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17 de abril de 2019

4,7% de inflación, otra confiscación contra el pueblo

El anuncio de que la inflación de marzo alcanzó el 4,7% ha significado otro baldón de tierra sobre el programa económico oficial y, de conjunto, sobre las expectativas políticas del macrismo. La inflación de abril, por su parte, ya se anticipa cercana al 4%, y el primer cuatrimestre del año terminaría sumando un 15%. Los aumentos en los alimentos –que conforman el núcleo de los gastos de las familias trabajadoras– alcanzaron en el mes subas que van del 6 al 9% en productos lácteos, yerba mate, huevos y otros artículos esenciales. En un año, este rubro crucial trepó sus precios en un 64%. La pretensión de una “desaceleración” para los próximos meses viene desmentida, por ejemplo, con los aumentos programados en la tarifa del gas, que acumularán tres subas sucesivas entre abril y junio hasta llegar al 29%.

Como ninguna otra cuestión, la inflación retrata a la confiscación social que se ha operado durante estos ocho meses de desbarranque macrista. Los alimentos cargan con todo el peso de la megadevaluación de mediados del año pasado, que sus monopolios de acopio o comercialización han transferido a los precios. A su turno, las tarifas, también dolarizadas, han trasladado esa devaluación a los usuarios, junto a los aumentos ya programados desde el megatarifazo de 2016. De este modo, los trabajadores ocupados y desocupados han debido cargar con la indexación en el precio de sus consumos elementales, pero no de sus salarios o planes sociales.

Indexación empresarial, desindexación popular

Muy diferente es la condición de los capitalistas agrarios o industriales –que dolarizaron sus precios– o de los fondos especulativos. Para aquellos que decidieron retirarse del país apenas se inició la devaluación, el gobierno les financió la fuga de capitales con los fondos del Banco Central y luego, con los dólares prestados por el FMI, que engrosaron la deuda externa. A aquellos que se quedaron especulando en el sistema financiero local –y que sufrieron pérdidas cuantiosas con la segunda devaluación– el gobierno los premia ahora con una gran operación especulativa montada desde el Banco Central, a través de intereses usurarios que han agravado la bancarrota industrial. La precaria estabilidad cambiaria que sostiene a esta especulación es “garantizada” por el FMI, y sus nuevas remesas de préstamos. Si este esquema se viene abajo, y como ha ocurrido en bancarrotas anteriores, el Fondo Monetario financiará una fuga de capitales que luego le será endosada a todo el pueblo trabajador bajo la forma de deuda externa. Con este fin, el gobierno congeló en $51 hasta fin de año la banda de flotación del dólar.

Mientras el laburante pierde todos los meses 4 o 5 puntos de su salario ¡el capital financiero recibe intereses del 60% anual cuando le presta a un Banco Central quebrado!

La inflación, en suma, es un intento de rescate de los beneficios empresarios –de los monopolios alimentarios, industriales, de los pulpos energéticos y del capital financiero– en medio de la crisis capitalista. Los recursos de ese rescate les son arrancados al trabajador y al jubilado, que no goza de la indexación de sus ingresos.

Ante la escalada de precios, los economistas del régimen alertan ahora sobre la “inflación inercial”, un eufemismo para alertar sobre los aumentos de las próximas paritarias. La burocracia de la CGT parece sumarse a este temor, cuando refuerza su parálisis en medio de este despojo. Pero para terminar con la “inercia inflacionaria”, es necesario un programa de ataque a la indexación capitalista: anulación de los tarifazos y desdolarización de las tarifas; apertura de los libros y control obrero de los grandes pulpos alimentarios y agroindustriales; nacionalización de la banca y el comercio exterior, para terminar con los superbeneficios de los especuladores y devaluadores. Hay que romper con el FMI y repudiar la deuda. Del otro lado, tenemos planteada una lucha por la recuperación del salario devorado por la inflación del 2018, y la indexación mensual de salarios, planes sociales, el 82% móvil para los jubilados y un aumento de emergencia que eleve la mínima de los pasivos a la actual canasta básica.

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