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12 de febrero de 2019

Morales usa la legislatura como una escribanía de Casa de Gobierno

Sobre el cobro de la salud a extranjeros y la crisis por el cerro 7 Colores

El Ejecutivo provincial decidió convocar una sesión extraordinaria el pasado 6 de febrero para tratar dos temas: la expropiación del Cerro 7 Colores y el Paseo de los Colorados; y el cobro a los extranjeros no residentes por el acceso a atención sanitaria.

Una expropiación parida por la crisis

A raíz del cierre de un acceso al cerro y del anuncio del artista (vinculado al gobierno radical) “Memo” Vilte de que había comprado la propiedad y pensaba construir un anfiteatro, se desató una crisis en la propia comunidad de Purmamarca, donde rápidamente estalló el repudio popular. Esto obligó al gobierno a tener que tomar la decisión de “expropiar” el cerro (en realidad son 150 hectáreas de una zona que bordea el propio Cerro, junto al Camino de los Colorados, lugar que eligió el propio gobernador Gerardo Morales para su ritual de casamiento indígena).

Desde ya, no desconocemos los manejos, especulaciones y negociados de sectores vinculados de alguna forma al gobierno que se montaron alrededor de esta maniobra, como los boletos de compraventa y el pedido de sucesión en octubre de 2018.

En nuestra intervención, defendimos el acceso público y universal al Cerro, y al mismo tiempo señalamos que las declaraciones de utilidad pública y las expropiaciones son medidas ajenas a este gobierno, y por ende el resultado de fuertes crisis, en este caso la medida se produce en medio de un fuerte repudio popular.  La expropiación no cambia la naturaleza del Estado, pero refleja el cuadro de crisis excepcional que estamos transitando.

Cobro a extranjeros: una medida improvisada y reaccionaria

A raíz del lamentable cobro por la atención médica a un jujeño en Bolivia, el gobernador volvió a usar este pretexto para desempolvar el proyecto de cobro a extranjeros por atención pública, paralizado durante todo 2018 en la legislatura.

En vez de rechazar enfáticamente los criterios privatistas de la atención sanitaria en el vecino país, el Morales argentino los utilizó para justificar una nueva intentona privatista del sistema de salud publico jujeño, aplicando la conocida ley del Talión: “Ojo por ojo, diente por diente”.

Pero no sólo desperdició la oportunidad para correr por izquierda a un autoproclamado “nacional y popular”. A través de una carta abierta, Gerardo acusó a Evo de transgredir y vulnerar su propia Constitución Nacional para buscar la re reelección y le recriminó su justo reclamo contra la ilegal prisión domiciliaria de Milagro Sala. A la luz de esto es claro que al gobernador poco le importa la situación sufrida por su coprovinciano accidentado, solo explota el hecho en función de cálculos políticos y para demostrar su adhesión desembozada a las políticas derechistas, privatistas y entreguistas, de tipo macrista y bolsonarista e impulsadas por el FMI y el imperialismo yanqui.

El gobierno quiso impulsar esta medida en 2018, que finalmente quedó paralizada en la legislatura porque era improvisada e inconstitucional. En su momento denunciamos que era la punta de lanza de un proceso de vaciamiento y posterior privatización de la salud. El tiempo nos dio la razón: durante el 2018, la legislatura trató y aprobó el proyecto de ley de recupero de prestaciones, de participación privada en la salud pública, vino el ministro de salud de Nación a presentar la CUS (Cobertura Universal de Salud) que brinda una cobertura mínima de prestaciones en el hospital y el resto hay que abonarlas, y finalizó con el planteo del propio ministro de Salud de la provincia planteando la necesidad de ir hacia un cobro de un coseguro para todos los habitantes que cubra las prestaciones que no incluye la CUS.

En la intervención del propio oficialismo quedó claro que la atención a extranjeros no residentes en la provincia no influye ni tiene incidencia en el presupuesto de salud: en 2018 representó menos del 4% del presupuesto bajo todo concepto, atención, tratamiento, intervenciones quirúrgicas, etc. El gobierno de Jujuy sostiene esta ley como una estrategia extorsiva para obligar al Estado Boliviano a llegar a un acuerdo de reciprocidad en los términos que quiere Morales, Gerardo.

El PJ, “Pour la gallerie”

El PJ votó en contra de las dos medidas, a sabiendas que el oficialismo sólo necesitaba de sus propios votos. En los ´90, fue el propio peronismo jujeño quien desde el gobierno impulsó una ley de cobro a extranjeros por acceso al sistema de salud pública, pretendía de esta manera usar a los extranjeros como chivo expiatorio para tapar la monumental crisis política y económica que había generado, y que años más tarde costó el desfile de gobernadores volteados por las movilizaciones del jujeñazo. Tampoco abrieron la boca con el decreto firmado por el chubutense Mariano Arcioni, un socio político del peronismo, como tampoco todas las declaraciones de ´presidenciables´ peronistas como Miguel Pichetto en favor de cobrarle la educación a extranjeros y deportarlos.

Defendamos la salud pública de esta avanzada privatista

Esta avanzada reaccionaria tiene que ser rechazada por el conjunto de la población, y contraponer el planteo de defensa de la atención pública, universal y de calidad; y cruzar la frontera con este mismo reclamo.

La salida al vaciamiento de la salud pasa por la intervención activa de los trabajadores de la salud, acompañados por el resto de la población, para poner en sus manos los resortes y mecanismos que garanticen una atención pública, que discuta el pase a planta permanente de todos, la triplicación del presupuesto de salud, la apertura de los libros para exponer los acuerdos que tiene el gobierno con las clínicas privadas para atender los casos de alta complejidad (el sector más “rentable” de la atención sanitaria), y privilegiar una política activa de prevención de enfermedades.

 

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