibujo, que deberá ser archivado mucho antes de que comience el año próximo. Suena a chiste, por ejemplo, que el tipo de cambio estimado sea 42 pesos para el año entrante, cuando ya el dólar orilla los 40 y la inflación estimada es del 42%. Lo mismo vale para la inflación fijada en el 25%, que supone una reducción superior al 40% en un año, cuando tenemos por delante nuevos tarifazos, naftazos y saltos en el tipo de cambio.

Una salida de los trabajadores

La presencia del triunvirato de la CGT en la reunión con los gobernadores coloca a la burocracia sindical en el terreno de la defensa del pacto con el FMI. Muestra, además, que el paro convocado para el 25 de setiembre próximo fue concebido con el propósito de descomprimir el volcán social que se acumula, y como instrumento de negociación entre el gobierno nacional y los gobernadores. Sin embargo, la mayoría de éstos evitó la foto con la CGT, para descartar cualquier atisbo de apoyo a una acción obrera. La dependencia del peronismo al FMI está por delante de todo.

Más allá del alcance ultra-limitado que la burocracia de la CGT quiere darle al paro, lo cierto es que en las condiciones actuales de fuerte ajuste puede servir como un canal para que se exprese el repudio de los trabajadores al gobierno y a la clase capitalista. Llamamos a garantizar el paro por medio de piquetes para quebrar la resistencia patronal y avanzar en la organización independiente del movimiento obrero. La convocatoria realizada para el día previo de Moyano y Yasky está lejos de representar el intento de un verdadero paro activo. Una parte del sindicalismo kirchnerista, como la Corriente Federal, ha decidido parar sólo el 25, restándole peso a la movilización del día previo. Lo mismo ha resuelto la CTA degennarista. Moyano y Yasky inscriben su acción en la línea kirchnerista de esperar a finales de 2019 para votar a otro gobierno. Mientras tanto, dejan pasar el ajuste pactado entre Macri, los gobernadores y el FMI.

Nuestro planteo de derrotar el ajuste cobra un peso fundamental, porque polariza entre las masas hartas de soportar nuevas privaciones y ataques y las fuerzas patronales reunidas en la postal de la Casa Rosada. El paro nacional será un escenario de movilización que debemos impulsar para eslabonar nuevas acciones de lucha. Inscribimos esta acción en la estrategia de poner fin a este gobierno y a este régimen de corruptos y vaciadores, que ha conducido a una nueva bancarrota del país. El repudio al pago de la deuda, la nacionalización de la banca y del comercio exterior, la estatización de las empresas privatizadas bajo control obrero, la nacionalización del petróleo y el gas, son tareas que deberá llevar adelante una Asamblea Constituyente, que se haga de la suma del poder.

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