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26 de octubre de 2018

Con el apoyo del peronismo, Vidal impone un brutal ataque al derecho laboral

La Cámara de Diputados sancionó una ley de reforma del fuero laboral presentada por el gobierno de Vidal que barre con las garantías judiciales con las que contaba un trabajador para hacer valer sus derechos cuando estos son vulnerados por la patronal. El proyecto fue acompañado por el peronismo. El kirchnerismo se abstuvo en Diputados, después de haber votado favorablemente en el Senado. La banca del Frente de Izquierda votó en contra.

Esta reforma, al igual que el decretazo de Macri a comienzos del 2017, tiene la intención de limitar el acceso de los trabajadores a la justicia, en nombre de terminar con la “industria del juicio”. Es el objetivo que persiguió también la Ley 26.773 del kirchnerismo (aplaudida en su momento por el PRO) que eliminó la doble vía, es decir la posibilidad del trabajador de recurrir a la justicia luego de aceptar una indemnización.

La Ley sancionada reemplaza los tribunales de trabajo, compuestos por tres jueces cada uno, por juzgados unipersonales, lo cual para muchos –entre ellos la propia Suprema Corte– es inaplicable. Por la estructura que deben crear para ello, está previsto que la ley entre en vigencia recién hacia 2020. El apuro en aprobar la reforma cual escribanía responde, entonces, solo a la necesidad de dar un gesto a las grandes patronales y a “los mercados”.

El argumento de que ello servirá para reducir los tiempos del proceso judicial es una falacia, porque la modificación introduce una nueva instancia de apelación que llevará el promedio de un juicio laboral de 3 a 10 años, según afirman numerosas asociaciones. Este punto es crucial, y no solo porque es evidente que las condiciones de un trabajador para afrontar tal proceso difieren por el vértice de los tiempos que puede esperar una empresa. Lo más grave es que esa nueva instancia se agrega mediante la creación de una Cámara de Apelaciones, cuyos jueces serán designados por Cambiemos; eso le permitirá revertir todos los fallos que favorezcan al trabajador en primera instancia, creando una doctrina de justicia laboral a la medida de la flexibilización que reclaman la UIA y las cámaras empresariales. Como si esto fuera poco, se deja abierta la posibilidad de una instancia similar al Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), es decir una parada previa de conciliación entre la empresa y el trabajador, que deberá “agotar las vías administrativas”.

Las ART son las otras grandes ganadoras de esta reforma, ya que se incorpora un límite de 90 días como plazo límite para que el trabajador reúna todas las pruebas y estudios que le permita iniciar el trámite, o pierde la posibilidad de litigar. Es un negocio redondo para un rubro dominado por 9 grandes compañías que controlan el mercado de las aseguradoras. Esas compañías harán negocios millonarios dilatando judicialmente los tiempos de reparación, para invertir el dinero de las indemnizaciones en la bicicleta financiera a tasas que hoy superan el 70%. No existe una industria del juicio laboral, sino una especulación financiera fabulosa a partir de las condiciones insalubres de trabajo.

En un país donde las cifras oficiales (esto es, descontando lo que sucede con el trabajo informal y en negro) contabilizan 700.000 accidentes laborales por año, donde en 2017 fallecieron en esos siniestros 743 trabajadores, es evidente que el crecimiento de juicios laborales es la consecuencia desastroza de la implementación de los ítems por presentismo, de la aceleración de los ritmos de producción, del alargamiento de la jornada laboral, de la desinversión y la falta de mantenimiento, de la tercerización laboral para evadir los convenios colectivos.

El diputado del FIT, Guillermo Kane, denunció en el recinto que "esta ley es una vía alternativa a la reforma laboral que el gobierno no puede sancionar en el Congreso por el rechazo del movimiento obrero. Está en sintonía con la política de licuar los salarios y flexibilizar los convenios colectivos de trabajo. El espíritu de este proyecto es el compromiso que Macri llevó al coloquio de IDEA de bajar los costos laborales. Los trabajadores deben sacar las conclusiones del contenido social que defienden los bloques políticos que componen esta Legislatura". El silencio de la burocracia sindical ante tamaño ataque acompaña la complicidad del peronismo con esta reforma de Vidal.

La única forma de terminar con el crecimiento de los accidentes laborales es terminar con la flexibilización laboral. El Partido Obrero plantea la elección de delegados paritarios por los trabajadores, con poder de veto y de parar la producción ante el riesgo de accidente. En definitiva, solo el control obrero de la producción, en contraposición a la desidia del capital, puede frenar el agravamiento de las condiciones laborales que hacen de una tarea una función insalubre.

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