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25 de abril de 2019

La aspirina de Vidal

La gobernadora Vidal anunció su paquete de “respuestas concretas a una situación difícil, para llevar tranquilidad al bolsillo de los bonaerenses”. Para desmentirlo, basta observar el hecho de que, el mismo día, los peajes en las rutas más importantes de la Provincia aumentaron un 30%, profundizando la orientación del gobierno que descarga diariamente la factura de esa “situación difícil” sobre el “bolsillo de los bonaerenses” trabajadores.

El paquete llega luego de las medidas anunciadas por el gobierno nacional tras el pico de inflación de marzo, que presenta como un control de precios lo que es una cristalización del descontrol inflacionario, en particular, en los productos de primera necesidad como alimentos.

Vidal anunció la continuidad de los dos “supermiércoles” mensuales del Banco Provincia, en los que los clientes del banco tienen descuentos del 50% en los productos dentro de la nómina de Precios Cuidados, pero con un tope mensual de $2.000. A toda vista es limitado, teniendo en cuenta la pauperización de los salarios que ejecuta el propio gobierno contra estatales y docentes (los clientes del BaPro).

A su vez, agregó que enviará a la Legislatura su propio proyecto de “Ley de Góndolas”. El proyecto consistiría en fijar que los grandes supermercados deban ofrecer cuatro marcas por producto, y que una misma marca no pueda ocupar más del 30% de la góndola. Basta tener en cuenta que la ley es casi un calco de la presentada en el Congreso por Víctor Fera, el dueño de Maxiconsumo, Marolio y otras empresas, para demostrar que ello no beneficiará en nada a los consumidores. Que el proyecto de Vidal coincida con el presentado por el compañero de ruta de Grabois muestra el conservadurismo con el que los “antimacristas” pretenden paliar la crisis, siempre subordinando a los trabajadores detrás de intereses patronales.

El gobierno provincial también estableció un tope a los incrementos en las cuotas que pagan los deudores de créditos hipotecarios UVA del BaPro, para que no superen el 30% del salario, un límite bastante escaso frente a la confiscación que están sufriendo esas miles de familias que tomaron créditos para obtener una vivienda y sufrieron un aumento de la cuota del 50% durante el último año.

La publicitada suspensión de los aumentos en la tarifa de electricidad es directamente una impostura, porque consagra el tarifazo de febrero y abril que significó subas de un 40% en el Conurbano y de 28% en el resto de la provincia. Por otro lado, es un anuncio de que vendrán fuertes tarifazos post electorales.

Con las PyMES el gobierno es un poco más generoso. Implementará una moratoria para deudas laborales no judicializadas con el Ministerio de Trabajo, que consiste en condonar el 100% de los intereses y un plan de pagos de hasta 60 meses.

De conjunto, el paquete con el que Vidal pretende “aliviar” el descontento popular no significará alivio alguno para los trabajadores. Los mismos capitalistas que impulsan el Plan V, para que sea la gobernadora la candidata a presidente, desconfían de que este tipo de medidas puedan salvar del naufragio al gobierno Macri, como se verifica en la corrida cambiaria de estas horas, la disparada del riesgo país y el derrumbe de las cotizaciones de las empresas argentinas en el exterior. Digamos de paso que las coincidencias de algunas de estas medidas con las planteadas por las distintas variantes del peronismo deben servir para clarificar el contenido patronal del recambio electoral para el que se postulan desde Cristina Kirchner a Lavagna.

Más que nunca, el Frente de Izquierda tiene la oportunidad de impulsar una campaña política para trazar una perspectiva: que la crisis la paguen los capitalistas, por una salida de los trabajadores y la izquierda.

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