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27 de noviembre de 2018

Pensiones por discapacidad: la “ofensiva” anunciada por el gobierno y la que ya está en curso

A través del diario La Nación, el gobierno nacional anunció ayer una “nueva ofensiva para reducir las pensiones por invalidez laboral”. El artículo reseña las primeras 400 bajas resultantes de la disposición del Ejecutivo lanzada a fines de septiembre, que obligaba a los beneficiarios a presentarse en la Anses para ratificar el cumplimiento de un sinfín de requisitos –contar con una incapacidad laboral del 76% y carecer de cónyuges con prestaciones previsionales, de parientes que los alimenten e incluso de cualquier bien, ingreso u otro recurso para su subsistencia. Ello para recibir un estipendio miserable de $6.516 mensuales.

El Ejecutivo presenta este ataque contra los sectores más desamparados como un supuesto avance contra manejos clientelares, y pone el grito en el cielo por el actual millón de beneficiarios -cuando los propios relevamientos del Indec dan cuenta de cinco millones de personas con discapacidad, en diferentes grados. Martín Lousteau, de Evolución Radical, se sumó a este operativo clamor en los debates del presupuesto 2019, señalando que “en nuestro país no debería haber más de 200.000 o 250.000 pensiones por invalidez laboral” y que los actuales beneficiarios “son más que los muertos de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Polonia, Grecia y los Países Bajos juntos en la Segunda Guerra Mundial”, que en verdad suman más de 8 millones de personas.

A su turno, el gobierno augura que el nuevo mecanismo de ajuste lo salvará de juicios por parte de sus víctimas –tras la catarata de denuncias y el repudio generalizado que obligó a retrotraer la baja de 70 mil pensiones en 2017, que igualmente dejó a miles sin cobrar el beneficio por varios meses.

Entre el sinfín de casos que muestran el carácter perverso de este ajuste está el del hermano del músico Rubén Goldín, de la trova rosarina. Días atrás, Goldín publicó una foto de su familiar en Facebook con este texto: “Este es Fabián, mi hermano. Nació con una lesión cerebral irreversible, tiene que renovar su certificado de discapacidad cada diez años, cosa que mi vieja venía haciendo, a pesar de que él no se va a recuperar nunca. Cobraba, hasta esta semana un salario de $5000. Sin aviso ni justificativos, le retiraron ese derecho. Mi vieja tiene 84 años, y serios problemas de salud, vive de su jubilación (peluquera) y está indignada, como toda mi familia, con estas decisiones que toma el gobierno para recortar gastos”.

El anuncio de una “nueva ofensiva” contra el sector es en verdad la profundización de un ajuste que ya está en marcha, y con intensidad. Recientemente, desde San Juan denunciaron que solo en esa provincia se produjeron 1.500 bajas de pensiones desde 2015, mientras que los nuevos ingresos se encuentran bloqueados por la vía burocrática: la Defensoría de las Personas con Discapacidad de Mendoza presentó un amparo colectivo por quienes se encuentran desde hace más de 3 años esperando acceder a las pensiones, y se estima que “a nivel nacional estarían afectados unos 76 mil trámites” (Los Andes, 6/11).

La otra pata del ajuste es la asonada contra las prestaciones de salud, que las y los profesionales del área han puesto de manifiesto con varias movilizaciones en el período reciente. El Directorio que rige los pagos estableció este año un reacomodo de entre el 8 y el 11%, contra una inflación del 50%, que se suma a la fuerte baja del 2017. La Superintendencia de Servicios de Salud viene retrasando sistemáticamente los pagos de las mismas, con la complicidad de las burocracias sindicales que gestionan las obras sociales –a las que exime de controles para que los fondos otorgados lleguen a los prestadores, que son víctimas de una flexibilización cada vez más profunda. En este marco, las obras sociales vienen recortando las horas en los tratamientos médicos a las personas con discapacidad; y niega a quienes reciben integración escolar el acompañamiento terapéutico por fuera de la escuela.

El gobierno procura ir todavía más a fondo, en el marco del plan de ajuste dictado por el FMI y acordado con los gobernadores. Oponemos el ingreso irrestricto a las pensiones de personas con discapacidad: el aumento del monto de las mismas; que se garantice el conjunto de la atención médica, terapéutica y de traslado necesaria; el fin de la flexibilización y el aumento salarial de los profesionales. Para llevar adelante este programa, que las instituciones que determinan las políticas del área sean puestas bajo control de sus afectados: los pensionados y trabajadores del área.

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