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17 de enero de 2019

13 años de prisión para Milagro Sala: Un rescate a los responsables políticos

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 condenó este lunes 14 de enero a Milagro Sala a 13 años de prisión. Junto a ella había otras 29 personas imputadas, 14 fueron absueltas y el resto recibió penas de entre 6 y 8 años, en la mayoría de los casos, por el desvío de fondos del Programa “Mejor Vivir II”, conocida como “Pibes Villeros”. Sala fue acusada de liderar la asociación ilícita, por fraude y extorsión. Los fundamentos del fallo recién se conocerán dentro de 10 días.

Con este fallo, el gobernador Gerardo Morales ha obtenido también la inhabilitación absoluta de Sala para ejercer cargos públicos, cuando ella misma se había autoproclamado candidata a gobernadora de una lista 100% cristinista (Somos Jujuy, 2/1). Conocida la sentencia, esta lo trató de cobarde y lo acusó de no querer competir con ella en las urnas (El Tribuno 15/1).

La avanzada judicial contra Sala se completa con un nuevo dictado de prisión preventiva, ahora por la llamada mega-causa, justo un día antes del cumplimiento, este 16 de enero, de 3 años de prisión preventiva, el máximo estipulado por la justicia argentina. Morales logró así revertir los reveses judiciales que había sufrido, dado que la líder de la Tupac Amaru había logrado el traslado a su domicilio en barrio Cuyaya (antes cumplía prisión preventiva en su casona del Carmen), con tobillera electrónica y sin custodia dentro del domicilio; y había sido absuelta además hace dos semanas en la causa conocida como “la balacera de Azopardo”, donde dos facciones del PJ se disputaron el control del barrio a los tiros.

Prisión preventiva y delación premiada, el método

La defensa de Sala ha planteado que apelará el fallo. Denuncia que no hay pruebas documentales en la causa: solo fotocopias (al estilo cuadernos de Centeno) y la ´delación premiada´ de la actual diputada Mabel Balconte, ex ladera de Milagro. Balconte está sospechada de colaborar con la justicia para beneficiar a sus dos hijos, quienes estando imputados en esta causa junto con ella, obtuvieron la absolución por el beneficio de la duda ante la falta de pruebas contundentes. Ambos “confesaron” en este juicio haber sido obligados a cobrar cheques de la construcción de viviendas para Sala.

El gobierno de Morales, como a nivel nacional, ha intentado valerse de la prisión preventiva y la delación como instrumento para imponer su propia orientación a una justicia ya cargada de vicios. El mecanismo es impulsado por el Departamento de Estado Norteamericano y recientemente fue adoptado por el fiscal Sergio Moro en Brasil y el juez Claudio Bonadio en Argentina: prisión preventiva y oferta de libertad a cambio de delatar a un superior. Bajo este mecanismo se ha “avanzado” en todas las denuncias contra Sala, lo que demuestra su arbitrariedad, ya que las denuncias rara vez pueden ser acompañadas por evidencia material y siempre están empañadas por el beneficio de la libertad del imputado, lo que convierte las decisiones judiciales casi siempre en aprietes o directamente persecuciones políticas (no solo contra Sala, sino contra todo el movimiento popular).

Una justicia al servicio de los intereses del gobierno

El sistema de obra pública a través de cooperativas de trabajo que no pagaban el convenio colectivo de trabajo de la rama y costaban un 30% menos que una obra licitada a contratistas privados, fue un régimen de negreo laboral y de ahorro de costos para retornos, promovido desde el propio poder político en la época kirchnerista. Ni Macri ni Morales han desarmado completamente este montaje fraudulento y súper-explotador. Por eso, todos los responsables políticos han sido desplazados del banquillo de los acusados, en una manifiesta maniobra de rescate, tanto de peronistas como radicales. Sólo han sido condenadas dos figuras secundarias: Lucio Abregú, ex titular del Instituto de la vivienda (IVUJ), y el vocal del IVUJ, Pablo Tolosa Perea, ambos con una pena excarcelable.

La justicia pidió además el desafuero inmediato de la diputada Mabel Balconte y de la concejal por San Pedro Marcia Sagardia. Ambas asumieron sus bancas como miembros del Frente Unidos y Organizados (FUyO) y viraron al oficialismo de Cambia Jujuy, delación mediante. A pesar de estar imputadas junto a Sala, el oficialismo congeló el primer pedido de desafuero y probablemente también cajoneará este, en nombre de que la sentencia todavía puede ser apelada y no está en firme.

Estamos frente a un fallo que debe ser impugnado por la población por la manipulación política que encierra. La tutela de Morales sobre el aparato judicial sólo sirve para rescatar a todo el personal político de este régimen descompuesto y para establecer un ariete judicial contra los que realmente enfrentamos y reclamamos contra el ajuste y la represión de este gobierno. Morales se vale hoy de buena parte de la estructura punteril y semi-mafiosa montada por Sala para seguir estableciendo el sometimiento popular que ésta garantizaba. La tarea de acabar con todo este régimen de impunidad sigue pendiente y sólo puede ser encarada con la denuncia consecuente de este tipo de manipulaciones judiciales y la organización política independiente de la clase obrera y los explotados.

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