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28 de marzo de 2019 | #1542

Espiral explosivo: inflación, dólar y pobreza

Al cierre de estas líneas, el dólar tocaba los 45 pesos, a pesar de que las tasas de interés regresaron al 67% para las Leliq, que operan como tasa de referencia. El nuevo acuerdo con el FMI para vender hasta 60 millones de dólares diarios a partir del 15 de abril no calmó las aguas. Es que existe la friolera de 50 mil millones de dólares entre depósitos a plazo fijo y a la vista en pesos que podrían “cambiar de cartera” a la moneda norteamericana ante la incertidumbre económica y electoral, íntimamente asociadas una a la otra. Por otro lado, el capital agrario librado a su arbitrio, está reteniendo la cosecha a la espera de más suba, algo que anticipó la queja de la vieja Mesa de Enlace. Existe también una parte del capital industrial que pretende un dólar de 50 pesos. Hasta esa cifra, el Central no puede vender porque ése es hoy el techo de la banda pactada con el FMI.

Una ola de devaluaciones en los mercados emergentes como consecuencia del agravamiento mundial de las tendencias recesivas impacta de manera explosiva en la Argentina. Los depósitos en dólares son de 30 mil millones de dólares, mientras las reservas líquidas no llegan a esa suma, sin contar el potencial de pase de pesos a dólares que señalamos más arriba. Los 9.600 millones de dólares habilitados por el FMI para afrontar una posible corrida resultan a la vista insuficientes, lo que ha llevado al fracaso el plan “llegar”, que pretendía bajar progresivamente las tasas de interés para movilizar en parte una economía paralizada cuando se acercan vertiginosamente los plazos electorales. Por eso, al riesgo Cristina se ha sumado el riesgo Macri y la suma de los dos arroja 750 puntos, lo que hace al endeudamiento argentino uno de los más caros del mundo.

El propio Banco Nación apeló en estos días a un préstamo de emergencia de la Anses para munirse de fondos. La quiebra nacional se extiende a todos los pliegues del Estado y del capital, porque se incrementan todos los días no sólo los recursos preventivos de crisis sino también las convocatorias de acreedores de reputadas empresas y grupos económicos. En otra punta, los bancos registran ganancias siderales, como la de 5.300 millones de dólares del Banco Macro en el primer trimestre. Al punto tal que Clarín reveló que Sandleris, el presidente del Central, le pidió en reunión reservada a los banqueros que oculten sus fabulosas ganancias. Estos le contestaron con una preocupación: si se presentan los ahorristas a buscar los plazos fijos no tenemos pesos sino bonos Leliq, lo que en criollo se llama crisis bancaria.

La espiral del dólar acompaña la espiral inflacionaria que superará el 10% en el primer trimestre, y se sabe, el aumento del dólar va a los combustibles (ya se prevé 2,8% de incremento) y a las tarifas (el gas trepará 35%).

La tentativa macrista se hunde irremediablemente. Y con ella la condición de vida de las masas. La pobreza ha saltado al 32% y abarca no sólo a millones de desocupados sino a millones de asalariados y jubilados. En vistas de este cuadro, un sector de la clase capitalista conspira para armar un giro con vistas a las elecciones: renegociar la deuda, el plan de ajuste del FMI y redistribuir subsidios para rescatar de la quiebra al propio capital. Pero la deuda pública asciende al 86% del PBI sin contar la deuda del Central y la de las provincias, con las cuales llega holgadamente al 100%. Las salidas políticas y económicas chocarán con obstáculos insalvables, pasarán por crisis y convulsiones.

El Frente de Izquierda tiene que desenvolver, en el terreno de la lucha de clases y de las elecciones en presencia, un programa de los trabajadores de salida a la crisis basado en la ruptura con el FMI, la investigación y repudio de la deuda, la nacionalización de la banca y los recursos energéticos y estratégicos, el monopolio estatal del comercio exterior, impuestos progresivos a las grandes rentas y fortunas, y la reposición de aportes patronales a la Anses, la nacionalización de los puertos, la apertura de libros de todas las empresas involucradas en la corrupción, el control obrero de la producción, el reparto de horas disponibles entre todos los trabajadores sin afectar el salario, y remuneraciones y jubilaciones mínimas equivalentes a las respectivas canastas familiares.

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