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20 de septiembre de 2018

Créditos UVA: ¿quién paga la crisis?

En estos días, desde el gobierno y la oposición massista y kirchnerista se han lanzado iniciativas en torno del cuadro crítico generado en torno de los créditos UVA, que describiéramos la semana pasada en Prensa Obrera: al calor del salto inflacionario, las cuotas (que se indexan por el Índice de Precios al Consumidor) van atrapando una cada vez mayor porción del salario de los deudores, sin que por ello deje de crecer mes a mes la deuda total en pesos (que también se indexa por inflación). Hablamos de 135 mil empréstitos que se han dado con este mecanismo desde su implementación, en abril de 2016.

El gobierno macrista barajaría, según informa Clarín, dos posibilidades para “amortiguar” la relación cuota-ingreso. La primera sería “un seguro, que se activaría en caso de que la relación entre la cuota indexada y los ingresos del deudor superen un cierto porcentaje” (que podría ser del 25%), que pagaría el deudor con un extra sobre la cuota. La segunda opción recoge un proyecto del diputado Marco Lavagna, del Frente Renovador, de constituir un “fondo compensador” que se activaría en la misma situación y funcionaría por los próximos 30 años; su patrimonio saldría: a) de eventuales momentos en que el salario supere a la inflación, en cuyo caso el fondo retendría la diferencia; b) de un 10% de las utilidades del Banco Central y (en caso de insuficiencia de fondos) de aportes “reintegrables” del Tesoro; c) de inversiones que realice el propio fondo. El senador Miguel Ángel Pichetto presentó un proyecto con los mismos lineamientos.

La iniciativa no supone quita alguna en la deuda total, que seguirá indexándose por inflación y podría así extenderse ad infinitum. De esta manera la crisis, desatada por la disparidad entre la inflación y los salarios –que el gobierno techó en las paritarias–, recae íntegramente sobre los deudores, muchos de los cuales vieron allí su única posibilidad de tener una vivienda propia. No se toca un centavo del capital de los bancos prestamistas, que –a la inversa de los trabajadores– se han beneficiado en este período de manera exponencial con la devaluación y la especulación con Lebacs y títulos de deuda, y lo vuelven a hacer con el intento de desarme de estas herramientas.

La devaluación y la inflación han hecho que la toma de créditos UVA se venga pinchando sin pausa, ya que contraer una hipoteca es no solo altamente riesgoso, sino prohibitivo: para entrar al sistema por una propiedad de 115 mil dólares, se requerirían cerca de 90 mil pesos de ingresos. El bajón de los UVA acicatea la caída abrupta del mercado inmobiliario (parte de la recesión generalizada), que podría llevar a la caída del valor en dólares de las propiedades, incluso por debajo del monto adeudado. De este modo, el banco sigue cobrando con jugosas indexaciones, pero el deudor se queda con una propiedad desvalorizada, lo que pavimenta el camino de su insolvencia. En este escenario, el kirchnerismo presentó ahora un proyecto que tiene por eje el parate por algunos meses a eventuales desalojos de desocupados (o despedidos recientes que revisten como monotributistas) que no pudiesen pagar la cuota. El proyecto va en sintonía con el intento de poner paños fríos en la crisis pero sin tocar a los bancos; las eventuales “reestructuraciones de deuda” y “quitas de capital e intereses” para desocupados no pasan de ser letra muerta, ya que no hay precisión alguna sobre tales orientaciones y se las deja a criterio del Poder Ejecutivo.

La aparición de estas iniciativas es sintomática del cuadro explosivo que se ha creado. La propia caída de la construcción y del mercado inmobiliario, mientras millones de familias sufren la carencia de vivienda, vuelve a dar cuenta de la irracionalidad y la anarquía capitalistas.

Contra los proyectos que dejan inalteradas las ganancias de los bancos, planteamos: que la paguen los capitalistas. Ningún desalojo. Que la deuda total y por ende las cuotas sean reducidas hasta asegurar una cierta proporción de los ingresos familiares, no mayor al 20% de los mismos, y a costa de los bancos. Por un plan de viviendas populares y de créditos a tasa cero sostenido por impuestos a las grandes fortunas, defendemos que la banca debe ser nacionalizada sin compensación y puesta bajo control de los trabajadores para que –entre sus medidas- rescate a los deudores UVA y avance sobre una quita sustancial de su deuda.

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