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29 de octubre de 2018

La doctrina Bolsonaro

El gobierno y Pichetto continúan la campaña contra los extranjeros detenidos y discuten una nueva ley contra los migrantes.

El curso del operativo oficial contra los extranjeros detenidos la semana pasada, en la represión a la movilización contra el Presupuesto, ratifica que nos encontramos ante un salto cualitativo en materia de xenofobia de Estado y de ataque a la movilización popular.

Clarín, uno de los protagonistas del operativo, publica el sábado 27 que la tentativa gubernamental de deportar a los detenidos sería el puntapié de una “reforma migratoria integral” para acelerar los procesos de expulsión de migrantes, que buscarían tratar el año próximo. La norma contendría los lineamientos del decreto 70/2017 –actualmente suspendido por la justicia por inconstitucional-, que permitía avanzar en esa línea incluso en base a penas menores y con condenas que no estén firmes, quitando instancias de apelación, habilitando detenciones arbitrarias e instaurando trámites de expulsión exprés. Pero se espera que la ley “vaya más a fondo en otros temas”.

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Se trataría de una iniciativa común entre el macrismo y “un sector del peronismo que [la] ve con buenos ojos”, encabezado por el senador del PJ Miguel Ángel Pichetto –quien, desde sus tiempos como figura clave del kirchnerismo en el Congreso, viene insistiendo en una ley en este sentido. Para no dejar lugar a dudas, Pichetto brindó una entrevista en la que volvió a ligar migración con delincuencia –algo que desmienten con fuerza las estadísticas-, llamó a crear una policía migratoria y a profundizar el control de los servicios de inteligencia sobre los extranjeros, protestó por “este esquema hipócrita de los Derechos Humanos, que dicen ‘pobrecitos los inmigrantes’” y señaló que “no me preocupa que me digan Bolsonaro” (ídem)

El gobierno no ha podido sumar una sola prueba de algún delito a su campaña por el destierro de los detenidos, que no cuentan con antecedentes ni condena; y hasta Clarín debe reconocer que “las pruebas que recolectó la Policía de la Ciudad -y analiza la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°15 porteña- no resultan contundentes”. En ese marco, insisten con su demonización pública en clave macartista: hoy el medio vuelve a tomar como elemento de acusación las publicaciones de Facebook del turco Anil Baran, uno de los detenidos: “se declara abiertamente admirador de Fidel Castro y Hugo Chávez (…) De ideología marxista-guevarista (…) cercanía con los movimientos de izquierda (…) admirador de expresiones artísticas de izquierda o ‘revolucionarias’”, etcétera (ídem). Se pretende instaurar virtualmente el delito de opinión para justificar la persecución gubernamental y judicial.

Con esas citas se busca poner en tela de juicio las declaraciones de Baran de que se encontraba allí haciendo un trámite y que era ajeno a las protestas, sin que haya motivo fehaciente para hacerlo. Pero si los detenidos hubieran sido activos manifestantes, la persecución gubernamental reviste una doble gravedad. Las propias estadísticas oficiales (Ámbito, 1/10) muestran que las y los migrantes cobran un 20% menos en promedio, cuentan con más informalidad laboral que los argentinos, trabajan para las patronales más flexibilizadoras -desde la gastronomía, la construcción y la limpieza hasta las nuevas apps de delivery y remisería, donde son amplísima mayoría- y están expuestos a mayores índices de accidentabilidad (el índice para las mujeres extranjeras es un 46% más que el de las argentinas). La tentativa de deportación busca el silenciamiento forzado de este sector superexplotado, amenazándolo con la expulsión en caso de que se organicen en sus lugares de trabajo o se movilicen contra resoluciones que empeorarán su situación, como es la sanción del Presupuesto de ajuste dictado por el FMI. En la medida en que tales condiciones de superexplotación presionan todos los salarios y condiciones a la baja, el ataque a los migrantes es un tiro por elevación contra todo el movimiento obrero.

Tras “felicitar” al ultraderechista Jair Bolsonaro por su victoria electoral, el gobierno (junto a sus socios opositores) suben sus apuestas xenófobas. Quebrar el intento de deportación y los planes de asedio contra los migrantes es una causa de primer orden para toda la clase obrera.

 

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