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14 de noviembre de 2018

Presupuesto bonaerense 2019: más deuda y más ajuste

Por un paro provincial y plan de lucha para derrotarlo.

El Presupuesto 2019 que presentó el gobierno de Vidal en la Legislatura no trae sorpresas en cuanto a la ruta del ajuste. En primer lugar, el cálculo general aumenta un 24% con respecto a lo ejecutado este año, es decir que, de conjunto, estamos ante un achique del gasto público por inflación. Pero en los puntos sensibles el panorama es aún peor.

En términos generales, la masa salarial se incrementa por debajo del 23%. Contando que este año los salarios de los trabajadores del Estado perdieron más de 15 puntos, estamos ante una depreciación furiosa del poder adquisitivo de los estatales. La partida destinada a Educación baja de un 26% del total del Presupuesto a menos del 24%, mientras que la de Salud cae del 6,3% al 5,5%. Contra el relato del gobierno acerca de ampliar la asistencia social como paliativo de la crisis, Desarrollo Social sigue estancado en un 2,5% del total. Al mismo tiempo, virtualmente se desmantela el Instituto de la Vivienda con un recorte nominal del 35%.

Todo ese recorte tiene el objeto de garantizar el pago de la deuda que el proyecto cuantifica en más de 68.600 millones para 2019, pero que de los informes publicados en la página oficial de Economía se desprende que superará los 80.000 millones (es decir, mayor a la suma de las partidas que van a Salud y Desarrollo Social). El gobierno afirma que dado que el Presupuesto incluye una autorización de crédito externo por 68.500 millones de pesos, el stock de deuda no se incrementaría. Ello es lisa y llanamente falso, por un lado porque se estarían capitalizando los intereses, y por el otro porque el proyecto incluye también otras operaciones que no son contadas como deuda pública pero que incrementan la hipoteca en más de 30.000 millones de pesos –es decir que los pasivos de la provincia aumentarían alrededor 100.000 millones de pesos en el año. Con un endeudamiento que se encuentra un 75% en moneda extranjera, el Estado bonaerense va rumbo al default.

Recorte

El ajustazo agravará el Cromañón educativo. Del presupuesto asignado a la Dirección General de Cultura y Educación, sólo un 0,7% estará disponible para destinar a mantenimiento y obras. Este vaciamiento de las áreas de infraestructura escolar está asociado, como venimos denunciando desde estas páginas, al traslado de la responsabilidad (presupuestaria y política) de las condiciones edilicias de las escuelas a los municipios. Para presionar en esa dirección el Presupuesto modifica la ley que fijaba que los giros del Fondo Provincial Compensador de Mantenimiento de Establecimientos Educativos debían hacerse a los Consejos Escolares para habilitar que puedan depositarse ahora a los municipios; tenemos una extorsión en puerta. Por último, se modifica el coeficiente que se utilizaba para el reparto del Fondo Educativo, que ahora tendrá en cuenta la cantidad de alumnos de cada distrito, de establecimientos educativos y… ¡los resultados de las pruebas Aprender!

Otro atentado del proyecto es el recorte nominal de más de 400 millones de pesos al Astillero Río Santiago. Cuando Guillermo Kane (legislador PO-FIT) interpeló al ministro de Economía acerca de los efectos de este ajuste, Lacunza respondió que de todas maneras este año sólo se había ejecutado poco más de la mitad de lo asignado. El gobierno mantiene firme su plan de vaciamiento del Astillero, lo que debe poner en alerta la fábrica para debatir cómo relanzar la lucha con un plan de acción.

El proyecto prevé que el impacto de la transferencia de los subsidios a los servicios públicos de transporte, luz y agua será de 34.000 millones de pesos (un 30% más que lo que va a Infraestructura), pero a su vez traslada parte de esas compensaciones a los municipios. Si tenemos en cuenta de que esos subsidios están atados al valor de los combustibles y al dólar, en el horizonte asoman recortes para afrontar esos pagos y nuevos tarifazos a los usuarios. Con todo, la capacidad de las cuentas municipales para afrontar esas cargas son dudosas: entre la transferencia de parte de los subsidios y la eliminación del Fondo Sojero las localidades deberán totalizar un ajuste de 14.000 millones de pesos.

Abajo el presupuesto

El gobierno de Vidal se ha propuesto darle un rápido tratamiento al Presupuesto y a la Ley Impositiva, con tres jornadas de visita de ministros a reuniones conjuntas de ambas cámaras legislativas. La pretensión es reunir los votos para aprobarla antes de diciembre, posiblemente en una sesión simultánea del Senado y la Cámara de Diputados el 22 de noviembre. El PJ y el Frente Renovador afirman que no votarán favorablemente, pero la negociación está abierta y el propio Massa ya puso un precio: el desdoblamiento de las elecciones municipales de las de gobernador y presidente. Difícilmente ello sea concedido por el gobierno, que no obstante suele tentar a estos “opositores” con algún sillón en el BaPro o el Tribunal de Cuentas.

La burocracia de los sindicatos estatales ha evitado toda confrontación con el gobierno y la Legislatura para impedir la aprobación de esta hoja de ruta del ajuste. ATE ha realizado actividades en una carpa frente al Palacio Legislativo durante la semana que fue presentado el proyecto, y luego levantó toda medida de lucha. Baradel y el FUD ni siquiera se plegaron a la movilización del 5 de noviembre.

Necesitamos asambleas en los lugares de trabajo para organizar un plan de lucha y paro provincial unificado el 22 con movilización a la Legislatura.

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