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31 de marzo de 2005 | #893

Un abismo separa a Romero del pueblo

Declaración del PO de Salta
Por Corresponsal
Partido Obrero de Salta
Los diputados del PO estaremos junto a los miles de manifestantes docentes, padres y trabajadores que con su reclamo de aumento al básico y contra el trabajo en negro marcan el abismo que existe entre la política del régimen romerista y la mayoría del pueblo. Romero reunirá a su mayoría automática y a la oposición cómplice para que escuchen "a modo de comparsa" la ratificación de una política fracasada.
 
El gobernador siempre ha hecho gala de que Salta es una provincia ordenada y que, además, sus últimos presupuestos no tienen déficit sino incluso superávit. Lo que nunca explicó es que en una provincia donde más del 60% de la población vive bajo el nivel de pobreza, donde 4 de cada 10 niños que asisten a la EGB viven en la indigencia, con trabajadores estatales con sus salarios congelados por mas de diez años, sólo es posible lograr un superávit confiscando a los trabajadores y el pueblo.
 
Es cierto que la provincia aumentó considerablemente la recaudación en los últimos años, al igual que la Nación, como es cierto también que recibe mayor cantidad de recursos de parte de ésta. Entonces cabe la pregunta. ¿Dónde fueron a parar el superávit y los recursos extra recibidos de la Nación? La respuesta está en la enorme cantidad de subsidios que reciben los grandes capitales de la provincia, sea en forma directa, a través de créditos fiscales, o indirecta, por la posibilidad de licuar deudas con títulos públicos. A estos subsidios hay que sumarles los varios millones que vienen recibiendo las empresas privatizadas, Aguas de Salta, Edesa y Aunor, y que en el caso de las dos primeras fueron habilitadas a aumentar las tarifas a partir de las recientes renegociaciones de los contratos. Entonces, si los grandes empresarios no pagan impuestos por los créditos fiscales que reciben o porque los cancelan con títulos públicos comprados al 40% de lo que valen nominalmente, ¿de dónde sale la mayor recaudación? De los trabajadores que sí pagan impuestos y que, además, sufren el aumento de los precios que incrementa la recaudación por parte de la Nación.
 
Así es; Romero ha sostenido los negocios del turismo, la obra pública adjudicada a un pequeño grupo de contratistas del Estado y las ganancias de las privatizadas y los sectores exportadores sobre las espaldas de los trabajadores. Para esto fue a fondo en la precarización del trabajo. Sostiene el funcionamiento del Estado, incluidos hospitales y escuelas, con cientos de beneficiarios de los planes sociales. Ha debutado con el despido de 5.000 trabajadores, con la lógica consecuencia de mayor explotación para los que tuvieron la “suerte” de conservar el empleo. A estos últimos les quitó el pago por antigüedad por título, les paga un 20% del salario con tickets que no aportan a la obra social provincial ni a la jubilación, al igual que otros montos en negro otorgados en el último año y medio.
 
Hoy los trabajadores de la educación han puesto en cuestión esta política con una enorme huelga que ya lleva casi un mes y protagonizando masivas movilizaciones, las más grandes en los últimos 15 años. El reclamo: 750 pesos de básico. El reclamo del conjunto de los trabajadores, el que defiende el trabajo genuino y la futura jubilación.
 
Para ellos Romero dice no tener plata. Chantajea con que se dejaría de dar de comer a los niños o se paralizaría la obra pública. Dijo que si accede al reclamo quebraría la provincia. ¿Se referirá a esta provincia que tiene una deuda pública de más de 1.400 millones de pesos que ha comprometido quince años de regalías hidrocarburíferas y el 15% de la coparticipación? ¿Se referirá a ésta, que hasta ha regalado sus mejores tierras, como los lotes 32 y 33, para beneficiar a los exportadores de soja? Sí, se refiere a esta provincia, que es la misma donde los exportadores vendieron sus productos el año pasado por una suma cercana a los 1.500 millones de pesos, más que el presupuesto provincial para este año. La misma que cuenta con la segunda reserva gasífera del país, manejada en su mayoría por las mismas compañías que importan gas de Bolivia.
 
También es la misma provincia donde los hospitales no cuentan ni con el material ni con los profesionales y trabajadores suficientes para atender la demanda. Donde, a partir de la implementación del Seguro Provincial de Salud, la situación se agravará ya que habrá una transferencia de recursos hacia el sistema de medicina privada.
 
Romero ha sostenido esta política sobre la base de una mayoría inflada en la Legislatura, mantener un régimen electoral que deforma la representación. También lo ha hecho sobre la base de un poder judicial adicto y sobre la sistemática represión y persecución de los trabajadores que salen a la calle a luchar. No podemos olvidarnos también de las burocracias oficialistas, como la de Ramos o Choque, que se han esforzado siempre en paralizar y traicionar la lucha de los trabajadores.
 
¿Qué va a decir el gobernador el 1 de abril ante la Asamblea Legislativa? Pondrá nuevamente como su caballito de batalla los 180 días de clase, que el año pasado no pudo cumplir porque debió terminar antes las clases en el norte por la falta de agua, porque adelantó el cierre del ciclo en la escuela Zorrilla, a dos cuadras de la remodelada plaza 9 de Julio, porque se le caía el techo, porque adelantó el cierre también por temor a que la lucha de los docentes de Orán se extendiera a toda la provincia. Este año ya tiene un mes de huelga, a pesar de que aprieta a los docentes para que levanten el paro. Con todo esto, Romero no debería hacer otra cosa que reconocer su fracaso. Pero no lo hará, porque entre la realidad que ve el gobernador y la que soportan a diario los trabajadores hay un abismo.
 
El Partido Obrero, que ha enfrentado esta política antipopular de Romero, explicando que, además de lo que la provincia recauda y recibe de la Nación, hay que colocar un impuesto extraordinario a las grandes ganancias de las petroleras, las privatizadas, los grandes empresarios del turismo y los grandes exportadores para garantizar el básico de 750 pesos para los trabajadores estatales, planteo que realizó a través de proyectos de ley; que la ha enfrentado denunciando la política de precarización laboral, denunciando el tarifazo y el negociado del agua, planteando un proyecto de Salud Pública que se contrapone a la política privatista del gobierno, y que denuncia todos y cada uno de los hechos represivos, no se hará presente en la Asamblea Legislativa y sí lo estará en la enorme movilización popular que realizarán los docentes y el pueblo de Salta.
 

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