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18 de febrero de 2019

Nuevas armas del gobierno en su guerra contra las personas con discapacidad

La semana pasada comenzaron a llegar las primeras intimaciones a beneficiarios de pensiones por invalidez para que actualicen sus datos médicos a través de un nuevo sistema digital. Según las cartas documento de la Agencia Nacional de Discapacidad, tienen un plazo de 60 días, tras el cual el organismo queda habilitado para suspender la prestación.

Como la mayoría de los hospitales públicos no cuentan con insumos y médicos capacitados para realizar el mentado Certificado Médico Oficial (CMO), y cuando muchísimos beneficiarios cuentan con problemas de movilidad, se prepara una nueva baja masiva de pensiones.

Las cartas documento forman parte del anunciado plan gubernamental de “renovación” de certificados y datos, con el propósito expreso de avanzar en una “depuración” de los beneficiarios. En este marco, el nuevo CMO coloca nuevas presiones para que los profesionales no firmen certificados de discapacidad.

El gobierno suma así una nueva arma al arsenal que ha dispuesto para ajustar la cantidad de las prestaciones, incluso cuando estas tienen un estipendio miserable de 7.200 pesos. En septiembre del año pasado, lanzó una disposición instando a los pensionados a presentarse en la Anses y comprobar que cumplían un cúmulo de requisitos –incapacidad laboral del 76%, carecer de bienes y recursos para la subsistencia, no contar con cónyuges con prestaciones ni familiar alguno que los alimente. Basándose en esas premisas miserables, el gobierno señala ahora que encontró más de 10 mil casos de incompatibilidades (ídem).

El ajuste en el área es brutal. Un artículo de Página 12 del 12 de febrero releva que, tras la repudiada “suspensión preventiva” de 170 mil pensiones en 2016 y 2017 con el supuesto fin de revisar los contratos, solo se restituyeron 43.150, pese a la orden judicial en ese sentido. A esas 127 mil pensiones eliminadas se suman 51 mil que ya debería haber otorgado y mantiene cajoneadas.

El macrismo alega que busca “agilizar y transparentar” el sistema, cuando en verdad coloca todo tipo de trabas en el proceso con el fin de desguarnecer a las personas con discapacidad. El cierre de casi 70 oficinas de atención al público y la destrucción de los equipos asistenciales en los barrios y comunidades han llevado a la caída abrupta de las solicitudes, mientras que el cajoneo alcanza cifras históricas. En las movilizaciones contra estos ajustes, se han denunciado cuantiosos casos de personas que murieron esperando el otorgamiento. En los que se respondieron, aumentaron los rechazos: pasaron de un 10,4% en 2017 a un 21,6% en 2018.

Al incendio se suma la creciente superexplotación de los prestadores terapéuticos, tanto a nivel salarial como en cuanto a condiciones de trabajo y de cobro.

Bajo mando del FMI, el gobierno procura avanzar contra los sectores más desprotegidos. Un programa que se oponga a esta política supone el acceso irrestricto y el aumento del monto de las pensiones por invalidez; la satisfacción estatal de todas las necesidades terapéuticas y de traslado; el aumento salarial y el fin de la flexibilización de los prestadores. Y para llevarlo adelante, el control de los organismos del área por parte de beneficiarios y trabajadores.

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